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COLUMNA: La casa que compré por $130,000 en 1983 vale ahora una fortuna, y eso es un gran problema

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Por mera curiosidad, busqué el valor de una casa de dos plantas que había comprado en un barrio de clase media en San José, en 1983, por cerca de $130,000.

La propiedad -que vendí por cerca de $140,000 en 1985- ahora tenía un precio estimado de $1 millón de dólares o más, según las ventas recientes del mismo vecindario.

Se trata de casi ocho veces más de lo que pagué por ella. Pero en los 34 años transcurridos desde entonces, el ingreso medio de una familia en California aumentó aproximadamente tres veces, no ocho.

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Casa común, precio exorbitante

Entonces, ¿por qué se registra un aumento de ocho veces en el precio de una casa bonita pero común, de tres dormitorios y dos baños? Debido a la explosión de la economía del Silicon Valley, y porque no hay suficientes viviendas allí y en otros centros laborales de California. La oferta limitada y la fuerte demanda equivalen a precios exorbitantes, largos viajes en auto desde zonas menos costosas, amplias porciones de los ingresos destinadas únicamente a la vivienda y tasas de pobreza que lideran el ranking nacional.

Cómo solucionar todo esto no se puede cubrir en un pequeño rincón del periódico. La respuesta breve, sin embargo, sería ‘construyendo más viviendas’.

Pero la burocracia, la escasez de tierras y los costos de construcción, el financiamiento limitado para hogares asequibles y las restricciones ambientales bien intencionadas impiden que se construyan nuevos proyectos. Y también lo hacen las personas en todo el estado que están a favor de las nuevas viviendas, a menos que ello ocurra en su vecindario.

No es que desee ver el tamaño o la personalidad de los vecindarios radicalmente transformados por el exceso de viviendas de alta densidad en cada espacio disponible. Pero la población no disminuye, y hay sitios para crear desarrollos razonables.

“Necesitamos permitir la construcción de más viviendas cerca de los empleos y del tránsito”, afirmó Brian Hanlon, de Oakland, quien comenzó a contradecir a NIMBY con su organización sin fines de lucro, llamada YIMBY (siglas de ‘Yes In My Back Yard’, o Sí en mi patio trasero).

Sin ese tipo de desarrollos, expuso Hanlon, la desigualdad racial y económica y la segregación aumentarán, mientras que las personas que deban transportarse desde sitios más lejanos pagarán el precio por ellos, por sus familias y el entorno. Sin embargo, mucha gente prefiere no escuchar esto.

Una comunidad afluente que lucha contra las viviendas asequibles

En el condado de Marin, una de las partes más ricas del estado, los residentes se han opuesto y han impedido nuevos desarrollos, y la legislación -criticada por los defensores de las viviendas asequibles- permitiría a ciertas partes del condado seguir restringiendo el tamaño de nuevas construcciones.

En Redondo Beach, los funcionarios de la ciudad respondieron a las quejas de los residentes sobre la densidad y limitaron un desarrollo residencial comercial, que pasó de 180 apartamentos -nueve reservados para familias pobres- a 115, ninguno de ellos para personas de bajos ingresos. El constructor presentó una demanda, pero el alcalde Bill Brand se mantiene firme. “Redondo no tiene escasez de viviendas”, le dijo al Daily Breeze, lo cual es fácil de decir, supongo, cuando uno está tranquilo.

Brand señaló que el verdadero problema es que su comunidad de playa tiene una crisis de tránsito, ocasionalmente sufre inconvenientes con el suministro de agua y podría terminar con un grave problema de superpoblación escolar si hubiera más desarrollos residenciales.

En Carlsbad, los residentes han acudido a los tribunales para impedir la aprobación de un proyecto de 90 apartamentos asequibles. Cerca de allí, en Encinitas, la única ciudad del condado de San Diego sin un plan de vivienda requerido por el estado para todos los niveles de ingresos, los residentes rechazaron una solución propuesta el otoño pasado y la comunidad ahora se enfrenta a múltiples demandas por parte de los defensores de la vivienda.

La alcaldesa de Encinitas, Catherine Blakespear, consideró la situación como “un ojo morado y una responsabilidad para la ciudad”, pero piensa con optimismo que un grupo de trabajo finalizará un plan de zonificación este mismo año.

