Policía de San Francisco defiende liberación del inmigrante mexicano

El jefe de policía de San Francisco defendió férreamente el viernes la liberación de un inmigrante mexicano —que más tarde fue acusado de asesinar al azar a una mujer joven— alegando que las autoridades federales no pudieron proveer de bases legales para mantenerlo retenido.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de policía de San Francisco, Ross Mirkarimi, dijo que su departamento siguió con los procedimientos y que se apegó a las leyes locales al momento de liberar a Juan Francisco López Sánchez en abril pasado luego de que se desechara una orden de arresto de varios años en su contra por posesión de marihuana.

Sánchez está acusado de asesinar a tiros a una mujer de 32 años el pasado 1 de julio, mientras caminaba por el muelle de la ciudad acompañada de su padre. Sánchez estaba ilegalmente en Estados Unidos y ha sido deportado en cinco ocasiones.

Tras su arresto por la muerte de Kathryn Steinle, se reveló que López tenía siete condenas por delitos graves relacionados a las drogas.

También se esclareció que la Jefatura de Policía de San Francisco, citando la política de la ciudad con respecto a los inmigrantes sin antecedentes penales, había liberado a López Sánchez pese a que existía una solicitud federal de inmigración para retenerlo hasta que las autoridades pudieran ponerlo bajo custodia para los procedimientos de deportación.

Sánchez ha estado bajo custodia policial desde su arresto más reciente. Asegura que encontró el arma bajo una banca y que se accionó de manera accidental.

Mirkarimi ha solicitado una revisión a las comunicaciones entre su departamento y las autoridades federales. “Una tragedia de esta dimensión requiere a que demos un paso atrás y revisemos nuestras políticas”, aseguró.

“Nuestra política seguirá siendo un reflejo del espíritu de la ley”, agregó.

El asesinato ha reavivado las críticas a la ciudad por parte de políticos de ambos partidos y se convirtió en el más reciente punto focal del debate sobre cómo lidiar con la inmigración ilegal.

Los grupos que defienden las medidas más estrictas de migración, esperan que el episodio genere una colaboración más cercana entre las autoridades locales y de inmigración. En los últimos años, California, Connecticut, Rhode Island y el Distrito de Columbia se han unido a otras 293 ciudades y condados que restringen la cooperación, de acuerdo a la organización Catholic Legal Inmigration Network Inc. (Red Católica de Inmigración Legal Inc.).