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La muerte de Scalia podría cambiar la suerte de los sindicatos de maestros

El juez del Tribunal Supremo de justicia Antonin Scalia murió el fin de semana pasado. Esto podría afectar a los casos que actualmente están en la corte, incluyendo un intento de limitar las finanzas de los sindicatos de docentes (Manuel Balce Ceneta / Associated Press).


El juez del Tribunal Supremo de justicia Antonin Scalia murió el fin de semana pasado. Esto podría afectar a los casos que actualmente están en la corte, incluyendo un intento de limitar las finanzas de los sindicatos de docentes (Manuel Balce Ceneta / Associated Press).

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El juez del Tribunal Supremo de justicia Antonin Scalia murió el fin de semana pasado. Esto podría afectar a los casos que actualmente están en la corte, incluyendo un intento de limitar las finanzas de los sindicatos de docentes (Manuel Balce Ceneta / Associated Press).


Howard Blume – Contactar al reportero

La muerte del Juez del Tribunal Supremo de Justicia Antonin Scalia podría significar un duro golpe a una demanda de California para debilitar el aparato financiero de los sindicatos de maestros en todo el país.

En la demanda Friedrichs vs. California Teachers Association, muchos de los observadores de la corte eperaban que Scalia daría el voto decisivo contra los sindicatos, limitando la capacidad de estos para cobrar cuotas y otros cargos. Sin Scalia, se considera que habrá un posible empate de 4-4 en la votación y esto mantendría el statu quo; lo cual, al menos por ahora, significa un enorme triunfo para los sindicatos.

Aunque los opositores de los sindicatos podrían armar un nuevo caso, Jeffrey H. Keefe, un investigador del liberal Economic Policy Institute considera que éste podría demorar por lo menos un año en elaborarse. “Ahora el conflicto está en la capacidad del presidente Obama de nombrar un reemplazo para Scalia, o en quién ganará la elección presidencial”, señaló Keefe.

El caso fue presentado por Rebecca Friedrichs, una maestra de escuela primaria en el condado de Orange. Ella y otros nueve demandantes optaron por no unirse a los sindicatos de maestros locales, pero estaban obligados a pagar al sindicato un llamado ‘fair-share’ o porcentaje equitativo, porque, de todas maneras, se beneficiaban de la representación del gremio en las negociaciones del contrato que determina los salarios y beneficios. Estas tarifas no pueden utilizarse para apoyar actividades políticas del sindicato.

Friedrichs cuestionó la constitucionalidad de esos pagos y argumentó que verse forzados a apoyar a una organización con cuyas opiniones uno no está de acuerdo viola los derechos de libertad de expresión.

Los demandantes también se quejaron de la ley que obliga a los maestros a afiliarse a un sindicato cada año. Si no lo hacen, se convierten en miembros de forma automática, y las cuotas se descuentan directamente de su sueldo.

En lugar de ello, los demandantes quieren una ley en la cual los profesores que deseen ser miembros de un sindicato puedan elegirlo anualmente. Un cambio similar ocurrido en Wisconsin contribuyó a que más del 50% de los educadores declinaran su membresía al Wisconsin Education Association Council –el sindicato de maestros más grande de dicho estado- en los últimos cinco años.

En el pasado, Scalia había considerado a otros empleados como Friedrichs como “jinetes libres”. Si estos jinetes libres no pagaran al sindicato por el trabajo que hacen al representarlos en la mesa de negociaciones, nadie tendría incentivo para unirse a un gremio.

Este razonamiento se consagró en un caso de 1977, cuando la Corte Suprema falló unánimemente en el juicio Abood vs. Detroit Board of Education. Desde ese litigio, el panorama jurídico y político ha cambiado y se ha polarizado, según explicó Trevor Burrus, investigador de la organización liberal Cato Institute.

“Los académicos han creado un caso escolar en contra de porcentajes equitativos [fair-share] de los sindicatos del sector público. Por otro lado, los de izquierda creen que los gremios son una base necesaria para que exista una sociedad próspera y que, en todo caso, deberían ser aún mayores. No hay terreno intermedio entre estas posiciones”, remarcó.

Gloria Romero, partidaria de Friedrichs y fundadora del California Center for Parent Empowerment, aseguró que el caso se trata fundamentalmente de limitar de forma correcta el flujo de dinero que reciben los sindicatos. Los líderes sindicales no reflejan las opiniones de muchos profesores, y los gremios bloquean ciertas reformas que beneficiarían a los estudiantes, dijo.

Las cuotas y los aranceles son la “fuente principal” de los fondos sindicales, agregó: “Son una inyección automática de dinero en efectivo. Hasta que ese flujo de dinero cese no habrá un juego limpio”.

Cuando, en enero pasado, el caso fue discutido ante el Tribunal Supremo, Scalia tuvo “dudas sobre la necesidad de cargar a los no-miembros con una cuota, y cuáles serían las consecuencias [para los sindicatos] si la Corte disminuyera estos costos”, escribió la abogada Amy Howe, editora del influyente SCOTUSblog, luego de haber revisado los comentarios y preguntas de los jueces.

