ELECCIONES: Latinos: entre el activismo y la imposibilidad de votar

En el día de las elecciones, Ana Mazariegos desmontó antes del medio día la carpa que la protege del sol en la Plaza del Mariachi. Tenía que ir a votar.

Durante diez días sus dos perros la esperaron en un coche, mientras ella invitaba a la comunidad de Boyle Heights a votar por la proposición 10 que pretende regular el incremento de la renta.

Mazariegos pertenece a la Unión de inquilinos, una coalición de organizaciones que trabajan para sacar adelante esta iniciativa que según ella “restablecería el derecho de las comunidades locales a adoptar nuevas leyes de control de la renta” y evitaría que las familias tengan que abandonar sus barrios natales para mudarse a otros más alejados o quedar desamparados y vivir en la calle.

Ella es de Guatemala, llegó con 22 años a California donde solo conocía a una tía. Comenzó a trabajar como niñera con la ilusión de ahorrar dinero para estudiar y cumplir su sueño de viajar a Europa.

A los 31 visitó Italia e Irlanda. A su regreso a Estados Unidos consiguió un empleo en el gobierno. Desencantada por la apatía con la que sus compañeros trataban las necesidades de la comunidad, decidió darle un giro a su vida hacia el activismo.

Mientras recogía los carteles promocionales una vecina del barrio se acercó y le pidió que la orientara en su voto. Con voz pausada Mazariegos le sugirió apoyar la proposición 10 y también la 3, que daría bonos para financiar proyectos que conserven el agua y el medio ambiente.

La vecina le contó que ella antes no votaba, pero este año decidió hacerlo “por los que no pueden” y por la motivación de su hijo, que la esperaba dentro de su carro rojo en la 1 Street y Boyle Ave. Se despidieron y Mazariegos siguió conversando sobre su amiga Sofía Quiñonez, quien también es del barrio y no votara porque considera que los poderes económicos superan a la democracia. “Yo sí creo que unidos se puede, el mejor ejemplo es México con López Obrador”, comenta.

Pasando la calle de la Plaza del Mariachi, Sonia tiene un local donde vende complementos alimenticios y productos de belleza. Es originaria de El Salvador y recuerda la fecha exacta en la que llegó a Estados Unidos, 9 de diciembre de 1980.

En la ventana del negocio hay un anuncio que dice “Si la migra llega a su hogar, trabajo o vecindario en Boyle Heights, llame a la red de respuesta rápida. Usted tiene el derecho de: No abrir la puerta, permanecer callado (a), no firmar nada sin consultar a un abogado, ¡reporte la redada!”. Para ella estas elecciones son muy importantes para la comunidad y le cuesta comprender a la gente que tiene el derecho, pero no lo ejerce.

El 94% de la población de Boyle Heights es latina. Los índices de densidad de población muestran que es uno de los más altos en la ciudad de Los Ángeles y en el condado. Según la estimación del L.A. Department of City Planning del 2018, en esa zona habitan 14,229 personas por milla cuadrada.

La línea dorada del metro conecta Boyles Heights con otros barrios del lado este de Los Ángeles County como Vernon o El Sereno, donde Leticia se tuvo que mudar porque no puede pagar la renta, que excede los mil dólares por mes, en este barrio donde vio crecer a sus hijos.

Aunque no puede votar porque sus documentos no se lo permiten, sus hijos sí. Es originaria de México, llegó hace 35 años y trabaja en una pastoral del barrio.

Para ella estas elecciones determinan el futuro de la gente que quiere y que ha sido maltratada por el gobierno en turno. En estas elecciones Sonia ha donado su tiempo para motivar a la gente a votar, en su mochila lleva guías de votación y viste una camiseta que dice “Joven, educada, despierta y votante”.