Demanda contra expresidente y exministro bolivianos llega a juicio el lunes

La última parte del proceso civil iniciado en 2007 en Estados Unidos por una demanda planteada contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín por familiares de ocho personas fallecidas en las protestas registradas en Bolivia en 2003 comenzará el lunes en Florida.

El juez de distrito James I. Cohn encabezará este juicio con jurado que se iniciará en los tribunales de Fort Lauderdale (a 50 km de Miami) precisamente con la selección de las personas que decidirán si Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de las muertes y deben pagar indemnizaciones a los demandantes.

En principio se abrieron dos juicios por separado, uno a cada uno de los demandados, pero después ambos confluyeron en uno solo.

En las actuaciones anteriores los jueces no determinaron que hubiera responsabilidades de parte de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

Al ser un juicio civil, en el que no se buscan culpables sino responsables, los dos demandados no están obligados a comparecer.

Fuentes cercanas al proceso dijeron a Efe que es muy probable que los dos estén mañana en la audiencia inicial, pues al ser un juicio con jurado les conviene procesalmente su presencia.

Tanto el dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), como quien fue su jefe de campaña, ministro de la Presidencia y finalmente ministro de Defensa, residen en Estados Unidos desde que Sánchez de Lozada renunció en octubre de 2003 en medio de las protestas sociales conocidas como “la guerra del gas”.

Ambos, que gozan de asilo político en EE.UU., culpan al actual presidente de Bolivia, Evo Morales , que entonces era dirigente de los cocaleros, de haber provocado con esas protestas el derrocamiento de un gobierno constitucional.

Tras la selección del jurado, demandados y demandantes tendrán mañana la oportunidad de presentar las líneas maestras de los alegatos que harán durante el juicio, que se espera que dure unas cuatro semanas, dada la cantidad de demandantes y el elevado número de testigos que van a comparecer por ambas partes.

Cada uno de los demandantes perdió a un familiar en las protestas o en la represión de las mismas y culpan de las muertes al entonces presidente y al exministro de Defensa, a los que acusan de planificar “demandas extrajudiciales”.

Entre 60 y 80 civiles murieron en la “guerra del gas” y más de 400 sufrieron heridas de arma de fuego.

Los líderes de la protesta y sus participantes fueron eximidos de toda responsabilidad por dos decretos de amnistía dictados durante la Presidencia de Carlos Mesa, que era vicepresidente de Sánchez de Lozada y asumió la jefatura de Estado cuando renunció y se fue a Estados Unidos.

Los demandantes son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Felicidad Rosa Huanca Quispe, Gonzalo Mamani Aguilar, Sonia Espejo Villalobos, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Callizaya y Hernán Apaza Cutipa.

El equipo de los demandados está encabezado por Ana C. Reyes, de la firma Wiliams & Connolly, de Washington, mientras que el resto tiene sus propios representantes legales, entre ellos miembros de despachos de abogados y de organizaciones como el Centro para los Derechos Constituciones y la Clínica Internacional de Derechos Humanos.

A cada uno de los demandantes se les pide que señale la cantidad que requiere como indemnización, pero será el jurado quien, si llega a considerar responsables a los demandados, el que la establezca.

Entre los documentos judiciales accesibles al público en la web de los tribunales de EE.UU. está el cuestionario que ambas partes elaboraron para ayudar a la selección de los jurados.

Además de preguntas generales sobre filiación, nivel de educación, empleo e ingresos, los candidatos a jurado deben decir si han servido en la fuerzas armadas, si tienen familia en Suramérica o con lazos en Suramérica, si han viajado a esa zona del mundo, si familiares o amigos tienen conexión con el Gobierno actual de Bolivia, si han realizado actividades en pro de los derechos humanos o si han participado en protestas.

En total deben responder a 34 preguntas.

En un escrito enviado a Efe el 22 de febrero, Sánchez Berzaín afirmó que este juicio es “alentado, sino auspiciado”, por el “régimen” de Morales.

El propósito es “atribuir falsamente responsabilidades al Presidente Sánchez de Lozada y los miembros de su gabinete de ministros por los hechos luctuosos promovidos por el propio Morales y sus cómplices para derrocar el gobierno constitucional” en 2003.

Beth Stephens, abogada del Centro de Derechos Constitucionales de la Universidad de Harvard, por su parte indicó a Efe hace unos días que esta demanda civil “ofrecerá al pueblo aymara, que históricamente ha sido excluido de la justicia, una oportunidad para testificar sobre los eventos que resultaron en docenas de muertes y cientos de heridos”.

Según la demanda, “meses antes de la violencia, los dos acusados idearon un plan para matar a miles de civiles, e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir la oposición política”.

El conflicto social contra el proyecto gubernamental de exportar gas a través de Chile a precios bajos dejó un número de muertos que varía según las fuentes, desde 60 a 80, y cerca de 400 heridos por las fuerzas de seguridad y el Ejército del país.