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Piden que cesen contratos con privados que administran centros de inmigrantes

Activistas pro-inmigrantes pidieron a las autoridades que, al igual que han hecho con las prisiones, pongan fin a los contratos de las empresas privadas que administran los centros de detención de inmigrantes, donde aseguran se comenten los mismos abusos que en las cárceles.

Activistas pro-inmigrantes pidieron a las autoridades que, al igual que han hecho con las prisiones, pongan fin a los contratos de las empresas privadas que administran los centros de detención de inmigrantes, donde aseguran se comenten los mismos abusos que en las cárceles.

(agencia reforma)

Activistas pro-inmigrantes pidieron a las autoridades que, al igual que han hecho con las prisiones, pongan fin a los contratos de las empresas privadas que administran los centros de detención de inmigrantes, donde aseguran se comenten los mismos abusos que en las cárceles.

“Estamos muy satisfechos con la noticia, pero aún falta mucho trabajo por hacer para reducir la población en las prisiones. El Departamento de Seguridad Nacional debería terminar también sus contratos con los centros de detención de inmigrantes”, dijo a Efe Bob Libal, director ejecutivo de la organización Grassroots Leadership, que aboga por reducir la población penitenciaria.

La medida anunciada por el Departamento de Justicia afecta en su mayoría a las prisiones conocidas como Criminal Alien Requirement (CAR), cuya población son extranjeros, detenidos en su mayoría por haber ingresado ilegalmente al país o reingresado luego de haber sido deportados.

De acuerdo con datos de Grassroots Leadership, estos dos cargos representaron casi la mitad (49 %) de las acusaciones federales en el 2015. El primer caso conlleva una pena de prisión de hasta 180 días y el segundo, de hasta dos años.

La organización señaló que la criminalización de los inmigrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en las cortes federales y el sistema federal de prisiones en la última década.

“Cada vez son más las personas en detenidas en estas prisiones por haber reingresado después de una deportación, que es un delito grave que hace unos diez años raramente se enjuiciaba”, señaló el activista.

La organización señala que la reclasificación de las prioridades en cuanto a estos delitos ayudaría a reducir significativamente la población penitenciaria y representaría un importante paso para poner fin a lo que consideran se han convertido en prisiones “segregadas” para prisioneros extranjeros.

En un reporte dado a conocer una semana antes de que se anunciara la decisión, las autoridades federales señalaron razones de costo y seguridad dentro de las prisiones operadas de forma privada como lo que motivó el cambio.

El informe documentó las condiciones en las prisiones bajo administración privadas, que incluyen tasas más altas de agresiones tanto entre internos, como entre reclusos y el personal, así como denuncias por falta de acceso a cuidado médico y comida de baja calidad, entre otras.

El reporte además incluyó varios casos de revueltas y protestas en instalaciones privadas, entre las que se encuentra una ocurrida en mayo de 2012 en un centro de Misisipi en el que 20 personas resultaron heridas y murió un funcionario del correccional.

Las causas que han motivado al Departamento de Justicia a tomar la decisión en cuanto a los contratos con prisiones privadas, son las mismas que deberían tomarse en cuenta para terminar con los centros de detención de indocumentados operados de la misma forma.

“Si vemos la justificación que el Departamento de Justicia ha dado es realmente un reporte concluyente sobre la industria de las prisiones privadas y realmente tenemos la esperanza de que otras agencias, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional hagan lo mismo”, dijo el representante de Grassroots Leadership.

Para Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South, el cambio de rumbo es un reconocimiento de los abusos que organizaciones civiles han denunciado por años, tanto en Georgia como en otros estados con centros de detención y prisiones

“Hemos estado presionando por mucho tiempo para sacar a las corporaciones del sistema de prisiones, mientras documentábamos el impacto de tener a estas corporaciones a cargo de los detenidos”, dijo a Efe Shahshahani.

De acuerdo con un reporte de 2014 de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), denominado “Warehoused and Forgotten: Immigrants Trapped in Our Shadow Private Prison Industry”, documentó presuntos abusos cometidos en más de una decena de centros de detención de inmigración.

Asimismo, ACLU y otras organizaciones civiles también han denunciado los presuntos abusos a los que son sometidos los indocumentados recluidos en los cuatro centros de detención de Georgia, entre ellos el de Stewart, en el cual varios detenidos han hecho huelgas de hambre para protestar contra el trato que reciben.


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