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Se quedarían un 87% de de las personas sin documentos en EE.UU.

Un reporte encontró que 13 por ciento de los cerca de 11 millones de inmigrantes sin documentos, es decir aproximadamente 1.4 millones de personas, tienen registros criminales o recientemente cruzaron la frontera de manera ilegal, lo que los vuelve prioritarios para la deportación bajo los lineamientos que la Administración de Obama anunció en noviembre y puso en vigor el 1 de julio.

Un reporte encontró que 13 por ciento de los cerca de 11 millones de inmigrantes sin documentos, es decir aproximadamente 1.4 millones de personas, tienen registros criminales o recientemente cruzaron la frontera de manera ilegal, lo que los vuelve prioritarios para la deportación bajo los lineamientos que la Administración de Obama anunció en noviembre y puso en vigor el 1 de julio.

Bajo las nuevas políticas de inmigración, la mayoría de los inmigrantes no autorizados dejarían de ser una prioridad para la deportación.

Bajo los nuevos programas de control de la inmigración que la Administración Obama está poniendo en marcha por todo Estados Unidos, la mayoría de los inmigrantes no autorizados -hasta el 87 por ciento- no estaría en la mira de las operaciones de deportación.

Además, tendrían “un grado de protección” para permanecer en EE.UU., de acuerdo con un reporte publicado esta semana por el Migration Policy Institute, un grupo de investigación no partidista en Washington.

El reporte encontró que 13 por ciento de los cerca de 11 millones de inmigrantes sin documentos, es decir aproximadamente 1.4 millones de personas, tienen registros criminales o recientemente cruzaron la frontera de manera ilegal, lo que los vuelve prioritarios para la deportación bajo los lineamientos que la Administración de Obama anunció en noviembre y puso en vigor el 1 de julio.

Probablemente el nuevo programa resulte en una caída en las deportaciones en hasta 25 mil al año, según el reporte, pero aumentarían para quienes fueron condenados por delitos graves, representan amenazas para la seguridad nacional o fueron atrapados cruzando la frontera ilegalmente.

Los hallazgos llegan al mismo tiempo que las políticas federales y locales de inmigración están bajo un intenso escrutinio tras la muerte, el 1 de julio, de Kathryn Steinle, quien fue fatalmente baleada en un muelle en San Francisco por un inmigrante mexicano con un largo historial de condenas por delitos graves y deportaciones. Juan Francisco López Sánchez fue liberado por el sheriff de San Francisco, sin que se notificara a agentes federales.

Aunque el Migration Policy Institute no es una organización de defensa, su investigación ha dado apoyo a medidas que otorgan estatus legal a inmigrantes no autorizados. Su reporte se basa en datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Censo, entre otras fuentes.

Funcionarios de la Administración dijeron que iniciaron los nuevos programas para mejorar la cooperación con más de 300 ciudades como San Francisco, que aprobó leyes que limitan la cooperación con autoridades federales, diciendo que éstas estaban levantando a inmigrantes asentados desde hace mucho tiempo sin historial criminal y con familias en EE.UU.

El reporte se enfoca en programas que fueron parte de un amplio paquete que anunció el Presidente estadounidense Barack Obama en noviembre. Las más destacadas de esas iniciativas, que habrían otorgado aplazamientos de deportación y permisos laborales a tantos como 5 millones de inmigrantes no autorizados, fueron desafiadas por 26 estados y han sido detenidas por tribunales federales.

Pero al mismo tiempo, Jeh Johnson, Secretario de Seguridad Nacional, emitió nuevos lineamientos que enfocan a los agentes de procuración de justicia en tres prioridades de deportación, con la principal incluyendo amenazas de seguridad nacional, miembros de bandas delictivas, criminales condenados y quienes hayan cruzado las frontera recientemente.

Las otras prioridades incluyen infractores reincidentes con delitos menores y personas que entraron ilegalmente a EE.UU., o que se ordenó que fueran deportadas después del 1 de enero del 2014.

“Las nuevas prioridades se enfocan más precisa y estrechamente en personas condenadas por crímenes y amenazas a la seguridad pública”, dijo Marc R. Rosenblum, autor del reporte y subdirector del instituto para el programa de política migratoria de EE.UU.

Si los nuevos programa federales se llevan a cabo como se planeó, indicó Rosenblum: “los inmigrantes que tienen mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y no cometan delitos recibirán un grado de protección y probablemente no enfrentarán la deportación”.


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