Activistas piden a la comunidad que siga luchando por los programas de DACA y DAPA

Este lunes por la noche, la estudiante María Elena Santiago recibió la noticia que no quería escuchar; la extensión de los programas DACA y DAPA quedaban estancadas y también sus sueños de obtener algún permiso para trabajar en este país.

El Quinto Circuito de Apelaciones en Nuevo Orleans, decidió conservar la orden de restricción temporal que le impide al gobierno federal implementar el programa extendido de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) y el programa nuevo de Acción Diferida para responsabilidad de los padres (DAPA).

La noticia llega como un golpe al estomago para millones de indocumentados que se verían beneficiados y para las organizaciones pro inmigrantes que han luchado para hacer estos programas realidad.

“Solo quiero estudiar y obtener un empleo legalmente. Quiero servir a este país, pero se me siguen cerrando las puertas y me siento muy triste”, dijo Santiago, quien llegó a Los Ángeles en el 2009 para estudiar enfermería.

Santiago no está sola, Greisa Martínez, coordinadora de abogacía de United We Dream, un grupo nacional de sonadores, señaló que la decisión no fue sorprendente, no obstante es desilusionante.

“Es una desgracia que los republicanos políticos continúen jugando con la vida de millones de personas”, dijo Martínez en referencia a los cerca de 5 millones de inmigrantes que se verían beneficiados.

“Fue la comunidad inmigrante la que empujó al presidente Barack Obama a actuar el año pasado y ya sea en la corte o en las calles, vamos a continuar luchando hasta que la comunidad entera pueda aplicar por DACA y DAPA”, sostuvo Martínez.

Con el programa DACA ampliado, los inmigrantes que hayan venido antes del 1 de enero del 2010, pueden buscar la residencia de tres años renovable en lugar de dos años pendientes luego de aprobarse su historial criminal y pagar una multa.

Al igual, el DAPA permitiría a los padres inmigrantes elegibles de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, que han estado en el país desde el 1 de enero de 2010, solicitar un permiso de empleo por tres años.

Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana Transnacional, tachó la decisión como una error.

“Estas familias son gente trabajadora, que llegó para contribuir y mejora sus vidas. Los jóvenes solo buscan la oportunidad de estudiar y con esto sacar adelante al país, pero no podemos detenernos ahora. Debemos seguir presionando a los políticos”, dijo Saucedo.

Asimismo, Angela Sanbrano, presidenta de la mesa directiva de Carecen, aseveró que la decisión es agravante.

“Obviamente la decisión se ha politizado porque un fallo justo hubiera apoyado los programas”, indicó Sambrano.

“Barack Obama, quien dio la orden ejecutiva para implementar estos alivios, no está abusando de su poder. Simplemente, cada día que la corte no resuelva este problema, está violando los derechos de la comunidad, creando temor entre las familias e intolerancia hacia la comunidad inmigrante”, sostuvo la activistas.

Sambrano le pidió a la comunidad no desesperarse y buscar ayuda profesional, ya que mucha gente califica para algún tipo de alivio y no lo sabe, agregó.

De igual forma, Marielena Hincapié, directora ejecutiva de National Inmigración Law Center declaró que el poder de la comunidad es más fuerte que las decisiones antiinmigrantes.

“Mientras está claro que nuestra lucha está lejos de terminar, la fuerza de nuestras voces y nuestro voto saldrá triunfante eventualmente”, señaló Hincapié. ”Seguiremos trabajando para asegurarnos que nuestras familias inmigrantes se conserven juntas, tengan acceso a la salud y estén protegidas en el lugar de trabajo, sin miedo a la deportación”, agregó.

Hincapié también urgió al Departamento de Justicia a llevar el caso a la Suprema Corte de inmediato, así también lo hizo el director ejecutivo de Mi Familia Vota, Ben Monterroso.

“El fallo de hoy no es una sorpresa pero sigue siendo una decepción”, dijo Monterroso.

“Es entendible que las comunidades latinas e inmigrantes se sientan frustradas por los continuos retrasos de la corte, pero también comprendemos que los culpables son los políticos conservadores antiinmigrantes”, indicó el activista.

“No podemos controlar a las cortes, pero tendremos una participación en los resultados políticos. Ahora depende de nosotros los votantes elegir a candidatos que respeten a nuestras comunidades y se comprometan a trabajar en nuestros asuntos”, declaró.