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El precio de ignorar las señales de abuso: LAUSD lleva pagados $300 millones en indemnizaciones

Las indemnizaciones relacionadas con la conducta sexual del profesor Roberto Pimentel, al centro, han alcanzado los $58 millones; son parte de una cuenta que va en aumento para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (Gina Ferazzi/Los Angeles Times).

Las indemnizaciones relacionadas con la conducta sexual del profesor Roberto Pimentel, al centro, han alcanzado los $58 millones; son parte de una cuenta que va en aumento para el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (Gina Ferazzi/Los Angeles Times).

En una reciente audiencia en la corte, uno tras otro, varios hombres jóvenes afirmaron que su exentrenador de fútbol, Jaime Jiménez, de Franklin High School, hizo amistad con ellos durante las prácticas de verano antes de iniciar el 9º grado, para luego abusarlos sexualmente.

Pero no son las acusaciones contra Jiménez las que están al centro de una demanda presentada contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés) este mes. Se trata de ver si, una vez más, los administradores fallaron en ver -o ignoraron- las señales de advertencia sobre Jiménez, lo cual prolongó el presunto abuso.

En los últimos años, el segundo sistema escolar más grande de la nación ha estado plagado por una serie de casos en los que los administradores no se percatan de los indicios de mala conducta del profesor y, en algunos casos, continuaron empleando a maestros que estaban bajo una nube de sospechas, e ignoraron o pasaron por alto las denuncias directas.

El resultado es una cadena de estudiantes victimizados, grandes indemnizaciones a las víctimas y pagos a los abogados, por una suma que ya ha superado los $300 millones en los últimos cuatro años.

El distrito pagó $40 millones en relación con un abuso en la escuela primaria Telfair, después de que los demandantes afirmaron que el distrito pasó por alto las acusaciones anteriores de abuso sexual en contra de un profesor. La indemnización fue de $58 millones en el caso de un profesor de George De La Torre Elementary School, la cual enfrenta numerosas acusaciones de alumnos que fueron toqueteados y que el distrito ignoró. El pago más grande -$200 millones- ocurrió cuando se reveló que el distrito sabía, desde 1983, de las denuncias acerca de un profesor de Miramonte Elementary School, acusado de abusar de numerosos estudiantes en su salón de clase.

“Los distritos no son responsables de los actos criminales”, afirmó la abogada Mary Jo McGrath, que aconseja a los distritos escolares y ha realizado investigaciones para ellos. “Son responsables de lo que no hicieron”.

Los directivos del LAUSD reconocen los errores del pasado, pero insisten en que han tomado serias medidas y ahora tienen algunas de las políticas más estrictas para la prevención y el descubrimiento de los abusos.

Pero ha surgido un patrón: el distrito anuncia medidas para hacer que los estudiantes estén más seguros, sólo para descubrir una nueva debilidad en el sistema o para descubrir que no se cumplieron las normas. Y los atacantes siguen apareciendo.

Jiménez, de 47 años, se ha declarado no culpable de 32 cargos por delitos graves por sus supuestas transgresiones, que comenzaron en 2001. Los fiscales dicen que el hombre persiguió y abusó de chicos desde ese año y hasta principios de 2015, cuando fue arrestado. Eso fue mucho después de que el distrito impusiera una serie de reformas tras el escándalo de Miramonte.

Testigos que van desde los 16 a los 27 años de edad testificaron en febrero último que, en el transcurso de más de 14 años, Jiménez, un entrenador eventual que asistía al personal de tiempo completo, daba paseos con los estudiantes después de la práctica, les compraba regalos, regularmente invitaba a estudiantes a su casa para jugar videojuegos, ver películas y fútbol en la televisión. Con frecuencia los jóvenes dormían en su casa y, a veces, los atraía con alcohol, expresaron.

Supuestamente, Jiménez intensificaba el contacto sexual, pasando de tocarlos a la masturbación y la sodomía. Jiménez era muy bien conocido en la comunidad de Franklin y conocía a algunas de sus presuntas víctimas desde que éstas se encontraban en la escuela primaria; uno de ellos declaró que el abuso comenzó cuando tenía 9 años.

