Congresistas denuncian incremento de detenciones de inmigrantes embarazadas
Un total de setenta congresistas enviaron una carta a la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, para trasladarle sus quejas y pedir respuestas por el incremento de las detenciones de mujeres inmigrantes embarazadas.
Las miembros del Grupo de Trabajo de Mujeres para la Reforma de Inmigración, las congresistas Lucille Roybal-Allard y Pramila Jayapal, encabezan el grupo que envía la misiva, en la que, además de preguntar sobre el incremento de estas detenciones, se refiere qa los abortos involuntarios registrados recientemente en centros de detención.
En el escrito, al que tuvo acceso Efe, destacan que parece haber un cambio en la disposición de las Oficina de Detención y Deportación (ICE, por sus siglas en inglés) en cuanto a liberar a las embarazadas una vez que se identifica el embarazo.
“La detención de mujeres embarazadas es cruel, de alto riesgo y casi nunca apropiada debido al peligro que implica para la vida del hijo y la madre”, argumentan en el texto, en el que comentan que es “inevitable” que algunas mujeres que entran en el control de fronteras estén encinta, “especialmente por los altos índices de violaciones” sufridos en su camino hacia Estados Unidos.
Según señalan, los abogados han informado de un marcado incremento de casos de mujeres embarazadas con severas preocupaciones médicas en los últimos meses.
En la carta, incluyen casos concretos en los que las mujeres han sufrido graves consecuencias médicas, entre ellas abortos, durante su estancia en los centros de control de fronteras.
Ante esta tendencia y los cambios de ICE en cuanto a discreción de acción ante oenegés y los medios de comunicación por medio de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, aseguran en la carta, queda claro que “ICE ha modificado o eliminado sus políticas de detención de mujeres embarazadas”.
En esta línea, los congresistas demandan una mayor transparencia en el tratamiento de las mujeres embarazadas detenidas y piden al Departamento de Seguridad Nacional que aporte datos de los procesos de seguridad, número de estas detenciones y duración de las mismas.
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