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Corte Suprema de Florida sigue sin resolver ley de sentencia de muerte

La Corte Suprema de Florida alimentó la confusión en torno a la ley sobre la pena de muerte en este estado tras emitir y luego retirar una decisión sobre casos pendientes de resolución que podrían merecer la pena capital. EFE/ARCHIVO

La Corte Suprema de Florida alimentó la confusión en torno a la ley sobre la pena de muerte en este estado tras emitir y luego retirar una decisión sobre casos pendientes de resolución que podrían merecer la pena capital.

Algunos especialistas consultados por Efe señalaron hoy que la acción, ocurrida el miércoles y originada por un “error humano”, da la sensación que la máxima instancia judicial de Florida se halla confundida, y en ello arrastra a los fiscales por no saber cómo aplicar la ley en procesos judiciales.

“La Corte Suprema de Florida lamenta el error y está reexaminando sus procedimientos internos para prevenir errores similares en el futuro”, señaló en una declaración enviada a Efe el portavoz del Supremo estatal, Craig Waters.

El miércoles, el organismo emitió y horas después retiró una orden, aprobada con cinco votos a favor y dos en contra, que prohibía a los jueces locales dictar sentencias de muerte en los casos pendientes de resolución.

Waters especificó ese día que la orden no se podía hacer pública hasta que se hayan emitido opiniones para “casos separados”.

El Supremo de Florida mantiene la posición de un veredicto unánime de todos los miembros del jurado para dictar una pena capital y por ello el pasado mes de octubre impidió la puesta en marcha de una reforma de la legislatura estatal, en la que se fijó que bastaba el voto mayoritario de 10 de los 12 miembros del jurado.

La reforma del legislativo de Florida se debió a una declaración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en enero pasado consideró “inconstitucional” la forma como se aplica esta pena en el estado.

“Estos son buenos momentos para los abogados de defensa criminal en casos de penas de muerte y que, por moral o por convicciones filosóficas, no creen en el fundamento del ojo por ojo y diente por diente, sobre el cual se basa la pena de muerte”, dijo a Efe David Chico, abogado que trabajó como fiscal en Puerto Rico.

Chico opinó que aunque los fiscales estatales estén maniatados en casos de un procedimiento que justifica una pena de muerte, “es muy claro el fundamento de que cuando el estatuto no se puede comprender, o es confuso y con múltiples interpretaciones, los jueces tienen que escoger la interpretación más favorable para el defendido”.

Mientras los jueces de la Corte Suprema de Florida intentan encontrar la interpretación adecuada, 386 reos, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Correcciones, esperan la suerte final de sus sentencias de ejecución en las cárceles del estado.

Uno de ellos es León Davis Jr., de 38 años de edad, condenado en 2011 a la pena de muerte por el asesinato en febrero de 2007 de Yvonne Bustamente y de su cuñada Juanita Luciano, que estaba embarazada, en un caso que conmovió a la pequeña comunidad de Lake Wales, en el condado Polk del centro de Florida.

El hombre trató de acogerse a la decisión de enero del Supremo federal para anular su sentencia de muerte pero no lo logró y tras reafirmar la pena, en 2016, el Supremo de Florida denegó al reo una nueva audiencia.

“La condena a la pena de muerte, cuando se considere, debería ser unánime porque la muerte es un asunto muy serio y es muy costoso para los pobres salvarse de ella, porque no pueden costearse una buena defensa ni tienen fondos para invertir en indagaciones científicas”, aseveró el exfiscal.

La Corte Suprema de Florida aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los condenados a muerte, pero el pasado mes de diciembre obligó la revisión de unas 200 sentencias a muerte, tras aludir a una decisión de 2002 de la Suprema Corte federal que señala que solo el jurado, y no el juez, puede determinar este tipo de sentencias.

Florida es uno de los tres estados, junto con Alabama y Delaware, que no requieren un veredicto unánime del jurado para sentenciar a un reo a muerte.

Según las autoridades carcelarias estatales, desde 1976 se han ejecutado a 92 reos, el último de ellos el asesino en serie Oscar Ray Bolin que recibió la inyección letal el 7 de enero de 2016.


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