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Activistas exigen mayor supervisión a la oficina del alguacil de Los Ángeles

El inspector general del condado de Los Ángeles, Max Huntsman, habla hoy, jueves 26 de octubre de 2017, ante la Comisión de Vigilancia Civil del alguacil del condado, Jim McDonnell. Activistas defensores de los inmigrantes exigieron hoy a la Comisión de Vigilancia Civil (COC) de Los Ángeles "reforzar" la supervisión de la Oficina del Alguacil local, dirigida por Jim McDonnell, por la posible colaboración de esta dependencia con oficiales de Inmigración. EFE

El inspector general del condado de Los Ángeles, Max Huntsman, habla hoy, jueves 26 de octubre de 2017, ante la Comisión de Vigilancia Civil del alguacil del condado, Jim McDonnell. Activistas defensores de los inmigrantes exigieron hoy a la Comisión de Vigilancia Civil (COC) de Los Ángeles “reforzar” la supervisión de la Oficina del Alguacil local, dirigida por Jim McDonnell, por la posible colaboración de esta dependencia con oficiales de Inmigración. EFE

Activistas defensores de los inmigrantes exigieron hoy a la Comisión de Vigilancia Civil (COC) de Los Ángeles “reforzar” la supervisión de la Oficina del Alguacil local, dirigida por Jim McDonnell, por la posible colaboración de esta dependencia con oficiales de Inmigración.

Miembros de la Coalición ICE Fuera de LA acudieron hoy a una sesión de esta comisión del condado Los Ángeles, en la que el inspector general, Max Huntsman, habló sobre un informe en el que alude a inconsistencias sobre la relación que la agencia policial mantiene con Inmigración.

“Personas indocumentadas víctimas de crímenes ya no acuden a las autoridades a poner denuncias por miedo a terminar deportados también”, señaló a Efe Teresa Borden, vocera de la organización Highland Park Indivisible, que forma parte de la coalición.

Los miembros de esta coalición pidieron hoy a COC que la oficina del alguacil local deje de “ser parte de la maquinaria de deportaciones” de la Administración Donald Trump, durante una sesión a la que también acudieron simpatizantes del presidente.

En su reporte, del que semanas atrás informó un medio local, Huntsman señaló que aunque el alguacil McDonnell aseguraba que no colaboraba con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la dependencia facilitaba a oficiales de la agencia federal un espacio en sus instalaciones, así como computadoras y acceso a la base de datos de los detenidos.

“Muchísimos terminaron deportados después de cumplir con su tiempo en la cárcel del alguacil”, criticó Borden.

Otro de los activistas presentes y que se opuso a que la Policía local de información sobre los indocumentados detenidos fue Rómulo Avelica, un inmigrante a punto de ser deportado y que el pasado 30 de agosto logró abandonar el centro de detención de Adelanto.

Carlos Amador, del Centro de Políticas del Inmigrante de California, pidió a la COC y a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles “una mayor supervisión del alguacil para parar las deportaciones injustas”, según declaró a Efe.

Por su parte, Emi McClean, abogada de la Red Nacional de Jornaleros, dijo a Efe que “los funcionarios electos en votaciones del condado de Los Ángeles tienen la obligación de intervenir para detener esos abusos del alguacil contra indocumentados”.

En respuesta a un pedido de Efe sobre el reporte de Hunstman, la Oficina del Alguacil de este condado envió la carta que McDonnell envió al inspector general el pasado 3 de octubre y en la que el oficial se mostraba de acuerdo con las recomendaciones.


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