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Tras 10 años, el grupo Puente amplía sus miras por Trump, el nuevo “Arpaio”

El grupo Puente, que desde hace 10 años defiende los derechos de los inmigrantes en Arizona, ha ampliado su trabajo a "nivel nacional" después de la llegada de un nuevo "Arpaio" a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. EFE/ARCHIVO

El grupo Puente, que desde hace 10 años defiende los derechos de los inmigrantes en Arizona, ha ampliado su trabajo a “nivel nacional” después de la llegada de un nuevo “Arpaio” a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. EFE/ARCHIVO

El grupo Puente, que desde hace 10 años defiende los derechos de los inmigrantes en Arizona, ha ampliado su trabajo a “nivel nacional” después de la llegada de un nuevo “Arpaio” a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump.

“Los ataques y acosos en contra de la comunidad inmigrante que hemos experimentado en Arizona ahora se están viviendo a nivel nacional con personas que enfrentan una posible deportación”, argumenta a Efe el director de la organización con base en Phoenix (Arizona), Carlos García.

El responsable de este grupo, que se creó en 2007 durante las frecuentes protestas frente a la oficina del entonces alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, cree que al autodenominado “sheriff más duro del oeste” le ha sucedido un dirigente con similares planes, pero en esta ocasión desde la capital del país.

“Creo que los nuevos retos que ahora enfrentamos es que tenemos a un nuevo ‘Arpaio’, pero ahora nacional, que lo que luchamos para sacar de Arizona, ahora lo estamos teniendo a nivel nacional”, enfatiza García sobre Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de las banderas de su Administración.

Con su activismo, el grupo Puente fue clave para derrotar en las urnas en noviembre de 2016 a Arpaio, quien, gracias al perdón presidencial que le otorgó Trump, evitó una posible sentencia de hasta seis meses en prisión por desacato a las órdenes de un juez federal en un caso de perfil racial contra los hispanos.

Y durante la última década Puente ha asistido a más de 430 familias, a las que sirvió de “escudo” ante la deportación, y ha enseñado a cientos de inmigrantes sus derechos y cómo defenderse en caso de ser detenidos por la policía, o por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Pero García quiere que su organización, que el próximo día 15 celebra diez años de “resistencia”, amplíe miras y se adapte a las necesidades actuales de la comunidad, que van más allá de la frontera de Arizona.

Indicó que ya que en el último año han trabajado con organizaciones de otros estados para instruirlos sobre cómo defenderse, ya que, el, en su opinión, acoso que vivió durante años la comunidad inmigrante en Arizona ahora es de ámbito nacional.

Junto a la derrota electoral y judicial de Arpaio, Puente ha contribuido a enfrentar leyes estatales como la SB1070, aprobada en 2010 y que convirtió al estado en el epicentro del debate migratorio nacional al dar poder a los policías de cuestionar el estatus migratorio de las personas que sospechaban eran indocumentados.

Entre las familias que Puente ha ayudado se encuentra la de Guadalupe García de Rayos, una de las primeras inmigrantes indocumentadas en ser deportada bajo la nueva administración de Trump en febrero pasado, después de vivir más de dos décadas en los EE.UU.

“Fue un momento muy difícil para nosotros, pero gracias a Puente encontramos el apoyo que necesitábamos”, dice a Efe el esposo de García de Rayos, quien pidió que su nombre no fuera revelado.

Asegura que, aunque no se pudo frenar la deportación de su esposa, Puente se convirtió para ellos en parte de su familia.

“Nos siguen ayudando con asesoría legal y nuestra experiencia sirve para ayudar a otras familias”, explica el padre, quien indica que para sus hijos la separación de su madre ha sido muy difícil.

Por ello, García señala que seguirán trabajando y que entre sus planes está el modificar o derogar legislaciones estatales como la ley 300, que niega a los estudiantes indocumentados la posibilidad de pagar colegiaturas como residentes en universidades y colegios comunitarios estatales.


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