Director del censo promete respetar confidencialidad en la encuesta de 2020

El director de la Oficina del Censo, Ron Jarmin, aseguró que la confidencialidad del censo del año 2020 será respetada, en alusión al temor que ha desatado la inclusión de la pregunta que indaga sobre el estatus legal de los encuestados.

“La información del censo es privada, no se compartirá con otras agencias gubernamentales y las cortes han sostenido su privacidad. Otros organismos no tienen acceso a la información confidencial”, aseveró Jarmin durante su participación en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO), que se celebra en Phoenix, Arizona.

El funcionario fue parte de una mesa dedicada a la encuesta que la Oficina del Censo hará en 2020 y señaló que se harán todos los esfuerzos necesarios para que la gente responda confiada, ya que si no participan existe el peligro que las comunidades latinas e inmigrantes no sean representadas.

“Es importante porque las partidas generales de gastos se hacen a través de la información del censo y las comunidades más afectadas por una mala cuenta serían las inmigrantes”, detalló.

La población total estimada de Estados Unidos para 2017 era de 325,7 millones, de los cuales se calcula que un 18 % es de origen hispano.

Ángela Manso, directora de política y asuntos legislativos para NALEO, dijo a Efe que mediante esta pregunta se fomenta el miedo y orilla así a los inmigrantes a no participar y volverse “cada vez más invisibles”.

“Es una forma de no darles recursos y no asegurarles asientos políticos”, expresó Manso, quien mencionó que el Gobierno no ha hecho el “minino esfuerzo” para realizar un estudio sobre la mejor forma de hacer la pregunta.

El mes de abril,una coalición de dieciocho fiscales generales, seis ciudades y un grupo de alcaldes de Estados Unidos demandaron a la Administración Trump para impedir que el cuestionario del Censo 2020 incluya la pregunta sobre el estado de ciudadanía por considerarla inconstitucional.

El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, explicó que la exigencia de revelar el estatus migratorio “creará un entorno de miedo” y afectará a la exactitud del recuento, así como la distribución de “miles de millones en fondos federales” a estados con gran concentración de inmigrantes porque se mantendrán “en la sombra”.