La decisión sobre la consulta ecuatoriana desata una ola de crítica a la CIDH

Una decisión sorprendente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la consulta popular en Ecuador desató una fuerte ola de críticas al organismo, enmendado incluso por su hermana, la CorteIDH.

El martes, la CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador (CPCCS), cuya destitución fue aprobada en la consulta popular del pasado domingo.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien durante su mandato intentó debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por todos los frentes, recurrió a la CIDH para tratar de impedir la consulta, sobre todo las preguntas que abrían la puerta a terminar con el Consejo (que elige a las autoridades de control del país) y la reelección indefinida.

Sin embargo, la Comisión no se pronunció hasta después de celebrada la votación, cuando ya los ecuatorianos se habían expresado a favor de revertir esas iniciativas.

Que la CIDH pidiera medidas provisionales a la Corte no solo soliviantó al Gobierno del presidente Lenín Moreno, como era esperable, sino a la comunidad defensora de los derechos humanos en América Latina, incluidos destacados exfuncionarios del propio organismo.

Muchos de ellos incluso se ofrecieron para defender al Ejecutivo ecuatoriano ante la CorteIDH, con sede en San José (Costa Rica), y todos celebraron que el tribunal desestimara de plano el jueves la solicitud de la CIDH, con sede en Washington.

Se trata de uno de los choques más claros que se recuerdan entre los dos órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La resolución de la Corte sobre la petición de la Comisión es durísima, ya que cuestiona conceptos básicos como que pida impedir la consulta cuando ya se ha hecho o que le solicite medidas provisionales -que se aplican en casos de extrema urgencia- tras haber desestimado otorgar sus propias medidas cautelares.

“Las preocupaciones de la CIDH eran entendibles. Les preocupaba que con el afán de depurar algunas de las instituciones ecuatorianas se cayera en los mismos problemas, comisión de transición, despidos, pero la vía de las medidas provisionales era jurídicamente muy discutible, como señaló la Corte”, indicó a Efe Cathy Salazar, la directora de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

“No estaban claros los derechos violados ni como así el tema era grave y urgente. ¿Acaso la Comisión no era consciente de esas debilidades? Lo que hace la Corte es básicamente ‘jalarle las orejas’”, agregó la abogada peruana.

Otra de las expertas en el Sistema Interamericano que ha sido muy activa en su oposición a la decisión de la Comisión es la exrelatora de Libertad de Expresión del organismo Catalina Botero.

“Es sorprendente que la CIDH considere procedente esta solicitud. La comunidad de derechos humanos -a quienes les han negado cautelares y provisionales realmente urgentes- está alerta y trabajando”, advirtió la abogada colombiana en su Twitter.

“¡Tenemos CorteIDH! (...) Cuatro magistrados serios salvaron el prestigio de la institución y protegieron el sistema regional”, opinó tras conocer la decisión del tribunal.

También ha sido muy crítica Daniela Salazar, una de las expertas en derechos humanos más conocidas de Ecuador y que ha trabajado como consultora para la CIDH, Human Rights Watch (HRW) y la ONU.

“La Corte ha protegido la naturaleza del mecanismo de protección cuyo objetivo es prevenir violaciones de derechos humanos, no salvaguardar los puestos de consejeros. Que la CIDH haya estado más preocupada por esos puestos que por defender la voluntad popular resulta escandaloso”, sostuvo en un artículo publicado en el diario ecuatoriano “El Comercio”.

Daniel Cerqueira, abogado del DPLF que trabajó en la CIDH, también ha expresado su malestar al considerar que “esto confirma que a la Comisión le falta sentido común y discernimiento jurídico en el manejo de las medidas cautelares y solicitudes de medidas provisionales”.

El director de HRW para América, José Miguel Vivanco, celebró la decisión de la Corte y argumentó que “los miembros del Consejo de Participación no tienen, a diferencia de jueces, derecho a la estabilidad en el cargo, ni son cargos de elección popular protegidos por derechos políticos, y no hay un derecho humano a permanecer en un cargo”.

Además, subrayó, “el procedimiento de remoción es consistente con la Constitución ecuatoriana que permite destituir funcionarios por voto popular”.