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Fiscal argentino dice opinión de ONU sobre detención de Sala no es vinculante

El fiscal de Estado que investiga a la diputada del Parlasur Milagro Sala, en prisión preventiva desde el pasado enero, aseguró que la "opinión" de la ONU divulgada hoy, que pedía al Estado argentino que se libere a la activista, "no es vinculante", aunque afirmó que se estudiará ese documento.

El fiscal de Estado que investiga a la diputada del Parlasur Milagro Sala, en prisión preventiva desde el pasado enero, aseguró que la “opinión” de la ONU divulgada hoy, que pedía al Estado argentino que se libere a la activista, “no es vinculante”, aunque afirmó que se estudiará ese documento.

(Paula Ribas / AP)

El fiscal de Estado que investiga a la diputada del Parlasur Milagro Sala, en prisión preventiva desde el pasado enero, aseguró que la “opinión” de la ONU divulgada hoy, que pedía al Estado argentino que se libere a la activista, “no es vinculante”, aunque afirmó que se estudiará ese documento.

“Debemos tener en cuenta que ha sido una opinión que no es vinculante y que a partir de ahora se inicia un procedimiento por 180 días (para revisar la decisión) tal cual como está dispuesto en dicha opinión”, dijo el fiscal de Estado de Jujuy (norte) Mariano Miranda, en declaraciones al canal Todo Noticias.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que funciona dentro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), consideró “arbitraria” la detención de la dirigente social Milagro Sala y solicitó al Estado argentino su inmediata liberación, según publicó el Ministerio Público Fiscal en su página informativa.

Además, el espacio web de los fiscales agrega que ese grupo de la ONU pidió investigar la responsabilidad de las autoridades en la perpetuación de una situación de “vulneración” de los derechos de Sala y garantías jurídicas más elementales.

Sala, que está en una prisión de Jujuy desde el pasado 16 de enero, está acusada de un presunto delito de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

Aunque desde la Cancillería argentina confirmaron a Efe la recepción del comunicado de la ONU, no dieron detalles sobre su contenido y explicaron que lo remitieron a la Justicia de la norteña provincia de Jujuy, que fue la que ordenó la detención de la activista.

“Debo aclarar que al momento de emitir la opinión (la ONU) lo hizo en base a informes del mes de abril. En el transcurso de abril a agosto, cuando tomó la decisión el grupo, se modificó la situación procesal de Milagro Sala y los fundamentos que tuvieron en cuenta para llegar a esa decisión”, aseveró Miranda.

“En el ínterin hubo dos prisiones preventivas y se confirmó por la Corte Suprema de Justicia la inexistencia del sistema jurídico argentino de los fueros para los parlamentarios del Parlasur”, remarcó.

Según añadió la agencia estatal de noticias Telam, el fiscal de Estado destacó que los jueces, por su condición de “independientes de cualquier otro poder”, han decidido la situación procesal de Sala “en función de las denuncias por hechos de corrupción debidamente fundadas”.

La diputada del Parlamento del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria fue encarcelada inicialmente por un delito de incitación al tumulto durante una protesta contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales (del oficialista frente Cambiemos), que posteriormente fue desestimado por la Justicia, pero permanece detenida por el resto de los cargos.

Fuentes de la Cancillería insistieron en que el comunicado de Naciones Unidas es una opinión y no una solicitud formal.

La página oficial del Ministerio Público Fiscal remarca que el Grupo de Trabajo de la ONU afirmó el carácter “arbitrario” que reviste la privación de la libertad de Sala, “ya que se dio como resultado de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Esta opinión coincide con el dictamen firmado en febrero pasado por el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, respecto al carácter “ilegítimo” de la detención y en buena parte de los fundamentos que llevaron a esa conclusión.

Esa procuraduría especializada del Ministerio Público Fiscal fue el único organismo del Estado que advirtió tempranamente respecto de la ilegalidad detrás de la detención, ya que la misma se produjo cuando mantenía fueros parlamentarios como diputada del Parlasur, algo que la Justicia argentina consideró no se puede aplicar en el país.


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