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Gobierno hondureño intenta silenciar a disidentes tras elecciones, dice AI

La directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas. EFE/Archivo

La directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas. EFE/Archivo

El Gobierno hondureño está desplegando tácticas “peligrosas e ilegales”, como arrestos y ataques, para silenciar a la población disidente después de las elecciones del pasado 26 de noviembre, señaló hoy Amnistía Internacional (AI) en un reporte.

Se está llevando a cabo un “mecanismo de control de las protestas para limitar el ejercicio de libertad de expresión”, afirmó a Efe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.

Una delegación de Amnistía viajó a la capital del país, Tegucigalpa, para encontrarse con activistas y víctimas de violaciones ocurridas en el marco de la crisis postelectoral y el estado de excepción decretado por el Gobierno hondureño el día 1 de diciembre.

El país centroamericano vive una crisis política desde el día de las elecciones, cuando tanto el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, como el candidato del gobernante Partido Nacional y actual mandatario del país, Juan Orlando Hernández, se autoproclamaron presidente electo.

El registro definitivo en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó a Hernández, quien por ley todavía no puede ser declarado presidente electo, con el 42,98 % de los votos y a Nasralla, quien acusa fraude electoral, con el 41,38 %.

Amnistía, que también mantuvo encuentros con integrantes de la Policía Nacional y de la oficina del ombudsman, indica que las fuerzas de seguridad han empleado gas lacrimógeno y, en ocasiones, armas de fuego.

Han perseguido y arrestado a manifestantes, y los niveles de violencia son “comparables a aquellos que siguieron al golpe de Estado de 2009", defiende el texto.

Guevara-Rosas comenta que AI ha verificado que se han producido “800 detenciones, de las cuales 500 fueron durante el toque de queda” decretado en el país y el resto en manifestaciones.

En ocasiones, los detenidos son presentados ante la autoridad ministerial señalados como responsables del delito de robo agravado, pero sin evidencias, precisa.

También se ha registrado la detención de nueve menores, que acusados por robo agravado fueron puestos en libertad bajo proceso, y bajo la prohibición de que participen en manifestaciones.

De acuerdo con un defensor entrevistado por AI, el acoso y los golpes durante las manifestaciones son habituales en Honduras, pero “en los últimos días la situación se ha vuelto más insegura para cualquier persona que camine por las calles”.

La organización también recoge el caso de Raúl Antonio Triminio, una de las al menos 14 personas que han fallecido en el contexto de la crisis postelectoral, según los datos de defensores y servidores públicos.

Los familiares de Triminio, un albañil de 39 años, relatan que estaba protestando pacíficamente fuera de su casa la noche del 3 de diciembre cuando la policía militar llegó y le disparó en la cara.

La organización también documentó el caso de un joven que fue atacado por el mismo cuerpo y tuvo que ser hospitalizado. Testigos de los hechos argumentaron que la policía no trató de darle una advertencia ni de arrestarle, sino que “sencillamente le golpearon hasta dejarlo inconsciente”.

“La policía militar parece estar implicada en varios casos de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones y el toque de queda”, desde el cual “las fuerzas de seguridad han operado con los más altos niveles de impunidad”, subraya el documento.

El toque de queda, que ya ha sido suspendido en varios departamentos del país, es “totalmente desproporcionado e innecesario”, refirió Guevara-Rosas.

Quienes son arrestados por violar el toque de queda son retenidos hasta las cinco de la mañana en las estaciones de policía, sin tener acceso a asistencia legal.

Teóricamente, esta medida concluye este domingo, aunque la organización no tiene por seguro que esto suceda.

“Como el instrumento no se registró ante la Organización de los Estados Americanos, no hay un control ni monitoreo del mismo”, remarca la directora para las Américas, quien espera que en Honduras se realicen “investigaciones expeditas e imparciales sobre estas violaciones de derechos humanos”.


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