Alerta abuso sexual de Patrulla Migratoria

Digna Quezada no pudo detener al agente de la Patrulla Fronteriza que cerró la puerta del cuarto en el hospital.

Después, apenas y se atrevió a decirle algo a una enfermera.

“Estaba en shock. Quería contarle a alguien, pero pensé que nadie me iba a creer”, relata la joven mexicana en una demanda interpuesta por abuso sexual.

Quezada, quien se había roto el brazo en el centro de detención de migrantes donde permanecía después de cruzar ilegalmente la frontera, fue regresada a México sin que el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) investigara sus acusaciones.

La demanda está cerca de ser desechada, denunció su abogado a REFORMA.

“El Gobierno dice que no puede atribuírsele la culpa. El agente dijo que no que tocó a Digna y todos se apresuraron a creerle”, sentenció Javier Maldonado.

Pero el caso de Digna Quezada está lejos de ser el único.

Según una investigación, dos de los organismos policiales más grandes de Estados Unidos, cobijados por el DHS, son también los que más casos de abuso sexual suman.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de la que depende la Patrulla, recibió 285 acusaciones contra sus agentes por maltrato sexual desde 2009.

Al menos 35 de las acusaciones refieren abuso a niños, según James Tomsheck, el ex encargado de asuntos internos de la Agencia.

De acuerdo con CBS News, como mínimo 44 de los 285 casos permanecen impunes o sin investigar.

“Yo sabía que era un problema significativo, pero quizá es aún peor de lo que pensé”, dijo Tomsheck en entrevista con CBS.

Por su parte, la Agencia de Inmigración y Aduanas recibió 215 acusaciones por abuso sexual en centros de detención de migrantes, entre octubre de 2009 y marzo de 2013.

Del total, 208 casos fueron descartados por presunta falta de evidencia, de acuerdo con la Oficina de Fiscalización del Gobierno.

Estos datos, según admite un reporte interno del Departamento de Seguridad Interior, subestiman las cifras reales a falta de estadísticas confiables y casos no reportados.

“Los incidentes que sí se conocen sólo son la punta del iceberg”, indicó Meghan Rhoad, encargada de asuntos de mujeres de Human Rights Watch.

Casos como el de Digna Quezada, al menos, han forzado la mano de las autoridades.

El ex Secretario de Justicia Jeh Johnson ordenó en septiembre --dos meses después de que la mexicana presentara su caso ante una corte de Brownsville-- implementar estándares de protección contra acoso y abuso sexual en centros de detención de migrantes.

Pero el abogado de Quezada afirma que las medidas no tendrán ningún efecto.

“No tengo nada de fe en que vaya a ser eficaz la ‘nueva’ política (...) el principal interés del Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia es protegerse a sí mismos”, sentenció Maldonado.

De hecho, aunque el anuncio del DHS fue dado en septiembre, no se estableció cuándo comenzarían a ser implementadas las medidas contra el abuso y acoso.