Cada 25 segundos alguien es arrestado por posesión de drogas en EEUU, dice reporte de HRW

“¿Se dan cuenta de lo que están haciendo con las vidas de las personas?”, preguntó “Matthew”, desde la cárcel de Hood County, en Texas. “Debido a mi adicción a las drogas, lo único que hacen es seguir castigándome... Nunca me ofrecieron ayuda. He estado en prisión cinco veces, y eso ha acabado conmigo”.

“Matthew” fue condenado a 15 años de prisión por tenencia de una cantidad tan pequeña de anfetaminas que el laboratorio ni siquiera pudo pesarla. En el resultado de laboratorio, lo único que se indicaba era que había “restos”. La mayoría de sus condenas anteriores habían sido impuestas en otros estados, y estaban relacionadas con su dependencia de las drogas

La aplicación masiva de leyes que penalizan el consumo y la tenencia personal de drogas en Estados Unidos genera perjuicios devastadores, señalaron Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) en un informe conjunto divulgado hoy. Estas medidas de aplicación de la ley han tenido trágicas consecuencias para la vida de individuos y sus familias, han discriminado en contra de personas de color y han socavado la salud pública. El gobierno federal y los gobiernos estatales deberían despenalizar el uso y la tenencia personal de drogas ilícitas.

El informe de 196 páginas, “Cada 25 segundos: el costo humano de la criminalización del consumo de drogas en Estados Unidos” [Every 25 Seconds: The Human Toll of Criminalizing Drug Use in the United States], concluye que la aplicación de leyes sobre tenencia de drogas provoca perjuicios múltiples e injustificados a personas y comunidades de todo el país. Las consecuencias a largo plazo pueden separar a familias; excluir a personas de oportunidades laborales, de asistencia social, vivienda pública y la posibilidad de votar; y exponerlas a discriminación y estigma de por vida. Aunque la tenencia simple de drogas es la principal causa de detención de personas en EE. UU., los debates principales sobre reforma de justicia penal casi nunca cuestionan si el consumo de drogas debería estar tipificado en primer lugar. “Cada 25 segundos, alguien es arrojado al sistema de justicia penal, acusado exclusivamente de tenencia de drogas para uso personal”, señaló Tess Borden, becaria de investigación Aryeh Neier en Human Rights Watch y ACLU, y autora del informe. “Estas detenciones a gran escala han destruido innumerables vidas, y no han contribuido en absoluto a ayudar a personas que intentan superar la dependencia”.

Las organizaciones entrevistaron a 149 personas procesadas penalmente por consumo de drogas en Louisiana, Texas, Florida y Nueva York —de las cuales 64 se encontraban bajo custodia— y a otros 217 individuos, incluidos familiares de los procesados, funcionarios gubernamentales actuales y de gestiones anteriores, abogados defensores, proveedores de servicios y activistas. Las organizaciones también llevaron a cabo un nuevo análisis profundo de datos obtenidos de Texas, Florida, Nueva York y el FBI.

Uno de los entrevistados fue “Neal”, cuyo nombre, al igual que el de otras personas más, se cambió para proteger su privacidad. “Neal” padece una enfermedad autoinmune poco común y cumple una pena de cinco años en una prisión de Louisiana por tenencia de menos de 0,2 gramos de crack. Contó que, el día que se declaró culpable, lloró porque supo que posiblemente no llegaría a sobrevivir al período de la condena.

Otro entrevistado es Corey, quien cumplía una pena de 17 años en Louisiana por tenencia de media onza de marihuana. Su hija Charlee, de 4 años, nunca lo ha visto fuera de la prisión, y cree que lo visita en su lugar de trabajo. Una tercera entrevistada es “Nicole”, quien luego de permanecer varios meses en prisión preventiva en una cárcel de Houston, separada de sus tres hijos pequeños, finalmente se declaró culpable de su primer delito grave. La condena, por tenencia de residuos de heroína en un sobre, hizo que tuviera que perder la asistencia financiera para estudios que recibía, oportunidades laborales y los cupones de asistencia para alimentos que necesitaba para dar de comer a sus hijos.

“Si bien las familias, los amigos y los vecinos esperan razonablemente que el gobierno adopte medidas para prevenir los daños potenciales del consumo de drogas, la criminalización no es la respuesta”, expresó Borden. “Encerrar a personas por usar drogas causa graves perjuicios, y no contribuye en absoluto a ayudar a quienes necesitan y desean recibir tratamiento”.

