Congresista exige investigación en centro de detención de indocumentados

El congresista demócrata Mark DeSaulnier aseguró hoy haber salido del Centro de Detención del Condado de West en Richmond (California) “con más preguntas que respuestas”, luego de haber visitado el lugar a partir de quejas por malos tratos.

DeSaulnier solicitó una investigación sobre las denuncias de detenidas que aseguran pasar encerradas 23 horas al día y usar bolsas de plástico para hacer sus necesidades fisiológicas.

“Los informes recientes de detenidos de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que fueron maltratados en el Centro de Detención del Condado de West en Richmond son serios y merecen una investigación”, dijo a Efe DeSaulnier.

El político realizó una visita esta semana al centro, que está ubicado en su distrito y es operado por el Departamento del Alguacil del Condado de Contra Costa, bajo un contrato firmado con el ICE.

“Después de recorrer las instalación me fui con más preguntas que respuestas”, dijo DeSaulnier.

“Si bien la investigación interna de la oficina del Sheriff es un primer paso importante, se necesita una investigación independiente de un tercero”, agregó.

La exigencia sobre una investigación del legislador se da al mismo tiempo en que un estudio de las organizaciones Detention Watch Network y Center for Constitutional Rights reveló que ICE ignora las normas de responsabilidad y transparencia que exige el Congreso.

El estudio se basa en los contratos para albergar un promedio de 35.929 inmigrantes detenidos en 201 cárceles, la mayoría operadas por contratistas privados.

El congresista, que llevó sus preocupaciones a Washington DC, aseguró que es necesario que se llegue al fondo de lo que está sucediendo.

Un reporte del periódico San Francisco Chronicle sobre las condiciones de las reclusas en West County Detention Facility en la ciudad de Richmond, por un lado, y la historia de la hondureña Dianny Patricia Menéndez, por otro, llamaron la atención del legislador.

Según el periódico, Menéndez habría suplicado a un juez de inmigración que la deportara a su país porque no aguantaba estar encerrada en la celda 23 horas y tener que usar una bolsa de plástico como baño.

La mujer prefirió la expulsión del país a pesar de ser madre de dos estadounidenses y poseer una casa en el sur de California.

A este caso se suma una carta firmada por 27 mujeres inmigrantes, detenidas en el mismo centro.

En la misiva, enviada en septiembre a activistas en San Francisco, las reclusas se quejaron de los mismos abusos de confinamiento e higiene.