Los Ángeles gasta millones en pagos relacionados con la brutalidad policial

Luego de aprobar acuerdos extrajudiciales con las familias de tres hombres que murieron baleados por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAUSD), la ciudad deberá pagar 8.15 millones.

Sin embargo, de acuerdo a diferentes activistas, Los Ángeles seguirá teniendo que pagar aún más dinero en demandas y acuerdos si sigue contratando agentes racistas y prejuiciados.

Uno de los casos que recientemente llegó a un acuerdo extra judicial de 4 millones de dólares, fue el de Brendon Glenn, un indigente que fue baleado el 5 de mayo del 2015 a pesar de estar desarmado.

El agente que le disparó a Glenn, Clifford Proctor, afirmó que pensó que la víctima quería arrebatarle a su pareja una pistola, por lo que reaccionó descargando su arma. No obstante en abril, la Comisión de Policía encontró que los disparos fueron injustificados.

Por su parte, Charlie Beck, jefe del LAPD recomendó a la procuraduría levantarle cargos a Proctor, pero esto aun no ha ocurrido.

Gil Brown, activista de Black Lives Matter, sostiene que aunque los acuerdos extra judiciales parecen hacer justicia a las víctimas, la ciudad “gasta millones por invertir en agentes que usan la brutalidad policial”.

“Si la ciudad continúa invirtiendo en esa gente y no entrena bien a los que ya están dentro de la policía, el gasto va a continuar. Lo cierto es que ninguna familia por mucho que le paguen, va a poder reemplazar a su ser querido. La ciudad podría estar utilizando ese dinero en servicios sociales”, dice Brown.

Otro caso en el que la ciudad llegó a un acuerdo fue el de Reginald Doucet Jr., quien estaba desarmado y casi desnudo cuando fue baleado por un agente en Playa Vista en el 2011.

El ex modelo de 25 años de edad, se involucró en una disputa con un taxista que lo llevó a su casa. Las autoridades lo convencieron de ponerse algunas prendas, pero este corrió.

Cuando los agentes lo detuvieron, presuntamente este empezó a pegarles en la cara por lo que fue baleado cuando intentó tomar el arma de uno de los agentes.

La familia de Doucet recibirá 1.6 millones de dólares.

El tercer caso en el que se llegó a un acuerdo fue el Sergio Nava, quien murió el 5 de marzo tras ser baleado después de darse a fuga al ser detenido por no obedecer una señal de alto. La familia de Nava recibirá 2.5 millones de dólares.

A juicio de David Galindo, miembro de la Red para Detener la Encarcelación, los acuerdos extra judiciales son la consecuencia de no responsabilizar a los agentes por sus actos.

“Son muy pocos los agentes que llegan a la prisión por matar a alguien desarmado, por la espalda, sin provocación alguna… ellos están acostumbrados a que los defiendan, por eso abusan”, dice Galindo.

“Pero tanto la ciudad como la policía y los agentes del Sheriff deben estar seguros que la comunidad ya se dio cuenta de esta forma de actuar y de que vamos a seguir forzando esos cambios”, dijo el activista.

Recientemente la Comisión Policial votó a favor de modificar la forma en la que revisan estos incidentes incluyendo el entrenamiento de policías para limitar los enfrentamientos y la publicación más rápida de cada caso.