El abogado de algunas de las víctimas mencionó que es difícil de creer que los directivos de la escuela no sospecharan que algo raro pasaba. “Los maestros y administradores lo veían ir y venir en el coche (de Jiménez) y saben que eso está en contra de las normas”, señaló el abogado Vince Finaldi.

Ese tema, el de no ver las señales de alerta o de no tomar en serio a un padre o a un estudiante cuando se quejaban de sentirse incómodos o molestos con un maestro, ha surgido varias veces en los últimos años.

Las denuncias contra el ex profesor de De La Torre, Roberto Pimentel, se sucedieron durante una década. Su supervisora, la exdirectora del distrito Irene Hinojosa, recibió quejas sobre Pimentel por tocar a estudiantes en 2002, cuando dejó por escrito que mantuvo una reunión con el maestro y lo alertó que cesara de toquetear y de golpear las nalgas y piernas de las chicas. El profesor admitió su conducta, con la excusa de que estaba tomando una medicación que aumentaba sus hormonas sexuales, según los documentos.

Tres años más tarde, Hinojosa recibió una orden de allanamiento de la policía de Newport Beach solicitando “los archivos personales y de empleo del Sr. Pimentel”, como parte de una investigación por una acusación de abuso de un menor. No está claro si estos primeros informes involucraron a Hinojosa, para quien Pimentel trabajó en dos campus escolares.

En 2009, los administradores sénior se enteraron de las denuncias a través de un informe de la trabajadora social Holly Priebe-Diaz, quien había hablado con los padres que protestaban en contra de Hinojosa. Sus preocupaciones incluían a Pimentel, de quien los padres le dijeron: “Es sabido que toca a las alumnas inadecuadamente... él acaricia a las chicas”. Uno de los padres describió cómo Pimentel frotaba la espalda de una muchacha y “acariciaba la correa del sostén de la chica”.

Trece de los reclamos involucraban acciones de Pimentel después del informe de 2009 de Priebe-Diaz, y después de que el distrito impusiera nuevas reglas internas diseñadas para detectar mejor a los docentes abusadores

Los abogados de los demandantes dijeron que el distrito debió haber actuado mucho antes en contra de Pimentel. “Ponen las políticas por escrito. Dicen que se están reformando y luego resulta que los administradores ignoran todas las denuncias”, señaló el abogado John Manly, quien ha representado a algunas de las víctimas de abuso.

Pimentel fue finalmente declarado culpable de abuso de menores y condenado a 12 años en una prisión estatal.

Los Ángeles dista mucho de ser el único sistema escolar que enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de docentes. Apenas el mes pasado, un jurado ordenó al Distrito Escolar Unificado de Pomona pagar $8 millones a un exalumno que fue molestado varias veces por un profesor, incluyendo una vez durante una visita a Disneyland. Pero debido al enorme tamaño del LAUSD y lo indignante de varios casos de alto perfil, se ha mantenido el asunto en el candelero desde hace varios años.

El caso más caro del distrito involucra a Mark Berndt, un exmaestro de Miramonte Elementary School, del centro de Los Ángeles. El distrito ha gastado $200 millones en acusaciones hechas por los estudiantes, y hay más casos pendientes.

El tamaño de las indemnizaciones también está subiendo. Los primeros reclamos por Miramonte le costaron al distrito alrededor de $500.000, en 2013. Más tarde, casos similares cruzaron la marca del millón de dólares. Los pagos de la semana pasada en el caso Pimentel fueron de un promedio de $3 millones por alumno. La semana pasada el distrito también resolvió demandas relacionadas con Paul Chapel, exdocente de primaria de Telfair Elementary, por aproximadamente $30 millones, sumando un total de casi $40 millones en indemnizaciones.

El pago más grande a una de las víctimas fue de $6.9 millones en 2012, que se concedió a un niño que fue abusado sexualmente en repetidas ocasiones por el exmaestro Forrest Stobbe, de la Queen Anne Place Elementary. “Debido a estas indemnizaciones, el perjuicio causado por estos criminales verdaderamente es un perjuicio para todos”, señaló el presidente de la Junta Escolar, Steve Zimmer. “Pero no voy a decir que las indemnizaciones son demasiado. No hay ninguna cantidad de dinero que pueda deshacer lo que se ha hecho. La preocupación principal es la salud de los niños que resultaron lesionados estando bajo nuestro cuidado. La segunda preocupación es la actividad de una minúscula fracción de empleados que eran criminales disfrazados de maestros”.

