Universidades de California buscan conceder préstamos de bajo interés a inmigrantes indocumentados

Los funcionarios de las universidades públicas de California con carreras de cuatro años están intentando convocar a un estimado de 10,000 estudiantes universitarios que podrían calificar para recibir un préstamo especial, destinado a reducir el pago de su matrícula. Este programa define aún más al estado como un pionero a nivel nacional en la prestación de servicios a los inmigrantes indocumentados.

Los préstamos de bajo interés ‘DREAM’, de California, están designados para los estudiantes inmigrantes que están matriculados en la Universidad de California o en algún campus de la Universidad Estatal de California. Aunque el gobernador Jerry Brown convirtió en ley el programa en 2014, el financiamiento no estuvo disponible hasta el mes pasado. Esta fue la última de una serie de medidas que Brown y la legislatura, controlada por los demócratas, han aprobado para ayudar a integrar a los inmigrantes a la sociedad en general.

California ya promulgó leyes que permitieron a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir en el estado. Además, se retiró la palabra ‘alien’ (extranjero) del código del trabajo estatal y se facilitó el acceso a la atención médica de los niños de los inmigrantes en estas condiciones.

Los críticos dicen que estas medidas contribuyen a la inmigración ilegal, y algunos dolidos contribuyentes señalan que, con ellas, se está premiando a las personas que han violado las leyes de los Estados Unidos.

La asignación total para el programa de préstamos ‘DREAM’ de California es de entre $7 y $5 millones para los nueve campus de UC con estudiantes de carrera universitaria, y de $ 2 millones para las 23 escuelas que pertenecen al sistema Cal State. El estado proporcionó la mitad de los fondos, y los dos sistemas universitarios cubrieron el resto.

Cada estudiante puede solicitar hasta $ 4,000 para este año académico, a una tasa de interés del 4.29%. Una vez graduados, los prestatarios tienen un período de gracia de seis meses antes de comenzar a pagar su deuda.

Los préstamos son para el año académico 2015-16, y retroactivos al pasado otoño. Los fondos serán distribuidos entre los solicitantes elegibles en las próximas semanas.

Según informaron administradores escolares, el financiamiento que se podrá conceder en el futuro dependerá del dinero disponible dentro del presupuesto del estado.

Los partidarios del programa consideran que éste podría aliviar la carga financiera para los estudiantes cuya situación legal no les permite obtener subvenciones federales o préstamos provenientes de subsidios federales. “Estoy muy orgulloso de que California haya llevado siempre la delantera cuando se trata de proporcionar recursos que son muy necesarios para nuestra población de estudiantes indocumentados. [Es preciso] entender que ellos están aquí, que ésta es su casa y que muchos de ellos no fueron traídos aquí por su propia voluntad”, afirmó el senador estatal Ricardo Lara (D- Bell Gardens), quien patrocinó el proyecto de ley para crear el programa.

Los opositores remarcan que, de este modo, se recompensa injustamente a las personas que no deberían estar en los Estados Unidos. Ira Mehlman, portavoz de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense en Washington, aseguró que los fondos del programa deberían utilizarse para ayudar a las familias que cumplen la ley y tienen necesidades económicas. “Hay una gran cantidad de personas en California que sufren”, dijo. “Sus hijos quieren una buena educación. A pesar de la disponibilidad de préstamos federales, no se cumple con las necesidades de muchas familias”.

Robin Hvidston, director ejecutivo del grupo con sede en Claremont We the People Rising, también consideró que sería mejor destinar los préstamos de financiamiento de los contribuyentes a los veteranos, o a estudiantes que crecieron en hogares de crianza. “Esto es un acto de discriminación contra los ciudadanos de los Estados Unidos, que no pueden participar en el programa”, dijo Hvidston.

California es uno de los, al menos, 18 estados que permiten a los estudiantes que están en el país ilegalmente pagar las tasas de matrícula estatal, de acuerdo con un informe dado a conocer en octubre último por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Además, California es uno de los cinco estados que permiten a estos estudiantes recibir subvenciones estatales para la educación superior, explicó el grupo. No está claro si otros estados, además de California, cuentan con un programa de préstamo de enseñanza superior diseñado específicamente para estos estudiantes.

Zenén Jaimes Pérez, analista de políticas de United We Dream, la organización más grande del país dirigida por jóvenes inmigrantes, señaló que California ha sentado un precedente a nivel nacional en el establecimiento de los derechos de las personas que viven ilegalmente en el país. “Cuando viajo a otros estados, muchos me preguntan: ‘¿Cómo podemos hacer para imitar a California?’”, aseguró.

tatiana.sanchez@sduniontribune.com

Sanchez es escritora de planta del San Diego Union-Tribune.

Traducción: Diana Cervantes

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