Las ventas callejeras ya no serán un crimen en California

Hoy Los Angeles

Sep. 18, 2018 3:23 PM PT

LOS ÁNGELES —

Salir a vender tamales o ropa en las calles, ya no es un miedo para Natalia Martínez, sino una oportunidad de establecer su propio negocio algún día, sostiene la vendedora ambulante.

“El temor era que la policía llegara a mi puesto, me multara y hasta me llevara a la cárcel por delito menor… Y no solo eso, que terminara en manos de ‘la migra’…”, dice Martínez, quien se acaba de enterar que ya no hay tales penalidades en California.

El gobernador Jerry Brown firmó un proyecto de ley para despenalizar la venta ambulante en el estado, y exigir a las ciudades que desean regular la industria crear primero un proceso de permisos.

El proyecto de ley SB-946, escrito por el Senador Ricardo Lara (D-Bell Gardens), llega después de que el tema ha estado en los titulares de la ciudad y el Condado de Los Ángeles en los últimos años.

Debido a la presión comunitaria y el activismo de cientos de vendedores, el consejo de Los Ángeles votó en febrero de 2017 para dejar de hacer que la venta callejera sea un delito menor, aunque siguen trabajando en un sistema de permisos para la industria.

Sin embargo, otras grandes ciudades aún penalizaban las ventas.

El efecto en los latinos

Gran parte de la motivación de Lara fue porque muchos vendedores de acera son inmigrantes que están en el país ilegalmente, y una violación criminal podría conducirles a la deportación.

Con esta ley en pie, “podemos comenzar a ver a los vendedores ambulantes por lo que son: mujeres y personas mayores, padres solteros y propietarios de microempresas que dan el primer paso para comenzar su propio negocio”, sostiene Lara.

El senador estatal señala que presentó el proyecto de ley luego de escuchar historias sobre acoso e incluso arresto. Citó un caso en el que una madre fue arrestada en octubre pasado mientras vendía elotes en Rancho Cucamonga.

Posteriormente fue detenida por las autoridades de inmigración, y detenida durante seis meses antes de que un juez ordenara su liberación. Sin embargo, muchas personas no corrieron con la misma suerte y fueron deportadas del país.

Aproximadamente el 80% de unos 50,000 vendedores de Los Ángeles se estima que son mujeres, según Leadership for Urban Renewal Network, uno de más de 60 grupos que respaldaron la legislación.

“Asimismo, aunque hay mucho afroamericano y asiático, la mayoría de los vendedores ambulantes somos latinos e indocumentados que solamente buscamos el pan del día sin hacerle daño a nadie”, agrega Martínez.

Hasta ahora, ocho de las treinta ciudades principales de California todavía no tienen ordenanzas de venta ambulante. Además, de esas treinta, solo Oakland aplicaba sanciones administrativas, en lugar de penales, por vender.

En detalle

La ley requiere que las ciudades creen un proceso de permisos para que los vendedores ambulantes vendan sus productos legalmente.

La medida también prohíbe a las instituciones no gubernamentales, como las empresas de ladrillo y mortero, exigir a los vendedores ambulantes que soliciten su permiso antes de operar.

Además, la ley evita que las ciudades restrinjan el número de permisos otorgados a los vendedores ambulantes, a menos que exista una preocupación por la salud pública o el bienestar, y no puede restringir irrazonablemente a los vendedores a ciertas áreas.

El proyecto que entrará en vigencia el 1 de enero venidero, establece que los vendedores que fueron previamente condenados por vender en las aceras, puedan solicitar al tribunal que borren el historia de infracciones y condenas.

Caridad Vásquez, que ha sido vendedora ambulante durante 15 años, es una de las fundadoras de la Campaña de Venta Ambulante en las Calles de Los Ángeles.

La campaña de base comenzó hace aproximadamente 9 años para impulsar a los legisladores a legalizar la venta ambulante.

“Antes trabajábamos en las sombras, ahora seremos vistos por todos y podremos contribuir a nuestra economía abiertamente”, dice Vásquez, quien vende antojitos en las calles.

Dough Smith, abogado del Consejo Público, una de las organizaciones que apoyó la medida, sostiene que la ley más que todo protege a los inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos de California de las devastadoras consecuencias de la criminalización.

La ley “promueve la venta segura y regulada de acuerdo con las condiciones locales, y abre nuevas oportunidades para los empresarios a través del estado”, dice Smith.

Los vendedores a menudo prefieren congregarse en mayor número para su seguridad, ya que los robos y ataques contra este sector son visibles, entre ellos el caso de Pedro Reyes, quien fue golpeado gravemente.

Otro caso fue el del elotero Benjamín Ramírez, quien fue agredido por segunda vez en un año.

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