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Estados Unidos

Historia: Empleados, inmigrantes, granjeros, y más, en ascuas por el cierre de gobierno

Michele Aavang feed baby calves bottles of milke at her family farm on Thursday, Jan. 10, 2019 in W
Michele Aavang alimenta a sus terneros en su granja afectada porque las oficinas de la Agencia de Servicios Agrícolas están cerradas.
(Stacey Wescott / Chicago Tribune)

A medida que la parálisis presupuestaria del gobierno continúa en su tercera semana, con el presidente Donald Trump exigiendo su muro fronterizo de $5 mil millones de dólares, y mientras otros abogan para que el gobierno se reabra; los trabajadores federales enfrentan –sin salario- los pagos de hipotecas y la incertidumbre de cuándo regresarán a trabajar. Según la Chicago Federal Executive Board, más de 40 agencias emplean a unos 40,000 empleados federales en toda la región.

El cierre del gobierno federal en enero de 2018 terminó esencialmente después de un día laboral. En esta ocasión ya va en las tres semanas.

Junto con los trabajadores federales, personas comunes y corrientes que dependen de programas o servicios del gobierno federal, enfrentan sus propios obstáculos, una situación que se espera empeore a medida que el cierre se prolonga.

Entre los afectados:

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Investigador de derechos civiles de HUD

Morgan Stewart regresó de vacaciones, pero no volvió al trabajo. Stewart, investigadora de derechos civiles del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien habla en nombre del Local 911, no recibirá su cheque de salario esta semana. Y no sabe cuándo lo recibirá.

Stewart dijo que analizó sus finanzas y descubrió que podían sobrevivir enero. Una de sus principales preocupaciones es su deuda de préstamos estudiantiles de la escuela de posgrado, contó.

“Después de enero, si el cierre continúa, tendré que buscar un trabajo temporal”, dijo Stewart. “No voy a ser exigente”.

Stewart dijo que la situación también podría afectar a las personas que atiende cada día. Algunos vales para asistencia con la vivienda podrían verse afectados después de enero, dijo Stewart, lo que potencialmente deja a un número de personas de bajos ingresos en una difícil situación de vivienda.

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Agricultora

Michele Aavang ha estado al frente de una granja en el condado de McHenry durante décadas. A lo largo de los años, ella y su familia acumularon equidad en la granja donde nació y se crió su difunto esposo, entre el cultivo de maíz, soja y trigo.

Aavang dijo que el cierre se produce en un mal momento para los agricultores que se están recuperando de los aranceles a las exportaciones a China, recaudados por el gobierno chino en represalia por los aranceles impuestos por la administración Trump a los productos chinos.

Los agricultores, incluido Aavang, han podido compensar la pérdida comercial mediante la ayuda proporcionada por el Programa de Facilitación de Mercados del gobierno, pero con el cierre del gobierno, esos pagos se retrasaron y las oficinas de la administración se cerraron, relató Aavang.

Inmigrante

Martin Reyes Simón comenzó el nuevo año nervioso, no puede ni comer.

Reyes Simón, de 53 años, vive en un suburbio al noroeste de Chicago y ha estado en un limbo legal durante los últimos ocho años.

Era residente permanente legal, pero fue sometido a un proceso de deportación cuando el gobierno le negó su solicitud para convertirse en ciudadano naturalizado debido a arrestos locales, incluida una condena en un caso de violencia doméstica.

Su caso estaba programado para una audiencia final en el tribunal de inmigración de Chicago el viernes pasado, en la que se esperaba que un juez decidiera su futuro. Había escuchado sobre el cierre del gobierno, pero pensaba que los jueces seguirían trabajando, por lo que supuso que todavía iría a corte.

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No fue hasta que su abogada, Davina Campos, lo llamó que se enteró que había otra capa de incertidumbre en torno a su futuro.

En este momento no saben cuándo se presentará este caso ante un juez. El Departamento de Justicia de EEUU emitió en diciembre un aviso de que los casos de inmigración en los que la persona no está detenida, como es el caso de Reyes Simón, se restablecerían cuando el gobierno vuelva a recibir fondos.

Campos cree que el caso podría postergarse hasta 2022, en función de cuándo se estaban programando las audiencias antes del cierre.

Ante esto, los procedimientos del caso se encaminan a prolongarse por todo una década, dijo Campos. “Está en proceso de deportación, está en el limbo, no puede viajar. Es como poner su vida en espera”, agregó.

Ha sido difícil esperar las audiencias, dijo Reyes Simón. Durante el desarrollo de su caso Reyes Simón dejó de trabajar debido a problemas médicos. Está paralizado desde 1993 cuando le dispararon varias veces durante una discusión en un restaurante en el vecindario Ravenswood de Chicago.

Con su caso en el aire, a Reyes Simón le preocupa que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) vayan a tocarle a la puerta.

“Confío en Dios y en mi abogada”, dijo Reyes Simon. “Mi abogada no me promete nada, pero me da esperanza”.

—Chicago Tribune

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Aquí puede leer la historia completa en inglés

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