En su adolescencia golpeó salvajemente a una compañera; el ataque quedó en el olvido, hasta que ingresó en la política

Los republicanos del condado de Broward, Florida, sabían muy poco acerca de Rupert Tarsey cuando se postuló para un puesto vacante en el comité ejecutivo del partido local. Pero el joven hombre tenía una cierta credibilidad política decente.

Antes de las elecciones presidenciales de 2016, les dijo, había tocado miles de puertas y conseguido que 50 republicanos en el enclave liberal se registraran para votar a favor de la campaña presidencial de Donald Trump. Además, rezaba en la misma iglesia que el vicepresidente del comité, encabezaba un capítulo local del grupo fraternal católico Caballeros de Colón y provenía de una acaudalada familia de California, con cuatro generaciones en bienes raíces.

Unos meses después de unirse al partido local, el joven de 28 años fue elegido secretario en mayo pasado, luego de derrotar a dos contendientes que habían estado allí por más tiempo.

Pero algo hizo que Bob Sutton, presidente del comité, se sintiera extraño respecto de Tarsey. Después de unos meses, Tarsey fue tras su puesto, señalaron los miembros, y trabajó para convencer al comité de que lo derrocara. Fue entonces cuando Sutton comenzó a recibir llamadas telefónicas con advertencias de que Tarsey no era exactamente lo que parecía. “Houston, tenemos un problema”, le dijo una persona que llamó.

No pasó mucho tiempo antes de que el pasado del joven saliera a la luz.

Todo había comenzado hace una década, a unas 2,700 millas de distancia, en la exclusiva Harvard-Westlake High School, una academia privada de preparación universitaria -donde la matrícula este año es de $37,100- que se considera un imán para los niños de la élite de Los Ángeles.

Allí, Rupert Ditsworth, un joven de 17 años, de Beverly Hills, estaba en su último año. Un día de mayo, terminó un examen de Colocación Avanzada y esperaba a un amigo cuando vio a otra compañera, Elizabeth Barcay, y la invitó a ir a almorzar en su Jaguar. Se conocían desde hacía dos años y habían comido juntos antes. Ella aceptó.

Fueron con el auto hasta un Jamba Juice y pidieron batidos. Después del almuerzo, Ditsworth le preguntó si podía acompañarlo a enviar algo por correo, de camino a la escuela. Ella estuvo de acuerdo.

Poco después, precisan los registros judiciales, pasó junto a un buzón y se desvió hacia una tranquila calle residencial, donde estacionó en un callejón sin salida, con la puerta del acompañante contra la pared. Allí, le dijo a Barcay que tenía pensamientos de suicidio. Ella le sugirió volver a la escuela y ver allí a un consejero.

En cambio, indican los registros judiciales, el chico buscó dentro de su mochila, sacó un martillo y comenzó a balancearlo. Ditsworth concretó decenas de aplastantes golpes; rompió la nariz y la pierna de Barcay, le partió el cuero cabelludo y le dejó los ojos morados. La familia de la joven contó al menos 40 heridas visibles.

Durante la pelea, el arma se rompió. Entonces Ditsworth tomó a Barcay por la garganta y trató de estrangularla, testificó ella durante una audiencia preliminar.

La chica relató que le mordió un dedo al joven para detener el ataque. Él la soltó. Sangrienta y herida, logró escapar del automóvil antes de desplomarse frente a una casa cercana. Barcay sobrevivió a la embestida y emergió de la situación con una determinación feroz. Cinco días después del hecho, asistió a la fiesta de graduación en silla de ruedas y fue coronada como reina, informó el periódico estudiantil de la preparatoria en ese momento. La víctima no pudo ser contactada para comentar en este artículo.

Los fiscales presentaron tres cargos de delito grave contra su atacante: uno por intento de asesinato y dos por ataque con un arma mortal. De ser declarado culpable por esos cargos, Ditsworth se enfrentaba al resto de su vida tras las rejas.

Sin embargo, jamás pasó un día en la cárcel.

