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Abusador sexual acusado de violar a una adolescente vivía en forma ilegal en el país

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El delincuente sexual acusado la semana pasada de asaltar a una menor de 14 años en Santa Clarita vive en el país en forma irregular, dijeron las autoridades. El individuo había sido puesto en libertad recientemente, luego de pagar su fianza para seguir su proceso legal en libertad y con su familia.

Keane Dean, de 26 años y nacido en Filipinas, fue puesto en libertad el mes de abril al pagar una fianza de 10 mil dólares. Lo que significa que durante su proceso legal, el individuo permanecería libre; aunque anteriormente había sido el blanco de una deportación debido a sus antecedentes criminales.

La niña de 14 años de edad, quien fue encontrado en el garaje de Dean, dijo a los investigadores que Dean se hizo amigo de ella en un supermercado el día anterior, de acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

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El inmigrante ha sido acusado de dos cargos en relación a abuso sexual infantil y estaba detenido con una fianza de 110 mil dólares.

En las últimas semanas, la muerte de Kathryn Steinle, en San Francisco, a manos de un inmigrante que había sido deportado cinco veces vino a encender los focos rojos entre las personas y activistas contra la migración ilegal. Ellos estaban indignados con las autoridades porque el sheriff no había entregó al sospechoso a las autoridades de inmigración.

Dean fue puesto en libertad a través de un proceso legal y diferente; en este caso, el acusado pagó una fianza, un requisito otorgado a la mayoría de los inmigrantes detenidos en el sur de California por más de seis meses.

Pero para algunos, el caso de Dean es otra tragedia como resultado de una indulgencia en el tratamiento a los inmigrantes sin documentos que cometen crímenes en el país.

“Mantener detenidos a los inmigrantes deportables es imperativo porque siempre hay un riesgo, y en el caso de criminales porque hay posibilidad de que vuelvan a reincidir”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración.

En marzo de 2014, Dean fue detenido cuando se tocaba su cuerpo inapropiadamente en un atienda Macy’s y fue prohibido su acceso a la galería de Glendale por tres años. El individuo había sido sentenciado a seis meses en una cárcel estatal por mostrarse indecentemente y a 16 meses por robo, delitos que debían estar siendo cumplidos ahora, dijo el vocero de la fiscalía del distrito.

Dean también fue acusado y encontrado culpable en el 2008 por conducta lasciva en público.

El abogado de Dean, defensor público de Los Ángeles, Irv Rubin, dijo el viernes que él inmigrante ya no es su cliente y hasta el momento no tiene abogado.

Después de cumplir su sentencia en la prisión estatal en el Valle de Kern, Dean fue puesto a manos de las autoridades de inmigración en octubre de 2014, y encarcelado en el Centro de Detención de Adelanto.

Desde el 2012, los reos migrantes de Adelanto y tres otros centros de detención han recibido la oportunidad de una audiencia, lo que les permite también tener derecho a una fianza en un plazo no mayor de seis meses. Esto fue el resultado de una demanda de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) en el Sur de California. Los detenidos que tienen derecho a estas audiencias son aquellos que tienen detención obligada debido a sus historiales criminales, incluyendo a residentes legales y aquellos que son detenidos cruzando la frontera en forma ilegal.

Para que un juez niegue la fianza se tiene que probar primero que los detenidos son un riesgo, aunque sea menor, para la sociedad y un peligro para la comunidad.

“Esta orden de la corte no inundará nuestras calles de criminales peligrosos tratando de escapar de las leyes migratorias de América”, dijo Kim Wardlaw, del noveno cirquito de la Corte de Apelaciones, el 23 de abril de 2103; una opinión que ayudó a aclarar la necesidad de las fianzas.

Dean fue puesto en libertad el 29 de abril, luego de poner una fianza de 10 mil dólares.

Las fianzas dan a los detenidos, muchos de los cuales viven en Estados Unidos en forma ilegal, la oportunidad de reunirse con sus familias, mientras luchan contra su deportación, dijo Ahilan Arulanantham, director legal de la ACLU.

Alejandro Rodríguez, el detenido principal en dicha demanda legal, estuvo en un centro de detención por tres años. Él tenía residencia permanente, misma que perdió en el 2003 por sus delitos de posesión de droga y en 1998 por haber robado un vehículo.

“Esta regla provee un proceso legal, y sería un error abandonarla sólo por tener uno o algunos ejemplos de personas que salen en libertad y hacen cosas malas”, dijo Arulanantham.

De acuerdo con estadísticas administradas por la ACLU, un 70% de los 1,680 presos que se les otorgó una fianza de octubre de 2012 a abril de 2014, pudieron pagarla y salieron en libertad. Esta organización dijo no tener estadísticas en cuanto a los porcentajes de detenidos con historial criminal o un porcentaje de las personas que han cometido crímenes, mientras están en libertad.

Después de que Dean salió en libertad, él se reportaba con las autoridades de migración regularmente y los oficiales visitaban su hogar, dijo Virginia Kice, vocera de ICE. El portaba un monitor con tecnología de GPS como parte de su libertad condicional.

Kice indicó que Dean había caído en manos de la ley antes de sus acusaciones de 2014, pero no pudo explicar el por qué no había sido deportado anteriormente.

Los padres de la menor de 14 años descubrieron como a las 9:30 p.m. del 14 de julio que su hija había desaparecido; los oficiales inmediatamente empezaron a buscar el historial del teléfono y encontraron que la víctima había estado hablando con Dean recientemente. Fueron a su casa y Dean le dijo al sheriff que no sabía nada de la menor.

Sin embargo, los agentes buscaron en su hogar y encontraron a la pequeña en el garaje de su casa. La víctima les dijo a las autoridades que Dean la había violado, dijo el sheriff.

@cindychangLA

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