No habrá cargos contra agente fronterizo por muerte de Anastasio Rojas en 2010

El Departamento de Justicia no presentará cargos criminales por la muerte de un mexicano que falleció luego de que autoridades fronterizas estadounidenses le dispararan con un arma aturdidora hace cinco años, anunciaron el viernes las autoridades federales mientras cerraban la investigación.

El fallecimiento en mayo de 2010 de Anastasio Hernández Rojas, de 42 años, provocó quejas de uso excesivo de la fuerza, incluyendo una por parte del presidente de México en ese entonces, por lo que investigadores del Departamento de Justicia examinaron el caso en busca de evidencias de violación a los derechos civiles.

Pero las autoridades federales señalaron que no encontraron evidencia suficiente para un juicio penal. Informaron que aceptaron el argumento de los agentes de que utilizaron fuerza razonable y necesaria para contener a Hernández Rojas al momento en que “no cooperó y se tornó agresivo”.

La viuda de Hernández Rojas, María Puga, se sintió decepcionada con el fallo.

“Tras esperar cinco años por una decisión del gobierno, esta es la peor noticia que uno puede recibir”, dijo. “Las autopsias fueron claras en que esto fue un homicidio. No sé por qué no van a hacer nada. Mi esposo murió por descargas eléctricas y golpes”.

El altercado comenzó cuando Hernández Rojas, a quien las autoridades descubrieron que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos, era deportado a Tijuana, México, a través del ajetreado cruce fronterizo de San Ysidro.

Según el Departamento de Justicia, Hernández Rojas comenzó a luchar con los agentes una vez que le quitaron las esposas y manoteó y pateó mientras los agentes intentaban someterlo. Un miembro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le disparó con un arma aturdidora, y poco después su respiración se hizo lenta y perdió el conocimiento, informaron autoridades federales.

Murió un par de días después de que lo desconectaran del ventilador.

Las autopsias mostraron que Hernández Rojas sufrió un ataque cardiaco durante la confrontación, aunque el mal cardiaco, las descargas eléctricas del arma aturdidora y una intoxicación por metanfetaminas se describieron como factores que contribuyeron al deceso, afirmó el Departamento de Justicia.

Andrea Guerrero de la organización Equality Alliance, que ayudó a la familia, dijo que el caso demuestra la necesidad de reformas para atender la fuerza excesiva usada por agentes de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

Cuando un jurado investigador federal comenzó a indagar en 2012, 16 miembros del Congreso le habían escrito a la secretaria de Seguridad Nacional en ese momento, Janet Napolitano, para expresarle que el fallecimiento de Hernández “podría ser emblemático de problemas estructurales más grandes”.

“Tenemos una crisis de políticas en este país y la CBP la encabeza”, comentó Guerrero. “La decisión de hoy de no ir a juicio alimenta la impunidad en la agencia y no hace nada por atender la crisis en la que estamos sumidos”.

Es extremadamente raro que las autoridades fronterizas estadounidenses enfrenten cargos criminales por la muerte o lesiones de los migrantes.

Para abrir un proceso por violación de derechos civiles, el Departamento de Justicia hubiera tenido que demostrar que las autoridades federales despojaron intencionalmente a Hernández de sus derechos al utilizar fuerza excesiva, un criterio legal difícil de alcanzar.

“No existe accidente, error, temor, negligencia o mal juicio suficiente para establecer una violación federal criminal de los derechos civiles”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

La familia de Hernández Rojas interpuso una demanda civil en contra de ocho agentes y cuatro supervisores. La demanda alega que violaron los derechos de Hernández Rojas al golpearlo una vez que había solicitado ayuda. También se argumenta que su muerte privó a sus hijos de su derecho a poder relacionarse con su padre.

Un juez federal de San Diego falló que el caso puede ir a juicio. Los acusados señalaron que el uso de la fuerza estaba justificado porque Hernández Rojas representaba una amenaza para los agentes y han apelado la decisión del juez de que el caso pueda ir a la corte.