Lo que siguió, en cambio, fue una serie de movimientos que le concedieron al adolescente unos antecedentes criminales casi limpios, lo cual le permitió reinventarse en Florida.

“Cuando tienes un montón de dinero, puedes salirte con la tuya”, afirmó Celeste Ellich, vicepresidenta del partido republicano del condado de Broward, quien había apoyado la candidatura de secretario de Tarsey antes de conocer su pasado. “Pensaron que lo habían enterrado”.

El fiscal adjunto de distrito Ed Nison, quien procesó el caso en California, declaró a The Times que debido a que Ditsworth era relativamente joven, no tenía antecedentes y sufría de problemas psiquiátricos, encarcelarlo “no cumpliría el propósito que se supone debe cumplir”. “El objetivo era evitar que volviera a incurrir en ese tipo de comportamiento”, resaltó Nison. “Y simplemente encerrarlo no habría hecho nada para evitarlo en futuras circunstancias”.

Pero en ese momento, otros vieron la situación de manera diferente. “Deberías haber ido a prisión”, le dijo David Barcay, padre de la víctima, a Ditsworth en una dramática audiencia judicial en 2010. “En cambio, vas a la escuela y haces amigos, disfrutas al aire libre y posas para fotos con tus hermanos de la fraternidad con pistolas de paintball y uniformes militares... Te has mudado a Florida y creado una vida que te permitió olvidar”.

Después del ataque, los padres de Ditsworth inmediatamente lo ingresaron en un hospital de salud mental. El joven, quien previamente había sido diagnosticado con autismo, pasó tres meses en un hospital psiquiátrico en Texas, luego cuatro años en un programa de tratamiento residencial para estudiantes autistas en Florida, según los registros judiciales.

Un grupo de abogados privados lo representó en los procesos penales y negoció un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, que implicó no impugnar un cargo de ataque con arma mortal a cambio de seis años de libertad condicional. Un juez dio por cumplidos los términos después de cinco años.

Sus letrados argumentaron, de acuerdo con los registros judiciales, que Barcay gritó cuando Ditsworth confesó sus pensamientos suicidas, y que su hipersensibilidad al sonido lo hizo reaccionar para “silenciar el ruido”.

Los registros de la corte muestran que su familia resolvió una demanda civil presentada por su compañera de clase por $1.17 millones.

Ditsworth cambió su nombre a Rupert Tarsey, en honor a su madre, Patrice Tarsey, una abogada que representó a su hijo y testificó por él en los procedimientos de cambio de nombre, según los registros judiciales. Un juez concedió la solicitud en octubre de 2010.

Dos años antes había presentado una solicitud por separado para cambiar su nombre a Robert Ditsworth, como su difunto abuelo, según muestran los registros judiciales. Pero el pedido fue eliminado cuando el joven no se presentó a una audiencia en 2009. Antes de esa solicitud, y mientras su caso criminal estaba pendiente, alguien que usó el nombre “Rypert Ditworth” y con la misma fecha de cumpleaños de Tarsey se registró para votar en el condado de Broward, confirmó una vocera del Departamento de Estado de Florida.

Allí, Ditsworth continuó recibiendo 12 horas por semana de terapia conductual personalizada. Alrededor de un año después del ataque ya era considerado un estudiante de excelencia en la Universidad Nova Southeastern, en Fort Lauderdale. Allí se graduó con múltiples honores y, en 2013, obtuvo una maestría en administración de empresas. Los registros de la propiedad muestran que ahora posee un condominio frente al mar, valuado en $1.7 millones, con piscina, cancha de básquetbol y sistema de home theater.

En el transcurso de más de dos años, una psicoterapeuta envió al menos 21 cartas -que fueron obtenidas por The Times- al Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles, en las cuales describía el progreso de Ditsworth. En una misiva de diciembre de 2011, la especialista escribió que amigos cercanos de Ditsworth en la universidad lo habían elegido como padrino de su primer hijo. En otra carta, un año después, relató que cuidaba amorosamente de su nueva cacatúa y que se deleitaba en darle nuevos juguetes a su mascota.

