Unos 18 estados facilitan el acceso universitario a las personas sin documentos en EEUU

El avance económico y la necesidad de una fuerza laboral mejor preparada ha llevado a varios estados a brindar ayuda financiera o permitir a los indocumentados pagar matrícula como residentes, tendencia que tiene resistencia de un sector.

“Estamos viendo un impulso positivo por mayor acceso y equidad, aunque al mismo tiempo hay críticos que están tratando de poner fin a los avances”, dijo Meng So, directivo del grupo civil Evelyn & Walter Haas Jr.

Unos 18 estados tienen ahora leyes que permiten a los indocumentados pagar matrícula universitaria como residentes del estado y otros seis les ofrecen ayuda financiera”, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL).

Los estados de California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Minesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Texas, Utah, Washington, Oklahoma y Rhode Island permiten a estos universitarios pagar matrícula como residentes del estado y no la que pagan estudiantes internacionales que es mucho más alta.

Además, California, Minesota, Nuevo México, Oregón, Texas y Washington ofrecen asistencia financiera estatal a estos jóvenes.

Sin embargo, Georgia, Alabama y Carolina del Sur, han aprobado medidas para prohibir que los indocumentados puedan pagar matrícula como residentes, según datos de NCSL.

Alabama y Carolina no permiten a los estudiantes matricularse en ninguna de las universidades públicas del estado y Georgia les niega acceso a las cinco universidades más prestigiosas del estado.

Georgia por ahora no reconoce el estatus de “presencia legal” que otorga el alivio migratorio del presidente Barack Obama, DACA, a indocumentados que llegaron al país de niños y deben pagar como extranjeros en las que se les permite la inscripción.

So explicó que las posibilidades de los indocumentados a continuar los estudios universitarios depende de la zona geográfica donde residen. Ello debería estar limitado “por los méritos que cada estudiante tiene” no por el lugar o estatus migratorio, indicó.

Señaló que pese a los detractores, en gran medida por el ambiente antiinmigrante en contienda electoral, son más los beneficios que los efectos negativos de un mayor acceso de estos estudiantes a educación superior.

No permitirle esa posibilidad, le cuesta a Georgia cerca de 10 millones de dólares al año y tiene un efecto negativo en la economía y en el nivel de competitividad del estado, según un informe estatal de 2015.

Los jóvenes que abandonaron sus estudios en 2008, le costarán a los estados cerca de 319.000 millones de dólares en pérdidas por salarios a lo largo de sus vidas, de acuerdo con NCSL.