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20 por ciento de residentes en Long Beach son indocumentados; la ciudad los apoya con ordenanza

(Los Angeles Times)

La ciudad de Long Beach se unió a los Ángeles en la protección de los inmigrantes indocumentados, y le prohíbe a sus trabajadores y policía colectar información sobre este segmento de la población.

La decisión de seis concejales a favor y dos en contra, llegó poco tiempo después de que el presidente Donald Trump sometiera una demanda contra California por adoptar una ley “santuario”.

La Ley de Valores de Long Beach indica que la ciudad no puede recolectar información “sensible”, sobre ningún residente para proteger la privacidad de los inmigrantes sin papeles, a menos que esté directamente relacionada con un servicio o función de la municipalidad.

La información prohibida incluye el origen étnico, lugar de nacimiento, orientación sexual, sexo biológico y afiliación religiosa, así como el estado de una persona como destinatario de asistencia pública, víctima o testigo de un delito doméstico o agresión sexual.

Al limitar la recolección de datos, los empleados de la ciudad tendrán prohibido ayudar con la aplicación de la ley federal de inmigración.

“Como sabemos, uno de cada cuatro residentes de Long Beach nació en el extranjero, y aproximadamente el 20% de ellos se consideran indocumentados, lo que significa que cada uno de los residentes de Long Beach se verán afectados [de forma positiva] como resultado de estas políticas”, dijo la concejal Lena González.

“Como hija de un inmigrante, sé de primera mano el valor que nuestra comunidad de inmigrantes trae a la ciudad de Long Beach, y francamente si no hubiera sido por el sacrificio de mi madre y mi abuela al venir aquí, ciertamente yo no estaría en este asiento’’, dijo.

Al mismo tiempo, la creación de un fondo de defensa legal para inmigrantes que enfrentan deportación se encuentra en planes, pero va a tomar tiempo, según Charles Parkin, administrador de la ciudad.

La Casa Blanca emitió un comunicado de prensa el martes sobre ciudades santuario que se lee: “Cuando los funcionarios de las ciudades santuario se niegan a honrar las aplicaciones de inmigración, están poniendo al público y los agentes de inmigración en riesgo”.

“Si ICE no puede arrestar a los extranjeros ilegales o criminales en los ambientes controlados de las estaciones de policía o cárceles, debe realizar su deber legal de cumplimiento de inmigración en lugares de trabajo, en residencias o en las calles”, sostiene la declaración.


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