Anuncian “mejoras” en los centros de detención familiar

WASHINGTON.- La Directora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Sarah Saldaña, anunció hoy que se realizarán “mejoras” en las condiciones de los centros de detención para familias inmigrantes indocumentadas que hay repartidos en el país.

El anuncio de Saldaña no tendrá ningún efecto inmediato, sino que el primer paso será el envío de un supervisor a cada centro para que revise las condiciones en las que viven las familias detenidas, para luego poder implementar las mejoras que se consideren oportunas.

“Aunque me da gusto que la Administración haya reconocido que el sistema de detención familiar necesita supervisión y rendición de cuentas, las reformas propuestas no son suficientes. Ponerle fin a la detención familiar es la única solución”, indicó en un comunicado el líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid.

“Poner fin a la detención familiar es la única solución. Detener a mujeres y niños que están huyendo de la pobreza extrema, persecución, abuso y violencia es inaceptable y va en contra de nuestros valores fundamentales”, concluyó el senador por Nevada.

Dilley (Texas), con capacidad para 2.400 personas, es uno de los cuatro centros de detención para familias con los que cuenta Estados Unidos y que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los otros están ubicados en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania), y en pleno rendimiento pueden albergar a cerca de 4.000 inmigrantes indocumentados.

Tras llegar al poder en 2009, el presidente Barack Obama cerró todos los centros de detención para familias inmigrantes del país, pero la oleada de indocumentados durante el último año fiscal provocó la decisión del Gobierno de volver a utilizar instalaciones de este tipo con el objetivo de disuadir nuevas llegadas.

Según datos oficiales, más de 66.000 menores de edad no acompañados y un número similar de personas en unidades familiares cruzaron la frontera sur de EE.UU. durante ese periodo, huyendo la mayoría de la violencia y el narcotráfico en sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Muchas son las voces que han pedido al Gobierno el cierre de los centros de detención para familias y el fin de esa práctica.

En octubre pasado, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la detención de familias supone “una respuesta inadecuada” a una crisis humanitaria y dijo que la reapertura de estos centros es “un retroceso” en la política migratoria de EE.UU. tras visitar el centro de Karnes City.