Expertos recuerdan origen de fondos que Trump negaría a “ciudades santuario”

Los fondos que Donald Trump promete recortar a las denominadas “ciudades santuarios” vendrían en muchos casos del bolsillo de los contribuyentes de estas jurisdicciones, como en California, uno de los mayores contribuyentes a las arcas federales, advirtieron expertos.

“Cuando tu amenazas e intentas chantajear a un estado como California con quitarle dólares, dólares que nosotros enviamos a Washington y que esperamos recibir, estás dañando a todo Estados Unidos”, indicó Kevin de León, presidente del Senado Estatal de California.

Al igual que el demócrata, la mayoría de alcaldes y legisladores de las denominadas “ciudades santuarios” han advertido sobre la ilegalidad de la orden ejecutiva firmada el miércoles por Trump.

“El dinero no proviene del aire, son los contribuyentes en el pago de impuestos y la deuda externa que se adquiere la que el gobierno usa para tener dinero y distribuirlo”, explicó a Efe el economista Iván Gonzales

Un análisis de la página en internet Wallet Hub muestra que California es uno de los 14 estados que reciben menos de un dólar por cada dólar que sus contribuyentes pagan en impuestos, al igual que Illinois, Nueva York o Nueva Jersey, territorios que contienen un gran número de áreas que se han declarado protectoras de los indocumentados.

De acuerdo al estudio en cuestión, la mayoría de los estados que envían más dinero a Washington de lo que reciben son de mayoría demócrata, mientras que estados republicanos como Mississippi y Nuevo México recibe alrededor de 3 dólares del Gobierno federal por cada dólar que envían al tesoro.

Asimismo, Tom K. Wong, profesor de la Universidad de California San Diego, encontró que el ingreso promedio anual de una familia es 4.353 dólares más alto en los “condados santuarios” mientras que los condados abiertamente en contra de esta política migratoria tienen una tasa de pobreza 2,3 % más baja.

Tras la firma estampada el miércoles por el presidente, Donald Trump, en la orden ejecutiva que niega los fondos federales a las llamadas “ciudades santuarios”, que protegían de la deportación a los indocumentados, las muestras de rechazo no se han hecho esperar.

Mientras que ciudades como la californiana Santa Ana se reafirmó en su defensa de los indocumentados y ha asegurado que tiene una reserva económica para afrontar los supuestos recortes del gobierno federal, Nueva York ha prometido pelear por los fondos que les corresponden.

La ciudad de los rascacielos debe recibir 8.800 millones de fondos federales para cubrir casi el 10 % de su presupuesto anual y su alcalde, Bill de Blasio, aseguró que acudirá “inmediatamente” a la Justicia si la Administración de Donald Trump decide poner en marcha la orden ejecutiva, que pondría en riesgo la seguridad.

La incertidumbre sobre exactamente cuáles son los fondos que la administración Trump intenta recortar y la respuesta de los funcionarios de las ciudades santuarios hacen prever una batalla prolongada en las cortes.

“Las ciudades reciben mucho dinero del Gobierno federal, sin embargo no está claro cuánta financiación el presidente puede retener legalmente de las ciudades santuarios, incluso con la aprobación del Congreso”, manifestó a Efe Alan J. Auerbach, profesor de Economía de la Universidad de California Berkeley.

Frente a la amenaza de cortarles el grifo a las ciudades santuario, que no han hecho más que redoblar el compromiso de estas, economistas como Robert H. Frank se muestran optimistas y recuerda que ante los retos del Gobierno federal la historia económica dice que los estados han reaccionado muy bien.

En una columna en el The New York Times, Frank rememoró que ante el déficit presupuestario y los recortes en los servicios públicos de California, los mismos votantes aprobaron la Proposición 30 en 2012, que elevó la tasa impositiva estatal a más del 13 %, y si bien se esperaba la huida de ricos contribuyentes al final las arcas de ciudades como San José y San Francisco crecieron.

Wong estima que las economías fuertes y las bajas tasas de criminalidad de las ciudades santuario respaldan los argumentos de alcaldes y funcionarios de que las comunidades son más seguras cuando las agencias policiales no asumen trabajos de oficiales federales de inmigración.

Mientras las más de 300 ciudades santuarios en el país revisan sus cuentas y estudian acciones legales, la coalición Ciudades en Acción, que agrupa a los alcaldes de un centenar de ciudades, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Miami entre ellas, se reafirmó el miércoles en su compromiso de permanecer como “ciudades inclusivas”.

“Las órdenes ejecutivas de hoy no cambian quiénes somos ni cómo gobernamos nuestras ciudades, y lucharemos contra los intentos de socavar nuestros valores y la seguridad de nuestras ciudades”, señaló la coalición en un comunicado.