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Reporte: La promesa incumplida de la “Ley de Vivienda Justa”, 50 años después

La promesa incumplida de la “Ley de Vivienda Justa”, cincuenta años después

El 11 de abril de 1986, hoy hace cincuenta años, el entonces presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley conocida como “Ley de Vivienda Justa”, una legislación que prometió acceso a los hogares de manera equitativa, una meta que no se ha cumplido todavía. EFE/Archivo

EFE

El 11 de abril de 1968, hace 50 años, el entonces presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley conocida como “Ley de Vivienda Justa”, una legislación que prometió acceso a los hogares de manera equitativa, una meta que no se ha cumplido todavía.

La rúbrica de esta ley llegó una semana después del asesinato del célebre activista Martin Luther King en Memphis y fue un intento de calmar los ánimos de la comunidad afroamericana, que desde la muerte del carismático pastor se manifestó en numerosas ciudades del país.

Así, con disturbios por todo el país y las tropas federales patrullando Washington, Johnson consiguió aprobar el proyecto de ley gracias a un Congreso totalmente receptivo.

La ley, que prohibió que los estadounidenses se negaran a vender, alquilar o negociar sobre una vivienda con cualquier persona basándose en su raza, sexo, religión, condición sexual o discapacidad, fue la culminación de una campaña nacional por los derechos humanos en la década de los sesenta.

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A pesar de las benévolas intenciones de Johnson al ratificar esa ley, la realidad cincuenta años después demuestra, según lamentan varias organizaciones civiles, que aún queda mucho camino por recorrer para llegar a la meta.

“Demasiadas familias latinas enfrentan desafíos -discriminación, aumento de costos, acceso limitado a educación y consejos sobre vivienda- para acceder a hogares asequibles de calidad”, señala en un análisis reciente el grupo Latino Policy Forum, que aboga por los derechos de la comunidad hispana.

Esta organización, por ejemplo, denuncia que más del 40 % de las quejas reportadas por latinos residentes en el estado de Illinois sobre esta cuestión están relacionadas con la raza, un síntoma de que la discriminación racial sigue ocurriendo en el país.

Por otro lado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones defensoras de los derechos civiles más importantes del país, centra su preocupación en la exclusión por motivos de sexo, especialmente contra las mujeres.

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“La discriminación contra las mujeres que han sufrido violencia doméstica a menudo se basa en estereotipos de género sobre las mujeres maltratadas. Uno de estos estereotipos es que si una mujer ha sufrido violencia doméstica, es su culpa, porque debe estar causándola o permitiendo que suceda”, apunta ACLU en un informe al respecto, en el que denuncia este tipo de prácticas.

De hecho, el propio secretario de Vivienda, Ben Carson, reconoció este martes que la “Ley de la Vivienda Justa”, que catalogó como “una de las mejores legislaciones que ha aprobado el Congreso”, aún no ha logrado su objetivo.

“Fue el inicio de un proceso y obviamente mucho progreso se ha llevado a cabo hasta ahora, pero necesitamos avanzar mucho más”, señaló Carson en un acto de conmemoración del 50 aniversario del hito, celebrado en Memphis (Tennessee).

Estas disparidades en el acceso a la vivienda, además, pueden tener una “enorme influencia” en el éxito profesional y personal de los hijos de los propietarios, según expertos.

De acuerdo con un estudio liderado por el economista Raj Chetty, de la Universidad de Stanford, mudarse de un barrio con altas tasas de pobreza a uno con bajos índices incrementa los salarios futuros de los hijos en un 31 %, mejora el ratio de asistencia a la universidad y reduce los embarazos de adolescentes.

Vistos los numerosos desafíos con los que se encuentran varios sectores de la sociedad para encontrar vivienda y la desigualdad que provoca, el Departamento de Vivienda, bajo el mandato del expresidente Barack Obama, impulsó en 2015 regulaciones significativas para mejorar el acceso a buenas escuelas, empleos, transporte y servicios sociales.

No obstante, con el cambio de gobierno y la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, esas medidas fueron pospuestas en enero hasta, por lo menos, 2020, una jugada que deja aún más lejos el poder cumplir la promesa que Johnson hizo hace medio siglo.


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