Cuatro décadas después de que el presidente de Estados Unidos Richard Nixon declarara una “guerra contra las drogas”, las tasas de consumo no han mostrado una disminución significativa. Con frecuencia no hay tratamiento disponible para las personas que lo necesitan, y es común que aquellos que consumen drogas se vean obligados a estar en la clandestinidad. Debido a esto, es menos probable que reciban asistencia, y hay más posibilidades de que recurran a prácticas inseguras que los exponen a enfermedades o sobredosis.

Todos los estados y el gobierno federal tipifican la tenencia de drogas ilícitas para uso personal. La mayoría de los estados han tipificado como delitos graves la tenencia de pequeñas cantidades de drogas de uso común, como la cocaína, la heroína y las metanfetaminas. Las organizaciones descubrieron que, cada año, se realizan más de 1,25 millones de detenciones por tenencia de drogas, lo cual representa una de cada nueve detenciones a nivel nacional.

A pesar de los señalamientos de funcionarios, que sostienen que las leyes sobre drogas se aplican principalmente para combatir la distribución de sustancias, la cantidad de personas detenidas por tenencia de drogas es cuatro veces superior a la de aquellas detenidas por su comercialización. En la mitad de los casos de detenidos por tenencia, la acusación más grave es la posesión de marihuana para uso personal. En 2015, según datos analizados por las organizaciones, la policía realizó un 14 por ciento más de arrestos por tenencia simple de marihuana que por todos los delitos violentos en conjunto.

La proporción de adultos negros que consumen drogas es similar o incluso inferior a la de adultos blancos; sin embargo, los datos analizados por las organizaciones muestran que los adultos negros tienen dos veces y media las posibilidades que tienen los blancos de ser detenidos por tenencia de drogas, y casi cuatro veces las probabilidades de ser detenidos por tenencia simple de marihuana. En muchos estados, las disparidades raciales eran incluso mayores: por ejemplo, en Montana, Iowa y Vermont, la proporción era de 6 a 1. En Manhattan, la probabilidad de que las personas negras sean arrestadas por tenencia de drogas es 11 veces la probabilidad de que las personas blancas lo sean.

Esta aplicación normativa racialmente desigual equivale a discriminación racial según las normas internacionales de derechos humanos, expresaron Human Rights Watch y ACLU. Las organizaciones indicaron que, como el FBI y la Oficina del Censo de los Estados Unidos (US Census Bureau) no recopilan datos sobre latinos, no fue posible determinar qué disparidades existían en relación con esa población.

En todo momento, al menos 137.000 hombres y mujeres se encuentran encarcelados por tenencia de drogas. Y varias decenas de miles más son condenados, pasan por cárceles y prisiones, y cumplen largos períodos de libertad vigilada o libertad condicional, a menudo agobiados por cuantiosas deudas originadas en multas y costos impuestos por los tribunales.

Las personas entrevistadas para el informe habían sido procesadas por pequeñas cantidades de drogas, a veces incluso fracciones de un gramo, que eran claramente para uso personal. El análisis de nuevos datos en el informe sugiere que, en 2015, casi 16.000 personas en Texas fueron condenadas a cumplir períodos de cárcel o prisión por la tenencia de menos de un gramo de sustancias que contenían drogas de uso común, y que en muchos casos bastaba tan solo para unas pocas dosis.

Las legislaturas de los estados y el Congreso federal deberían despenalizar el consumo y la tenencia personal de cualquier tipo de drogas, sostuvieron Human Rights Watch y ACLU. En lugar de criminalizar las drogas, el gobierno federal y los gobiernos de los estados deberían invertir recursos en programas destinados a reducir los riesgos asociados con el uso de drogas y brindar y facilitar alternativas de tratamiento voluntario para personas que intentan superar la dependencia de las drogas, además de otras estrategias.

Hasta que se logre una despenalización absoluta, los funcionarios en todos los niveles deberían reducir al mínimo y mitigar las consecuencias perniciosas de las leyes y prácticas vigentes. Las organizaciones formularon recomendaciones detalladas a las legislaturas, la policía y los fiscales de los estados y a otras entidades de los gobiernos locales y estatales, así como al gobierno federal. “Criminalizar el uso personal de drogas es un desperdicio absoluto de vidas y recursos”, apuntó Borden. “Si los gobiernos realmente pretenden abordar el problema del consumo de drogas, deben terminar con el círculo vicioso de las detenciones por posesión de drogas, y enfocarse, en cambio, en estrategias de salud efectivas”.