Janet Napolitano: por qué demando al gobierno de Trump por el fin de DACA

Janet Napolitano: por qué demandó al gobierno de Trump por el fin de DACA

Como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), hace poco más de cinco años firmé la directiva que creó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Niñez (DACA).

El martes pasado, el presidente Trump puso fin a éste por apenas un capricho.

El viernes, en mi calidad de presidente de la Universidad de California, presenté una demanda en una corte federal para impedir que el gobierno despoje a los receptores de DACA de su capacidad de vivir, estudiar y trabajar en nuestro país sin miedo a la deportación.

Por definición y práctica, los receptores de DACA fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. No conocen otro país que no sea el que compartimos. Pagan impuestos, contribuyen con nuestra economía -casi el 55% de ellos han comprado automóviles, el 12% poseen casas y el 6% han puesto en marcha negocios que crean empleos para los ciudadanos de los Estados Unidos-. Además, buscan servir en nuestro ejército y mejorar mediante la educación. En todos los sentidos excepto uno, son estadounidenses.

Reconozco que es inusual para una ex funcionaria del gabinete demandar a la propia agencia que alguna vez dirigió. Puede resultar aún más raro calificar como inconstitucional, injusta e ilegal la eliminación de un programa originalmente establecido por la demandante -yo- en este litigio.

Mi enojo por la rescisión de DACA no se debe al orgullo por el trabajo realizado para crear este programa, aunque estoy muy orgullosa de él. En cambio, está motivada por el daño que su eliminación causará a los llamados Dreamers de la Universidad de California, el sistema de 10 campus que actualmente lidero, y a los casi 800,000 jóvenes como ellos que viven en todo el país.

Como presidente de UC, he visto las contribuciones excepcionales que los Dreamers hacen a la nación; ellos representan lo mejor de nuestro país. Todos los beneficiarios de DACA han pasado por un riguroso proceso que verifica que son miembros productivos de nuestras comunidades y tienen buenos antecedentes, entre ellos hay más de 100,000 han renovado sus aplicaciones ya con la administración Trump.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional, al rescindir DACA, afirma sin fundamento que éste era ilegal. No ofrece ninguna justificación basada en los méritos propios del programa, sino más bien en la supuesta ilegalidad de un programa distinto, con reglas diferentes y enfocado en otros inmigrantes (los padres de los jóvenes elegibles por DACA), algo que nunca entró en vigor. Esa justificación es lisa y llanamente errónea. El programa DACA era un ejercicio legal de la discrecionalidad del departamento y ningún tribunal consideró que DACA fuera inválido.

De hecho, en 2014, la oficina del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que revisa la constitucionalidad de las acciones ejecutivas determinó que DACA era lícito. Ahora, el DOJ del gobierno de Trump no ofrece ningún análisis razonado para su giro de 180 grados.

La Ley de Procedimiento Administrativo prohíbe que las agencias federales actúen de manera arbitraria y caprichosa, exactamente lo que ha hecho el DHS en su rescisión de DACA. El departamento no ha tenido en cuenta el interés de los Dreamers -como su expectativa de poder estudiar, trabajar y vivir en el único país que conocen- o, si el programa termina, qué pasará con las comunidades y universidades donde abundan los destinatarios de DACA.

Finalmente, la rescisión de DACA por parte del departamento pisotea los derechos al debido proceso de la Universidad de California, sus estudiantes y empleados. El DHS no puede quitar esos derechos mediante un mandato ejecutivo.

La acción de la administración Trump daña a los receptores de DACA desde una perspectiva legal, y a nuestro país desde lo moral. El gobierno le dice a estos jóvenes que, como nación, no valoramos su obvia valía, y que tenemos la intención de tratarlos del mismo modo que a un adulto que ha cruzado la frontera recientemente. Todo esto es incorrecto, injusto, mezquino y legalmente dudoso.

Como presidente de la Universidad de California, es mi trabajo proteger a los estudiantes en nuestros campus. Como autora del programa DACA, conozco su base jurídica y sus objetivos. En calidad de ambos, demando a la administración porque sus acciones del martes pasado dañarán a jóvenes inocentes y, por extensión, a todos nosotros.

Traducción: Valeria Agis

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