Abogados piden retirar a menores indocumentados de centros juveniles

Abogados defensores de menores indocumentados exigieron hoy al Gobierno federal que libere a centenares de adolescentes que se hallan recluidos en Centros Juveniles de Detención.

El pedido va dirigido en específico a los jóvenes que están bajo la jurisdicción de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Estamos reclamando mayor transparencia y procedimientos de protección para estos menores inmigrantes”, dijo a EFE la profesora Holly Cooper, directora asociada de la Clínica de Inmigración de Universidad de California Davis.

Cooper, que junto a sus estudiantes ha tomado el caso del salvadoreño Pablo Aguilar, resaltó que “la detención de un menor durante más de dos años sin supervisión judicial viola la constitución de Estados Unidos”.

El pasado lunes, un juez federal de California otorgó al Gobierno federal un plazo de 60 días para responder a una petición de hábeas corpus presentada por Cooper y su equipo en relación a los menores no acompañados que fueron remitidos a centros de mayor seguridad.

El traslado se determina en base a la información que las autoridades recolectan sobre el menor inmigrante, incluidos los datos obtenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como los antecedentes penales y el comportamiento del niño o adolescente en el proceso de su detención en la frontera.

La gran mayoría son enviados a refugios o casas hogar; sin embargo, la ORR decide a veces poner algunos adolescentes en un centro de mayor seguridad.

Uno de estos inmigrantes es Pablo Aguilar, menor salvadoreño arrestado en junio de 2014 cuando tenía 14 años y referido a una cárcel juvenil en McAllen, Texas, desde donde inició un periplo por ocho diferentes establecimientos, hasta terminar en el Centro Juvenil del Contado de Yolo, al norte de California.

El salvadoreño ha cumplido dos años detenido mientras los funcionarios de ORR definen su situación.

En el año fiscal 2015, un total de 618 menores no acompañados fueron enviados a estos centros juveniles, mientras que 2014 la cifra llegó casi a los 800 adolescentes.

Aunque el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones señaló la semana pasada que la detención prolongada de los niños inmigrantes es ilegal y viola un acuerdo judicial de 1997, que señala que los menores deben vivir en las condiciones “menos restrictivas” posibles, este grupo de adolescentes no se beneficiaría de esa orden.

Según Cooper, el problema radica que mientras ORR evalúa el proceso de custodia de estos jóvenes, ni ellos ni sus abogados, tienen derecho a aportar pruebas o participar en el proceso.

“Otro problema es que la ORR no está actuando bajo supervisión judicial. Por lo tanto, creemos que se han violado los derechos de nuestros clientes y la Quinta Enmienda”, agregó.

La mamá de Aguilar, quién tiene que viajar desde Los Angeles más de ocho horas para poder ver al joven cada 15 días, espera que su hijo también se vea beneficiado con las ordenes de la corte que pretende proteger a los menores inmigrantes.

Victoria Palmer, vocera de ORR, dijo a EFE que no podían emitir ningún comentar sobre el caso por ser un litigio pendiente. EFEUSA