En La Cañada Flintridge, el excomisionado de vivienda Herand Der Sarkissian, le dijo a mi colega Liam Dillon -en su exposición sobre el medio siglo de fracasos estatales en el cumplimiento de los requisitos de construcción de viviendas- que es fiscalmente irresponsable para California forzar la creación de viviendas asequibles en comunidades como esas, donde los costos de la tierra son elevados.

“A la gente le gustan las personas de su misma tribu”, resaltó Der Sarkissian. “Creo que el intento de cambiarlo es ridículo. Así uno sea negro o blanco, las personas quieren estar con quien es como ellas”.

¿En qué década estamos viviendo?

Ese tipo de actitud e intención legislativa han creado comunidades segregadas por décadas, y es por ello que el estado necesita comenzar a aporrear a los funcionarios locales que no cumplen con la ley de vivienda para todos, promulgada en 1967 por un gobernador llamado Ronald Reagan. Quienes se quejan por la pérdida del control de planificación local son los únicos que tienen la culpa.

Retroceso en Boyle Heights

Pero las altaneras comunidades ricas no son las únicas que ponen obstáculos a las nuevas viviendas. En Boyle Heights, unos cuantos vecinos y José Huizar, concejal de la ciudad de L.A., lograron frenar un plan perfectamente razonable para construir 49 unidades de vivienda -la mitad de ellas para personas con problemas mentales- y espacios comerciales.

Y en las afueras de Temple City, en el Valle de San Gabriel, un plan para convertir un motel infestado de delitos en viviendas de apoyo para 169 veteranos, discapacitados y exdesamparados se desmoronó debido a la oposición vecinal y a la falta de tiempo del desarrollador, Mercy Housing, para persuadir a los oponentes y derrotar a otros postores.

Ed Holder, de Mercy, destacó que la demanda de tales proyectos es muy fuerte, y que mucha gente clamará por un lugar en la siguiente fase de un desarrollo de viviendas asequibles en Wilmington. “Estamos a punto de abrir nuestra lista de solicitudes”, informó, “y esperamos miles de solicitantes para 176 hogares familiares”.

¿Podría ayudar la Legislatura?

Esa es una buena instantánea del tamaño del problema, y la razón por la cual varios proyectos de ley de viviendas podrían votarse esta semana en Sacramento. El proyecto de ley del Senado 3 (SB 3) pondría un bono de viviendas de $4,000 millones de dólares en la boleta electoral del año próximo. El SB 2 financiaría viviendas para personas de bajos ingresos y asistencia por alrededor de $250 millones por año, con una tarifa de $75 agregada a los refinanciamientos hipotecarios y algunas transacciones de bienes raíces. El SB 35 estimularía a las ciudades que no cumplan con las metas estatales de producción de viviendas para que relajen sus regulaciones y aceleren el proceso.

Todo ello comenzaría a desvirtuar la crisis de la vivienda, pero la aprobación de estos proyectos no es una garantía, y el SB 2 podría enfrentarse a los mayores problemas porque algunos se refieren a esos $75 dólares como un impuesto temido.

Que cada uno lo llame como quiera, pero si se refinancia, los ahorros del primer mes en el nuevo pago de la hipoteca podrían cubrir la tarifa de $75, y ese dinero ayudaría a construir nuevas viviendas, a impedir que las personas que están al borde del desamparo pierdan sus hogares y ofrecería asistencia para el pago inicial a los compradores de primeras viviendas. “No me voy a rendir”, aseveró la autora del proyecto de ley, la senadora Toni Atkins (D-San Diego) el viernes por la tarde, aunque una legislación similar ya ha fallado en el pasado.

Ganadores y perdedores

Le conté a la legisladora sobre mi antigua casa en Silicon Valley, y cómo el precio se había disparado. Atkins remarcó que está encantada de que el valor de su casa haya subido, pero su buena fortuna como propietaria hace muchos años significa que las casas sean inasequibles para tantos otros.

“Este paquete de proyectos es aún más crítico que el año pasado, o que hace dos o tres años”, resaltó, “porque la situación únicamente ha empeorado”.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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