Juez de Louisiana opera cárcel para pobres

Un juez de Louisiana dirige una moderna prisión para deudores a la que envía a los acusados pobres que no pueden pagar multas y les cobra una cuestionable “comisión por prórroga” para evitar tiempo tras las rejas, acusaron abogados de derechos civiles en una demanda interpuesta el martes.

El Southern Poverty Law Center (SPLC por sus siglas en inglés) presentó la demanda en contra del juez Robert J. Black y contra la corte de Bogalusa City. Es el episodio más reciente en una oleada de impugnaciones legales a lo largo del país a un sistema que sus detractores acusan que criminaliza a los pobres.

“Supuestamente, los castigos son para hacer justicia y no para criminalizar la pobreza”, dijo Micah West, abogado del SPLC.

Los abogados de derechos civiles introdujeron en septiembre una demanda similar en Nueva Orleans, en la que alegan que cientos de personas han sido encerradas debido a que no tenían dinero para pagar las tarifas de la corte, y a miles más se les amenaza con ser arrestados cada año por no pagar sus deudas de la corte. Varios casos similares han ido a tribunales de Washington, Mississippi y Missouri.

La demanda interpuesta el martes argumenta que el juez envía regularmente a prisión a las personas que no pueden pagar multas por infracciones de tránsito y ofensas menores, sin siquiera revisar si son capaces de pagarlas. La demanda describe a un hombre —Rozzie Scott— que recibió una multa de 450 dólares por robar 5 dólares en alimentos y posteriormente fue encarcelado por cuatro horas debido a que no pudo pagar la multa ni la comisión por prórroga. Eventualmente, su primo pagó la tarifa de 50 dólares y fue liberado.

Scott, quien volverá a comparecer el 25 de julio, dijo en una entrevista con The Associated Press que no está seguro de cómo va a pagar la multa. Actualmente no tiene trabajo y ya fue a disculparse con el dueño de la tienda en la que está acusado de robar un trozo de carne y pizza para alimentar a su familia.

El grupo señala que el sistema judicial de Bogalusa utiliza los costos de la corte y las tarifas para cubrir un déficit del presupuesto de entre el 20 y 30%.

“La corte de la ciudad es financiada por los pobres”, afirma la demanda. “Este conflicto estructural de intereses crea un incentivo para que el juez Black declare a los acusados culpables y coaccione el pago con la amenaza de tiempo en prisión”.

El juez no respondió a las llamadas telefónicas ni correos electrónicos en los que se le solicita comentario.