Murieron asesinados 185 activistas medioambientalistas en 2015

WASHINGTON/EFE — 

Un total de 185 activistas medioambientales fueron asesinados en 2015 en el mundo, según un informe publicado hoy por la organización no gubernamental (ONG) Global Witness.

“En 2015, más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas”, señala el documento, titulado “En terreno peligroso”.

El dato de los 185 asesinatos “supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, además de un aumento del 59 % respecto a 2014”, subraya la ONG, con sedes en Washington y Londres.

Según el estudio, “las graves restricciones informativas que existen implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor”.

El año pasado, los países más peligrosos para los activistas del medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33, que representan “cifras nunca vistas en estos países”, de acuerdo con los investigadores de Global Witness.

También sobresalen Colombia (26 muertes), Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11).

Entre los activistas asesinados, el informe destaca a la hondureña Berta Cáceres, que murió el pasado marzo a manos de hombres armados que derribaron la puerta de la casa en la que se hospedaba en la localidad de La Esperanza, en el oeste de Honduras.

Entre las principales causas de los crímenes figuran la lucha contra proyectos mineros (en 42 casos), de la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

“Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, dijo el encargado de campañas de Global Witness, Billy Kyte.

“Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo”, remarcó Kyte en un comunicado.

“Por cada asesinato que documentamos -agregó-, hay muchos otros que no se denuncian. Los gobiernos deben intervenir urgentemente para detener esta espiral de violencia”.

Global Witness hace énfasis en la notable vulnerabilidad de los pueblos indígenas, “cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los convierten en el objetivo habitual del acaparamiento de tierras y recursos.

De hecho, casi un 40 por ciento de las víctimas de 2015 pertenecía a organizaciones indígenas.

Por países, el informe subraya la situación de Brasil, donde “la lucha para salvar la Amazonía cada vez está convirtiéndose más en una lucha contra bandas de delincuentes que atemorizan a las poblaciones locales a instancias de las empresas madereras y los funcionarios a los que han corrompido”.

En la Amazonía brasileña, apunta la ONG, han surgido miles de campamentos de tala ilegal en los que “hombres armados con machetes y motosierras talan árboles de valiosa madera dura, como la caoba, el ébano o la teca”.

Global Witness calcula que el 80 por ciento de la madera de Brasil se extrae de manera ilegal y que ésta representa el 25 por ciento de la madera ilegal existente en el mercado mundial.

“Una gran parte de ella -señala el texto- posteriormente se vende a compradores de Estados Unidos, Europa y China, contribuyendo a uno de los índices de deforestación más altos del mundo”.

En opinión de Kyte, “los asesinatos que ocurren en aldeas mineras remotas o en el corazón de selvas tropicales y quedan impunes son fruto de las decisiones que toman los consumidores de la otra punta del mundo”.

Aparte de Brasil, la ONG advierte también de “la situación cada vez peor que viven los pueblos indígenas de Colombia y Nicaragua, cuya tierra y recursos naturales están siendo saqueados por poderosos intereses políticos y empresariales”.

A fin de solucionar el problema, Global Witness insta a los gobiernos de los países afectados a “aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas”.

También aboga, entre otras recomendaciones, por “investigar los delitos, incluyendo a sus ‘cerebros’ corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia”.