Detienen a tres sospechosos por muerte de ambientalista Janeth Urquía en Honduras

Las autoridades de Honduras detuvieron a tres sospechosos del asesinato de la ambientalista Lesbia Janeth Urquía en esa nación centroamericana, en un caso que dicen estaría relacionado con un problema familiar.

El Ministerio Público de Honduras informó el miércoles en un comunicado que los detenidos son un menor y dos adultos, incluido el cuñado de Urquía, a quien se considera el autor intelectual del asesinato.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al que pertenecía Urquía, calificó como un “sin sentido” considerar que el crimen esté relacionado con problemas familiares. Tomás Gómez, coordinador general del grupo, consideró que las autoridades intentan desacreditar al grupo y el trabajo que desarrollan sus integrantes.

Urquía fue asesinada la semana pasada en el oeste de Honduras, cuatro meses después del homicidio de Berta Cáceres, la líder de COPINH, en un caso que provocó indignación internacional.

Otro activista de la misma organización, Nelson García, fue asesinado a tiros dos semanas después del crimen de Cáceres.

Global Witness, una organización internacional con sede en Londres, considera a Honduras como el país más peligroso para los ambientalistas. Según sus propios recuentos, sólo entre 2002 y 2014 fueron asesinados 111 activistas.

El cuerpo de Urquía fue localizado en un basurero de Marcala, una comunidad a unos 160 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, un día después de que desapareciera tras salir de su casa en bicicleta.

El Ministerio Público hondureño señaló el miércoles que Manuel Orlando López Ortiz, cuñado de Urquía, la habría amenazado por “una disputa legal por una herencia con su hermana” y que contrató a dos hermanos para asesinarla.

“Estas declaraciones nosotros las vemos sin sentido”, dijo a la Associated Press vía telefónica el coordinador de COPINH.

Gómez señaló que las autoridades “han montado una campaña muy fuerte primero para decir que no son parte de COPINH y segundo para deslegitimar lo que hemos emitido; para decir que no tiene nada que ver el asesinato con el tema de las decisiones política sobre el concesionamiento y privatización de los recursos”.

Tras el asesinato de Urquía, COPINH responsabilizó en un comunicado al gobierno hondureño de la muerte y la calificó como un “feminicidio político” ligado a sus actividades de defensora.

Ese mismo día, el vocero de la Policía, Eddie López, aseguró que Urquía era una empresaria dueña de tres pequeños hoteles de Marcala, sin referirse a ella como integrante del Consejo.

La organización ha identificado a Urquía como una líder comunitaria que se opuso a proyectos hidroeléctricos en la región de La Paz.