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Reporte denuncia descontrol en las condiciones de indocumentados detenidos en Estados Unidos

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Un informe del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes de Chicago (Illinois) denunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no controla las condiciones de los centros de detención de indocumentados.

Este grupo logró que el secretario de DHS, Jeh Johnson, admitiera la semana pasada la necesidad de reformas en estos centros, aunque una de sus abogadas declaró hoy que se mantendrá la presión para que mejoren las condiciones de los 34.000 inmigrantes recluidos diariamente en Estados Unidos.

“Vamos a presionar mucho para que se reforme el sistema y daremos seguimiento a las promesas de las autoridades”, dijo en una entrevista la abogada de NIJC Claudia Valenzuela, que participó en la elaboración del informe “Vidas en peligro”, que denuncia abusos contra los indocumentados y la falta de controles.

Johnson fue consultado sobre los abusos, durante una conferencia sobre inmigración realizada la semana pasada en Washington, y admitió que “existen cosas que se pueden mejorar en nuestros centros de detención”.

“Por ejemplo, queremos mejorar el acceso (de los detenidos) a abogados y las condiciones básicas. Es una de mis prioridades”, afirmó.

Según Valenzuela, el centro quiere que el Gobierno “dé vida a las reformas prometidas” desde 2009 e implemente cambios que pongan fin a los problemas sistemáticos en las cárceles.

Después de estudiar cinco años de inspecciones realizadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en 105 de los principales centros de detención del país, el NIJC concluyó que no hubo ninguna mejoría, a pesar de promesas realizadas por el presidente Barack Obama y de las medidas de control aprobadas por el Congreso.

Ante una consulta, la oficina de prensa de ICE declaró que la “seguridad, bienestar y condiciones de alojamiento” de los detenidos son “de la mayor importancia” para la agencia.

La vocera Jennifer D. Elzea informó de que se han implementado “modificaciones importantes y mejoras” en la supervisión e inspección de instalaciones usadas para alojar detenidos.

“La agencia continúa comprometida para que todos los individuos en custodia sean alojados humanamente, con acceso a abogados, visitas, recreo y atención médica y mental de calidad”, agregó.

Sin embargo, el informe del NIJC sostiene que “persiste la cultura de ocultamiento” de ICE, sin la divulgación de información que permita una supervisión independiente de las inspecciones de las cárceles.

Además, los controles solamente estarían diseñados para que las instalaciones pasen las inspecciones, sin identificar o abordar las violaciones de la normativa, y los inspectores -ya sean contratados externos o funcionarios de ICE- no evalúan adecuadamente las condiciones de detención.

“A veces se identifican deficiencias, pero el inspector no las registra por escrito”, afirmó Valenzuela.

Además, existiría una negociación entre ICE, los centros de detención y los inspectores “para cambiar la nota final que reciben y renovar los contratos”, agregó.

Entre los centros más conflictivos mencionados en el informe se destaca Eloy, en Arizona, que registra la mayor cantidad de muertes, incluyendo seis suicidios desde 2003.

Asimismo, Baker County en Florida, considerado “uno de los peores del país”, según el informe, además de Etowah County (Alabama), Houston Processing (Texas), Stewart (Georgia) y Pulaski (Illinois).

En el informe se señala que los contratistas públicos y privados que administran las cárceles “continúan haciendo dinero sin la supervisión adecuada”, y se mantienen las “condiciones de detención problemáticas”, que en algunos casos han provocado violaciones de derechos humanos.

El centro reclama que el Gobierno aumente la transparencia e informe sobre intentos de suicidio, huelgas de hambre, uso del confinamiento solitario, uso de la fuerza y otros eventos importantes en los centros de detención.

Asimismo, que mejore la calidad de las inspecciones, con el nombramiento de una autoridad independiente para que realice controles imprevistos en los centros por lo menos una vez por año y hable con los detenidos.

En las últimas semanas se han registrado varias huelgas de hambre por parte de inmigrantes recluidos en centros de detención de todo el país con el objetivo de llamar la atención sobre su situación y denunciar abusos que, alegan, han sufrido en esas instalaciones.

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