Inician campaña de 12 meses para promever la reforma migratoria

El grupo Promesa Arizona anunció ayer el lanzamiento de una “intensa campaña de 12 meses” para luchar por la aprobación de una reforma migratoria a nivel nacional.

“No podemos darnos por vencidos, solamente porque los expertos nos dicen que una reforma migratoria está muerta. No podemos dar la espalda a las vidas de millones de hombres, mujeres y niños que cada día viven con el miedo de la deportación”, dijo Petra Falcón, directora del grupo, durante una conferencia de prensa ofrecida el Capitolio Estatal en Phoenix.

La activista aseguró que la campaña que lleva el título de “Votar, Defender y Ganar un Alivio”, tendrá el propósito de ejercer presión en los candidatos a congresistas y presidentes en los comicios electorales de 2016.

El anuncio se da un día después de que se desarrollen en todo el país decenas de marchas para pedir que se desbloqueen en las instancias judiciales las medidas ejecutivas que anunció el presidente Obama hace un año, y que ampliaban los alcances de la Acción Diferida (DACA) y creaba su equivalente para padres de residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses (DAPA).

Las medidas, que beneficiarían a más de cinco millones de indocumentados, se encuentran suspendidas por un juez federal ante la solicitud que hizo una coalición de 26 estados, liderados por Texas, para que paralice su puesta en marcha y cuyo futuro ahora se halla en manos del Tribunal Supremo.

“Esta demanda, de la cual también forma parte Arizona, esta dañando a millones de familias inmigrantes cuyo único deseo es dar una mejor vida a sus hijos y contribuir al país al que ahora llaman casa”, manifestó Falcón.

Durante los próximos meses, Promesa Arizona llevará a cabo huelgas de hambre, marchas, demostraciones y otros actos con miras a sacar adelante una reforma migratoria integral.

La campaña se dirige también contra el Gobierno de Arizona, que actualmente ha interpuesto dos apelaciones contra medidas que benefician a inmigrantes, una que permite la emisión de licencias de conducir a jóvenes “soñadores” amparados bajo el programa DACA y otra que les otorga el derecho de pagar colegiaturas como residentes en universidades y colegios comunitarios.