Los funcionarios del distrito dicen que cada caso es único y que las circunstancias determinan los dólares, pero la reputación acumulada por el distrito y el récord pueden hacer que las cosas funcionen en su contra; los abogados de las víctimas rutinariamente citan los errores del pasado del distrito en los documentos presentados en la corte.

Otros casos potencialmente costosos están buscando cómo resolver legalmente el caso de Jiménez y el del exprofesor de teatro Peter Gómez, de la escuela Franklin, quien fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos niños. Ambas víctimas demandaron al distrito, con un caso ya resuelto y otro con acuerdo pendiente, según los registros de la corte.

Otros reclamos activos involucran a la maestra sustituta de ciencia Michelle Yeh, quien el año pasado no refutó las acusaciones de tener sexo y acosar sexualmente a tres niños.

Los fiscales se negaron a presentar cargos en contra de Armando González, profesor de El Sereno Elementary School, pero por lo menos tres exalumnos han demandado al distrito, alegando que entre 2008 y 2010 se abusó de ellos.

Autoridades escolares señalaron que muchas de las indemnizaciones más grandes en los últimos años han llegado de las denuncias de abuso que ocurrieron hace algún tiempo. Ellos creen que algunas de las reformas están dando resultado. “Estas indemnizaciones involucraron casos que sucedieron hace muchos años”, expresó el abogado general David Holmquist. “Esta es nuestra historia y hemos tomado medidas para corregir los problemas en el futuro. Los estudiantes están mucho más seguros hoy que hace una década”.

Los funcionarios aseguran que cada año se brinda una capacitación actualizada para los padres, estudiantes y empleados, y que hay mayor presencia de la policía en los planteles escolares, además de un equipo especial de investigación.

El distrito le da crédito a este equipo por haber desempolvado presuntos abusos cometidos por lo menos 10 años atrás, lo cual condujo a la detención, la semana pasada, del director adjunto William Webb, un caso que ya ha iniciado otro juicio. “Favorecemos las nuevas ideas”, dijo Holmquist. “Si hubiera una prueba psicológica confiable para filtrar a las nuevas contrataciones, lo haría. Si alguien tiene una buena idea, que la aporte”.

En una reciente declaración, un administrativo del LAUSD declaró que durante un período de siete meses el distrito sacó a 40 empleados de las escuelas debido a acusaciones de mala conducta sexual.

En 2014 y 2015, el distrito inició el despido de docentes en 28 casos que involucraban una presunta conducta física inapropiada, y en 14 que alegaban contacto sexual con un menor de edad. La gran mayoría resultó en el despido de los profesores; algunos todavía están en proceso.

En todo el sistema escolar, unos 160 empleados están suspendidos por una amplia variedad de posibles transgresiones, mientras al mismo tiempo avanzan las investigaciones y las reglas del debido proceso.

Las estadísticas indican que alrededor del 1% de los docentes y otros empleados de las escuelas en todo el país podrían ser abusadores, ya sea en el pasado como en el presente y futuro, aseguró Terri Miller, presidenta de la organización contra el abuso sexual de los docentes Stop Educator Sexual Abuse Misconduct & Exploitation, con sede en Las Vegas. LAUSD está lejos de ser el único que ha manejado mal los casos, señaló Miller. “Es un problema generalizado”, aseguró.

Maestros de Los Ángeles cuya conducta llevó a indemnizaciones debido a abusos sexuales desde 2012:

• $200 millones* -- Mark Berndt, Miramonte Elementary.
• $58 millones -- Robert Pimentel, De La Torre Elementary.
• $40 millones -- Paul Chapel, Telfair Elementary.
• $6.9 millones -- Forrest Stobbe, Queen Anne Place Elementary.
• $320,000 -- Jason Leon, Portola Middle School.
*Incluye honorarios legales.

Fuente: L.A. Unified School District; documentos de la corte.

Traducción: Diana Cervantes

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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