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Endurece Argentina su política migratoria

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La Ley de Migraciones argentina, una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos, está en peligro.

En su primera conferencia de prensa del año, el Presidente Mauricio Macri anunció un endurecimiento de la política migratoria, el cual sería efectuado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), es decir, sin pasar por el debate del Congreso.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) accedió al DNU contemplado por el Gobierno y, tras analizarlo, denunció que hay una regresión para los derechos de los migrantes.

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Entre otras acciones, se fortalecería el intercambio de bases de datos con otros países con el fin de restringir el ingreso a Argentina de extranjeros con antecedentes penales o condenas.

“El problema de eso es que es muy incierta la definición de antecedentes. ¿Qué información van a pedir? Eso le va a dar mucha potencia al funcionario de frontera porque él va a decidir qué entiende por antecedente”, explicó en entrevista a REFORMA Diego Morales, Director de Litigio y Defensa Legal del CELS.

El diario argentino Clarín publicó que dicha medida afectaría principalmente a mexicanos, colombianos y peruanos, que son los que el Gobierno estaría dispuesto a vigilar con más atención debido al problema del narcotráfico.

“No sé por qué construyen esa idea detrás de las nacionalidades. Imagínate un funcionario en la frontera al que le llega una persona de México, ¿va a tener dudas sólo por ser de México? Ése es el problema de asociar migración con delito”, denunció Morales.

Además, la evaluación de los antecedentes penales sería retroactiva, por lo que una persona que ya cuente con algún tipo de residencia podría ser investigada en cualquier momento y ser susceptible a perder el documento migratorio, sin importar el argumento de reunificación familiar.

El proyecto que modificaría la Ley de Migraciones y de Nacionalidad amplía las causas que permitirían la detención y expulsión de migrantes. Todos los delitos que conlleven una pena privativa de la libertad, aún de cumplimiento condicional, serían motivos de expulsión o denegación de residencia.

Por ejemplo, si un extranjero que subsiste de la venta callejera es denunciado o si participa en un corte de calle o discute con un policía y le imponen 10 días de cárcel, tendría argumentos en su contra para ser expulsado del país.

Otra de los aspectos del documento del DNU que preocupan a Morales es que aparece la figura de un trámite exprés, por lo que una persona a la que le rechazaron el ingreso a Argentina o le quieren quitar la residencia tendría sólo tres días para apelar.

“Las leyes migratorias en los países del Mercosur van a otro lado, a un sistema de protección de derechos. La ley de Uruguay de 2008, la de Bolivia de 2012, la venezolana de 2006 son iguales a la Argentina actual. Esa ley era un modelo”, explicó.

Sólo 5 por ciento de la población carcelaria de Argentina es de origen extranjero.

ASÍ LO DIJO

Mauricio Macri, Presidente de Argentina

“Por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién”.

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