Generales colombianos impunes ante matanza de civiles

Decenas de altos mandos del ejército colombiano implicados en la matanza de 3.000 civiles considerados falsamente guerrilleros han escapado a su castigo en una de las peores atrocidades cometidas en América Latina, dijo el miércoles Human Rights Watch.

En un informe de 95 páginas titulado “El rol de los altos mandos en falsos positivos”, la organización de derechos humanos hace un detallado balance sobre el patrón de los homicidios cometidos por las Fuerzas Armadas —que reciben apoyo de Estados Unidos_, y los procedimientos legales... contra los soldados que durante varios años intentaron presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate para inflar el conteo de rebeldes abatidos y logara así promociones y recompensas.

Aunque más de 800 uniformados han sido condenados por estos homicidios, la mayoría son soldados de bajo rango. No se han presentado cargos en contra de ningún oficial que estuviera al frente de una brigada o arriba en la cadena de mando al momento de los asesinatos entre 2002 y 2008, en el pico de la ofensiva militar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Entre los altos funcionarios señalados por Human Rights Watch están dos de los más distinguidos generales de Colombia: el general Juan Pablo Rodríguez, el actual jefe de las Fuerzas Armadas, y el general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército. Ambos militares dirigieron brigadas en diferentes partes del país en las que se registraron al menos 76 de los asesinatos bajo su mando.

“Los generales están lejos de recibir el golpe”, dijo el director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

A principios de este año, el fiscal jefe Eduardo Montealegre dijo que más de una docena de generales están bajo investigación, pero hasta ahora ninguno ha sido encausado. Human Rights Watch dijo que Lasprilla no se encuentra entre los que son investigados, pero Rodríguez sí. El martes, la oficina de Montealegre ordenó a cuatro generales retirados, entre ellos el excomandante del Ejército Mario Montoya, comparecer para dar su testimonio ante los fiscales que investigan estos asesinatos.

Human Rights Watch dijo que es poco probable que los oficiales superiores estuvieran directamente involucrados en los asesinatos llamados “falsos positivos”. Sin embargo, los documentos obtenidos por los fiscales muestran que deberían haber tenido conocimiento de los hechos al plasmar su firma en actas que ordenan acciones ofensivas y pagos a soldados e informantes falsos involucrados en los asesinatos. Esa falta de escrutinio se produjo durante un período en que se publicaron informes de Naciones Unidas y otros organismos que llamaban la atención sobre ejecuciones sistemáticas en varias partes de Colombia.

El presidente Juan Manuel Santos cesó a tres generales y a otros comandantes superiores mientras se desempeñaba como ministro de Defensa cuando estalló el escándalo. Como presidente, ha expresado su apoyo a las investigaciones del personal del ejército.

Pero la organización de derechos humanos quiere que Santos vaya más lejos, especialmente ahora que se negocia un acuerdo de paz con los rebeldes de izquierda que, para tener éxito, debe poner fin a los abusos cometidos por todas las partes durante medio siglo de conflicto.

Además de hacer un llamado a los militares para dejar de obstruir el trabajo de los fiscales civiles, el informe de Human Rights Watch pide más protección para los testigos dispuestos a declarar contra sus superiores y que se exponen a amenazas y otras represalias. El informe destaca el caso de un soldado, Nixon de Jesús Cárcamo, quien fue asesinado el año pasado en un cuartel militar durante su detención por cargos relacionados con los “falsos positivos”. Once días antes de su asesinato, dijo a los fiscales que temía por su vida porque estaba acusando a sus superiores.

El Ministerio de Defensa de Colombia siempre ha negado que se hiciera la vista gorda ante los crímenes cometidos por los oficiales más prestigiosos del país.

El informe también critica la falta de supervisión por parte de los Estados Unidos, y pide al gobierno de Obama suspender la parte de la ayuda militar a Colombia que está condicionada al respeto a los derechos humanos, una partida de alrededor de siete millones de dólares al año.

El senador Patrick Leahy, el autor de la ley que permite dicha suspensión, dijo que estaba profundamente preocupado por el informe y pidió una respuesta enérgica de Estados Unidos.

“Esto demuestra que mientras proveíamos miles de millones de dólares en ayuda al ejército colombiano durante muchos años, sus tropas ejecutaron sistemáticamente a población civil”, dijo el demócrata de Vermont en un comunicado. “Coroneles y generales que comandaban las unidades responsables de los falsos positivos han llegado a la cima del ejército sin temor a que nada iba a pasar con ellos”.