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Salvadoreña acusada de aborto afronta un nuevo juicio

En esta imagen de archivo del 13 de diciembre de 2017, Teodora Vasquez, condenada por lo que el tirbunal consideró un aborto ilegal, llega esposada a una sala del tribunal para apelar su condena de 30 años de prisión en San Salvador, El Salvador. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

En esta imagen de archivo del 13 de diciembre de 2017, Teodora Vasquez, condenada por lo que el tirbunal consideró un aborto ilegal, llega esposada a una sala del tribunal para apelar su condena de 30 años de prisión en San Salvador, El Salvador. (AP Foto/Salvador Melendez, Archivo)

(Salvador Melendez / AP)
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Associated Press

Una joven que dio a luz a un bebé en un retrete en El Salvador afrontaba el lunes un segundo juicio por asesinato, en un caso que ha atraído la atención internacional debido a las restrictivas leyes salvadoreñas contra el aborto.

Evelyn Beatriz Hernández ya había cumplido 33 meses de su condena de 30 años cuando el Tribunal Supremo revocó el fallo en su contra en febrero y ordenó un nuevo juicio con otro juez. Es la primera vez que se repite el juicio de un caso de aborto en el país, que persigue de forma agresiva en los tribunales a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.

Los defensores de los derechos de las mujeres confían en que el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele, que asumió el cargo en junio, suavice la postura del país en los derechos reproductivos de las mujeres, esperando con una absolución para Hernández. Docenas de mujeres han sido encarceladas en El Salvador con condenas similares.

“Lo que vive Evelyn es la pesadilla de muchas mujeres en El Salvador”, dijo su abogada, Elizabeth Deras.

Hernández dice que no tenía ni idea de que estaba embarazada debido a una violación. Recuerda que un día de 2016 salió a un retrete exterior en su pobre comunidad rural con fuertes dolores abdominales. Se agachó para defecar, afirma, y el bebé debió caer al fondo del tanque séptico. La madre de Evelyn dijo que había encontrado a su hija desvanecida junto al retrete improvisado y que paró una camioneta descubierta para llevarla a un hospital que estaba a 30 minutos.

El feto era de 32 semanas, cerca del término, y los forenses no pudieron determinar si había fallecido en el útero o en el pozo. La causa de la muerte sigue sin estar clara.

Las dos mujeres insisten en que no sabían que había un bebé en el tanque séptico. Pero la fiscalía no las cree.

The Associated Press solo identifica por su nombre a víctimas de supuestos abusos sexuales si las propias víctimas hacen públicas su identidad y sus acusaciones.

El juicio de Hernández, de 21 años, comenzará el lunes en lo que parece la primera prueba para los derechos reproductivos de las mujeres bajo el gobierno de Bukele, un mandatario joven y que ha expresado su desdén por todas las formas de discriminación.

Bukele ha dicho que cree que el aborto solo es aceptable si la vida de la madre corre peligro, pero que está “totalmente en contra de criminalizar a las mujeres por tener abortos espontáneos”.

“Si una mujer pobre tiene un aborto espontáneo, inmediatamente es sospechosa de haber practicado un aborto”, dijo el presidente en 2018. “No podemos darle presunción de culpabilidad a una mujer que lo que necesita es ayuda inmediata”.

En ocasiones, las mujeres que acuden a hospitales públicos tras un aborto son acusadas de haber matado al feto.

Los recientes sondeos de opinión en El Salvador muestran un amplio apoyo a suavizar las leyes contra el aborto, por ejemplo permitiendo intervenciones médicas cuando la vida de la madre corre peligro o el feto no es viable. Sin embargo, muchos salvadoreños aún creen que las víctimas de violación deberían ser obligadas a llevar sus embarazos a término.

Una intervención en favor de Hernández mostraría que a Bukele “le interesa la vida de las mujeres”, dijo Deras. Morena Herrera, que lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador, también instó a Bukele a interceder “a favor de Evelyn” para que la joven pueda seguir con su vida.

Bukele no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso.

El Salvador es uno de los tres países de Centroamérica que prohíbe totalmente el aborto, incluso en casos de violación e incesto, o cuando la vida de la madre corre peligro.

La ley salvadoreña contempla hasta ocho años de prisión para las mujeres que interrumpen un embarazo de forma deliberada y para los sanitarios que puedan ayudarlas. Sin embargo, fiscales agresivos suelen elevar los cargos a homicidio con agravantes, que conlleva una pena máxima de 40 años.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador ha documentado 146 procesos contra mujeres por abortos desde 2014. De esos casos, 60 mujeres fueron condenadas a prisión, 24 de ellas condenadas por homicidio con agravantes. Algunas insisten en que sufrieron abortos espontáneos y no interrumpieron a propósito sus embarazos.

Los castigos suelen recaer sobre las mujeres jóvenes y pobres y las víctimas de violación.

El Salvador es un país profundamente religioso, donde el 80% de la población se identifica como católica o cristiana evangélica.

Pero también es un país asolado por la violencia de pandillas y actitudes machistas sobre el papel de la mujer. Se estima que cada año 25.000 mujeres quedan embarazadas tras ser violadas, en un país con unos 6 millones de habitantes. Se cree que cada año se realizan miles de abortos clandestinos en El Salvador.

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