Heidi Rummel, profesora de Gould School of Law, de USC, consideró que si bien el resultado de Ditsworth era muy inusual, le había ido bien en una segunda oportunidad.

“Esa segunda oportunidad no se le da a la mayoría: los jóvenes de color, ni los de las comunidades pobres… Cuando cometen un crimen como ése, en la mayoría de los casos pasan muchos, muchos años en prisión “, afirmó Rummel. “A muchos adolescentes les va bien con una segunda oportunidad. Deberíamos pensar en eso más a fondo para quienes ni siquiera tuvieron una primera oportunidad”.

Casi una década después del ataque, sus abogados citaron gran parte del mismo progreso detallado en las cartas cuando le pidieron a un juez que redujera su pena por delitos graves a un delito menor.

“Rupert era un estudiante de preparatoria, autista, de 17 años, inmaduro, con múltiples trastornos neurológicos y de comunicación documentados”, escribieron en la solicitud, presentada el año pasado. “Una condena por delitos graves constituiría un impedimento casi insuperable para obtener una licencia, y mucho menos un empleo en el campo en el que está capacitado”.

Funcionó. Un juez concedió la solicitud el 12 de enero de 2016. Dos días más tarde, con el delito grave borrado de sus antecedentes, Rupert Tarsey se registró para votar.

El partido republicano del condado de Broward ya estaba acosado por problemas de recaudación de fondos y cambio de liderazgo. Tarsey había sondeado a los miembros del comité, preguntándoles si lo apoyarían en una carrera por la presidencia. “En el momento en que se convirtió en secretario, decidió que quería ser presidente”, afirmó Ellich, vicepresidenta del comité. “Me dijo que quería ser ‘presidente de la Tierra’. Pensé que estaba bromeando. No tomé nada en serio en ese momento, pero supongo que realmente lo cree”.

Cuando su pasado salió a la luz, el grupo cayó en el caos. Algunos sintieron que habían sido engañados. Otros se sorprendieron de que Tarsey saltara tan ansiosamente al centro de atención con una historia de violencia tan perturbadora. Muchos lo querían fuera.

“Estoy totalmente a favor de la rehabilitación y las segundas oportunidades, pero este individuo recurrió a amplios medios para ocultar su nombre”, afirmó Sutton, el presidente del grupo. “Ningún republicano, demócrata o independiente que se precie apoyará a alguien que le dio un martillazo a una mujer”.

En un correo electrónico enviado a los miembros del comité poco después de que las revelaciones llegaran a la junta, Tarsey aseguró que la atención negativa era una represalia por el apoyo que había obtenido para derrocar a Sutton. El incidente ocurrido una década antes, escribió, fue resultado de una discusión verbal con una compañera de clase, que pasó a lo físico cuando su compañera lo pateó y lo inmovilizó contra el costado del automóvil. Él usó el martillo, dijo, en defensa propia.

“PERO PARA SER CLARO”, escribió, “AUNQUE ACTUÉ EN DEFENSA PROPIA, AÚN LAMENTO LO QUE SUCEDIÓ Y SIENTO QUE MIS ACCIONES ESTUVIERON FUERA DE LUGAR”.

Ello ocurrió hace casi tres meses.

A pesar de los numerosos pedidos para que dimita, Tarsey no lo ha hecho. Cuando este periódico lo contactó por teléfono, se negó a comentar, salvo para decir: “Realmente no veo por qué esto es una polémica: no se trata de un puesto a nivel estatal. Ésta no es una oficina pública”.

Dos reclamos, uno presentado por Tarsey contra Sutton y otro por el abogado de Sutton contra Tarsey, están pendientes ante el partido republicano de Florida.

Hasta que se conozca un fallo, el comité ejecutivo no tiene intención de reunirse. Mientras tanto, el sitio de la agrupación web menciona el puesto de secretario como vacante.

Traducción: Valeria Agis

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