Scalia había indicado que, si el trabajo del sindicato fuese tan importante, éste sería por sí solo capaz de convencer a los maestros para inscribirse.

Para Howe, los cuatro magistrados más liberales parecen haberse dado por vencidos en tratar de preservar los costos en el caso de los sindicatos. En cambio, estos sugirieron que era una mala práctica, posiblemente riesgosa para anular procedimientos establecidos desde hace tiempo y sin causa suficiente. Aparentemente, esa lógica avanzó poco.

En cambio, Scalia pareció estar de acuerdo con Friedrichs en que, cuando los sindicatos representan a empleados públicos, sus actividades son inherentemente políticas. De ese modo, forzar a los maestros a pagar cuotas sindicales infringe su derecho a la libertad de expresión.

“El problema es que todo lo que se negociaba colectivamente con el gobierno está dentro de la esfera política, casi por definición”, había señalado Scalia, según una transcripción de una discusión oral del 11 de enero pasado. “¿Debe el gobierno pagar salarios más altos o más bajos? ¿Debe ascender a los docentes en base a su antigüedad? Todos esos cuestionamientos son, necesariamente, preguntas políticas”.

Al mismo tiempo, el columnista a favor de los sindicatos Harold Meyerson se mostró desalentado. “Cualquier esperanza débil que haya albergado el movimiento trabajador, de retener el apoyo de Antonin Scalia, quien anteriormente confirmó con sus opiniones sobre la sentencia de Abood, debe hacerse más débil todavía con sus nuevos comentarios”, escribió Meyerson en el American Prospect.

La muerte de Scalia, de 79 años de edad, ha aniquilado todas las expectativas. Pero este nuevo panorama es tan poco sólido como la salud de los cuatro magistrados liberales; Ruth Bader Ginsburg, de 82 años, luce especialmente frágil. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la política del presidente que nombrará a los próximos magistrados, dijeron los expertos.

En las últimas décadas, la afiliación a los sindicatos en los Estados Unidos ha disminuido notablemente. Hace cincuenta años, aproximadamente un 28% de los trabajadores estadounidenses eran miembros de algún gremio, según datos del Bureau of Labor Statistics. En 2015, esa cifra había caído al 11%, informó la oficina.

Los sindicatos que representan a los trabajadores de gobierno, incluidos los maestros, son todavía los más fuertes, aunque su poder varía según cada estado. Aquí, la California Teachers Association es uno de los intereses más influyentes del estado, y United Teachers Los Angeles (UTLA) ha sido por largo tiempo un actor políticamente importante en los asuntos locales.

Los ingresos totales de los sindicatos, sin embargo, se han reducido a medida que desciende la matrícula en el Distrito Escolar Unificado de los Ángeles (LAUSD), y también ha disminuido el número de maestros sindicalizados.

Hasta hace poco, UTLA percibía $685 por cada profesor en cuotas de afiliación anual, y un cargo de $550 en honorarios que les cobran a los no-miembros. Apenas la semana pasada, los miembros de los sindicatos mayoritariamente acordaron aumentar sus cuotas anuales a casi $1,000. Los dirigentes sindicales sostuvieron que el dinero extra era necesario para limitar el rápido crecimiento de las escuelas charter.

Los dirigentes laborales intentan mantener sus posiciones contra los acaudalados intereses antisindicales, que han atacado a los sindicatos y sus miembros en múltiples frentes.

Un ejemplo de ello es una demanda interpuesta en nombre de la estudiante Beatriz Vergara y otros, que desafió las normas de antigüedad en California y otras protecciones del trabajo docente. Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles desestimó esas leyes en 2014, alegando que éstas dañaban a los estudiantes al mantener maestros incompetentes en las aulas. California Teachers Assn. y California Federation of Teachers, junto con el gobernador Jerry Brown y otros, están apelando el veredicto.

La muerte de Scalia, lamentable en términos humanos, representa una suerte de ‘ganancia táctica’ para los sindicatos, según comentó Joshua Pechthalt, presidente de la California Federation of Teachers. Pero incluso si falla la demanda de Friedrichs, “habrá otros ataques contra los sindicatos de docentes”.

“Tenemos que hacer el trabajo interno para que nuestros maestros se comprometan, y tenemos que informar al público de que el cambio que nosotros deseamos es también el cambio que ellos quieren”, remarcó Pechthalt.

howard.blume@latimes.com

Twitter: @howardblume

Traducción: Diana Cervantes

Nota del editor: Los Angeles Times recibe fondos para su iniciativa digital La Educación Cuenta por parte de uno o más grupos mencionados en este artículo. California Community Foundation y United Way of Greater Los Angeles administran fondos de The Baxter Family Foundation, Broad Foundation, California Endowment y Wasserman Foundation para apoyar este esfuerzo. Bajo los términos de estos fondos, Los Angeles Times mantiene el control completo del contenido editorial.

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