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Quedan en limbo migratorio los jóvenes que entraron legalmente al país

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Junto a los conocidos “soñadores”, hay otros jóvenes indocumentados en una situación similar pero que apenas cuentan con apoyo: son los hijos de padres que llegaron al país legalmente y que luego perdieron su estatus legal y quedaron en el limbo migratorio.

Se trata de jóvenes que llegaron de niños con sus padres que vinieron al país con una visa de trabajo que luego expiró dejándolos desprotegidos legalmente y muchos cumplieron los 21 años sin poder lograr amparo por dicha visa.

“Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 12 años y mi padre contaba con un contrato de trabajo”, contó a Efe Orlando P. un joven colombiano que reside en Los Ángeles, California.

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El padre de Orlando es un ingeniero de petróleo que vino a trabajar en un proyecto y luego de seis años se regresó a Colombia cuando se expiró su contrato de trabajo.

“Yo acababa de empezar la universidad y decidimos que era mejor que me quedara aquí estudiando”, contó el joven, quien al no tener la residencia legal su situación se tornó más difícil.

“Pude seguir pagando la tarifa de residente pues una ley de California lo permite, pero ahora soy indocumentado a pesar de haber vivido más de seis años como residente legal”, agregó.

Por otra parte, al no haber venido al país como indocumentado, no pudo acogerse al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Para David Bier, analista de Políticas de Inmigración del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Instituto Cato, el beneficio del DACA “castiga” a los hijos de padres que vinieron al país a trabajar legalmente.

“Desafortunadamente, la protección de DACA es para aquellos jóvenes que no tenían estatus legal en el país cuando se expidió la norma en junio 2012”, explicó a Efe el experto.

Bier, enfatizó que los jóvenes inmigrantes indocumentados cuyos padres entraron al país ilegalmente se beneficiaron, mientras los que residían legalmente en ese momento y luego perdieron su residencia legal no pudieron acogerse a la medida.

En su experiencia asesorando empresas que contratan trabajadores bajo el programa de visa H-1B, el abogado experto en inmigración, Nelson Castillo, conoce mejor la realidad de estos jóvenes.

“Es una ironía cómo personas que entran legalmente no tienen la habilidad de mantener sus beneficios migratorios mientras otras personas que han violado la ley y han entrado ilegalmente lo pueden hacer”, comentó a Efe.

Agregó que aunque ha habido cambios recientes que permiten que las esposas de empleados bajo la H-1B obtengan un permiso de trabajo, sólo lo pueden hacer si el trabajador titular de la visa “está solicitando la residencia permanente por medio de empleo”.

Según el abogado, hay que buscar un “justo medio” para equilibrar una situación en la que se pueda favorecer a los jóvenes que han llegado legalmente al país, sin perjudicar a los trabajadores estadounidenses.

“El punto es cómo podemos poner a esas personas a ser productivas en el país y -al mismo tiempo- balancear y proteger el mercado laboral dentro de los Estados Unidos”, aseveró.

A pesar de todo, para el joven colombiano de unos 20 años de edad y estudiante de ingeniería, el futuro es bastante incierto.

“Me ayudo como puedo con trabajos de tiempo parcial pero me cuestiono frecuentemente sobre mi futuro”, dijo Orlando quien vive con unos familiares.

“Sobre todo, pienso qué va a pasar cuando me gradue -si logro graduarme-, cómo haré para trabajar y me inquieta la posibilidad de una deportación”, confesó.

Para el joven, la experiencia es aún más frustrante teniendo en cuanta que llegó al país de niño que se adaptó al modo de vida hasta el punto de que ahora de joven adulto está identificado con la cultura estadounidense.

“Cuando uno ha vivido legalmente en el país y aprende a querer a los Estados Unidos, pasar a ser indocumentado es un golpe duro”, concluyó Orlando.

Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en el año fiscal 2014 el Gobierno otorgó 315.857 visas H-1B de las cuales 124.326 eran por un empleado inicial y 191.531 eran continuación de visas ya aprobadas.

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