Poblado colombiano celebra avances en el proceso de paz

A sus 25 años, Carlos Ordoñez dice que no ha conocido la paz en Corinto, el poblado del occidente del país que lo vio nacer y crecer.

“Somos hijos de la violencia”, dijo el joven ingeniero en sistemas desde el municipio del conflictivo departamento de Cauca. “No queremos más (guerra), porque estamos aburridos”.

Pero un día después de que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaran en Cuba un acuerdo de cese del fuego bilateral y la desmovilización y desarme de los rebeldes, la esperanza volvió.

“El anuncio, para nosotros los de Corinto, es un gran alivio porque las FARC, especialmente el sexto frente, nos ha atacado muchas veces”, agregó Ordóñez.

Desde hace décadas el Cauca ha sido escenario de diversas violencias entre guerrillas, Ejército y autodefensas, que se han disputado el control de la zona motivados por luchas agrarias por la propiedad de la tierra adelantada por indígenas y campesinos.

Desde la década de los 60, hacendados de la zona se han disputado el control y la propiedad de la tierra con indígenas y campesinos, al tiempo que guerrillas como las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), y otras extintas como el M-19 y EPL (Ejército Popular de Liberación), comenzaron a operar, fundar frentes guerrilleros y a hacer ataques en la región.

Las guerrillas han buscado sacar provecho de la conflictividad de la zona para avanzar su expansión territorial y agenda política.

Fuera de Corinto, los municipios de Toribío, Caldono, Jambaló, Silvia, Totoró, Tierradentro y Coconuco estuvieron en la mira de las FARC pues los movimientos campesinos e indígenas que recuperaban la tierra, su principal demanda, se abstuvieron de plegarse a su lucha por la toma violenta del poder.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 3 de enero de 2016 Orlando, un combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuelga una pancarta con el rostro del fallecido líder rebelde Alfonso Can en su campamento escondido en el estado de Antioquia, en el noroeste de los Andes colombianos. (AP Foto/Rodrigo Abd, archivo)

(Rodrigo Abd / AP)

En medio de esta violencia revuelta, la madre de Ordoñez, Ana Milena Arias, fue asesinada por la guerrilla en Corinto en 2000.

“Un grupo de las FARC ingresó violentamente a nuestra casa disparando y mi madre terminó muerta”, evocó con nostalgia. “Ella era ama de casa”.

Su primo Jadir Jaramillo, de 33 años, recordó cuando una noche en 2001 “los guerrilleros hicieron un hostigamiento al pueblo. Dos balas impactaron en mi cuerpo. Una de ellas me afectó la columna vertebral y desde ahí estoy en una silla de ruedas”.

En vez de lamentar su suerte, Jaramillo montó, junto con un amigo también discapacitado, una pequeña empresa textil.

“Uno nunca olvida, pero todos tenemos derecho a perdonar y yo he perdonado a las FARC. Pese a mi situación en una silla de ruedas, seguimos adelante haciendo empresa y viviendo en paz”, añadió. “Es bueno lo que pasó en La Habana, es bueno vivir tranquilo”.

Corinto tiene un poco más de 30.000 habitantes que aseguran que ya perdieron la cuenta de las veces que la guerrilla asaltó el poblado. Ahora, con el cese del fuego, la desmovilización y desarme de las FARC, los pobladores de Corinto esperan que toda la violencia cese.

Visiblemente emocionado, el sacerdote del pueblo, Juan Diego Colorado, observó que la Iglesia Católica apoya el proceso de paz y pidió que las negociaciones lleguen a buen puerto.

“La paz es prioridad para todos y estamos muy esperanzados de que llegue a todos los rincones de Colombia, especialmente aquí a Corinto que ha sido tan afectado, tan golpeado por la violencia”, enfatizó el religioso en conversación telefónica.

Desde fines de 2012, Santos y las FARC llevan adelante en La Habana un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de una guerra interna que ha dejado unos 220.000 muertos, miles de desaparecidos y millones de desplazados.

Hasta ahora las delegaciones negociadoras han llegado a acuerdos clave en temas como una reforma agraria nacional, la participación en política de los guerrilleros, la lucha conjunta contra el narcotráfico, el resarcimiento de las víctimas, la erradicación de minas antipersonales, la salida de las filas rebeldes de los menores de edad y la forma en que los actores del conflicto armado pagarán por sus crímenes, entre otros puntos.

El cese del fuego bilateral, la desmovilización y dejación de las armas comenzarán con la firma del acuerdo final de paz y los dos últimos puntos tendrán un plazo y desarrollo de 180 días.

También el viernes el Ministerio de Defensa dio a conocer los sitios del país donde se realizará la desmovilización y concentración de los guerrilleros.

El objetivo de esas 23 zonas transitorias “es garantizar precisamente que cesen el fuego y las hostilidades de manera definitiva y que las FARC dejen las armas en manos de la Organización de las Naciones Unidas-ONU”, sostuvo el ministerio en un comunicado.

En país tiene 33.000 zonas veredales, según la cartera de Defensa. Las zonas veredales durarán 180 días a partir del día en que se firme definitivamente la paz entre las partes.

William Villamizar, gobernador del departamento de Norte de Santander, donde habrá una de las llamadas “zonas veredales transitorias de normalización” en el municipio de Tibú, indicó por teléfono que su administración apoyará la decisión del gobierno central.

“Vamos a acatar las disposiciones del presidente de la República en el tema de las zonas... El municipio de Tibú ha sido seleccionado... para que los guerrilleros de las FARC se concentren ahí”, comentó a la AP el mandatario regional.

En dichas áreas no se podrá realizar manifestaciones políticas, las autoridades y organizaciones del lugar podrán continuar con sus labores cotidianas y se suspenderá la tenencia y porte de armas de quienes allí habiten.

En cada zona habrá un lugar de almacenamiento de las armas, y si se requiere presencia de los uniformados en otro lugar distinto de dicho territorio, deberá contar con el visto bueno de una comisión verificadora integrada “por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”, delegados de las FARC y el gobierno colombiano.

Un día después de la firma del acuerdo final de paz en un futuro próximo, el Ejército colombiano reorganizará sus tropas “para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC” a las 23 zonas y ocho campamentos designados.

El traslado de las guerrillas se haría el quinto día después de la firma del acuerdo final “siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC”.

Las armas se entregarán a observadores de la ONU y el proceso será verificado por una instancia encargada de resolver conflictos, presentar recomendaciones y reportes.

La ONU hará tres monumentos con las armas entregadas que se inspirarán en la paz, aunque su emplazamiento todavía no está claro.

También se destruirá el armamento “inestable” y las FARC contribuirán y suministrarán información para la “limpieza y descontaminación” de los territorios del país que tienen sembrados de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, y municiones sin explotar.

Transcurridos los 180 días de la firma del acuerdo final de paz, se prevé la salida de los combatientes de las zonas y campamentos desarmados y vestidos de civil; mientras las autoridades colombianas se comprometieron a combatir a los grupos paramilitares, que podrían entorpecer e impedir el regreso de los guerrilleros a la vida política y civil, lo que estará a cargo de una unidad especial de la policía colombiana creada para tal efecto.