OPINIÓN: “Fabricada en EEUU”: la crisis en Puerto Rico y la renuncia del gobernador Ricardo Roselló

Luego de dos semanas de protestas masivas, el gobernador de Puerto Rico renunció el 24 de julio, efectivo el 2 de agosto. El tamaño de la explosión y la extensión de las protestas, sin embargo, sugieren que se trata de algo más grande que la crisis inmediata de este gobierno.

La crisis de Puerto Rico tiene aproximadamente 20 años de antiguedad. Fue generada en EEUU, más precisamente en Washington, la capital federal. Comenzó cuando el Congreso de Estados Unidos eliminó los incentivos contributivos que atraían inversiones industriales a Puerto Rico—la llamada Sección 936 del Código de Rentas Internas de EEUU, cuya eliminación gradual en 1996-2006, sin proveerle a la isla alternativas económicas, desató esta crisis. El empleo en la manufactura sufrió un colapso. Hoy por hoy, Puerto Rico tiene menos de la mitad de los empleos manufactureros que tenía en el año 2000.

A los puertorriqueños se les hace relativamente fácil emigrar. Son ciudadanos de Estados Unidos y la mayoría tiene familiares y/o redes sociales en Estados Unidos continental. El resultado de la combinación de la crisis con la facilidad de la emigración ha sido un éxodo masivo de la Isla. Según el Censo de Estados Unidos, Puerto Rico tenía una población de 3,808,610 habitantes en el año 2000, 3,725,789 en el año 2010, y 3,195,153 en el 2018. Esto representa una reducción de 19.2% de la población en dos décadas. Prácticamente uno de cada cinco habitantes se ha ido de la Isla y la tendencia parece que continuará, de acuerdo a las proyecciones de población.

El descenso poblacional, independientemente de otras presiones cíclicas como la crisis del sistema hipotecario de EEUU en el 2008, genera una espiral descendente que termina por convertirse en un círculo vicioso, A medida que disminuye la población, disminuyen los recaudos de impuestos por el gobierno, se colapsan los precios de los bienes raíces, las ventas al menudeo disminuyen, y cierran muchos negocios debido al número reducido de clientes, lo cual produce a su vez todavía más contracción económica. A esto se añade que los recaudos reducidos de impuestos imponen recortes presupuestarios y recortes de servicios a la población, en educación, salud, e infraestructura. El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico intentó combatir esta tendencia con incrementos en los impuestos de ventas (sales tax), una medida regresiva que afectó desproporcionalmente a los sectores más pobres de la población.

Los efectos multiplicadores de la crisis se sienten en muchas esferas sociales. Las tasas de fertilidad en Puerto Rico han disminuido en las zonas metropolitanas, y esto junto con la emigración ha producido la disminución del número de estudiantes en el sistema educativo. El Departamento de Educación ha concentrado la población estudiantil en un número reducido de escuelas, cerrando muchas otras. Para muchas familias, esto significa mayor distancia entre el hogar y la escuela y se imposibilita que los niños lleguen a las aulas a las que han sido reasignados. Esta y muchas otras manifestaciones de la crisis y la contracción económica ya estaban presentes antes de que la Isla fuera azotada por el Huracán María en septiembre del 2017, el cual dejó un saldo de más de 3,000 muertos, destrucción masiva, y devastación de la infraestructura, especialmente de la red de energía eléctrica.

En el 2012 el gobierno de Puerto Rico declaró que no podía pagar a los bonistas acreedores la deuda de la Isla o sus corporaciones públicas, lo cual constituye para efectos prácticos una declaración de bancarrota, generando aún más recortes a la educación, a la salud, y a la infraestructura. Se redujo la calidad de vida de los residentes de Puerto Rico. La respuesta del Congreso de Estados Unidos fue el Acta de Control, Gerencia, y Estabilización Económica de Puerto Rico en el 2016 (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act of 2016, o PROMESA). A grandes rasgos, se trata de una medida re-colonizadora. Un comité de siete banqueros llamado la Junta de Control Fiscal decide ahora en qué puede gastar sus fondos el gobierno de Puerto Rico, y en qué no los puede gastar, eliminando cualquier semblanza de auto-gobierno en la Isla. Antes de 1946, a Puerto Rico lo dirigía un gobernador norteamericano nombrado por el presidente de Estados Unidos. Ahora la Isla ha regresado a un sistema directo de administración colonial, con la diferencia de que en vez de un individuo nombrado en Wáshington, ahora se trata de un comité de siete banqueros, la Junta de Control Fiscal.

Las protestas recientes que impusieron la renuncia del gobernador Ricardo Roselló reflejan un malestar profundo en el seno de la población contra una administración corrupta. Pero son también una protesta contra la regresión histórica.

(Associated Press)

Imagínese que en medio de la crisis que acabamos de describir, la escuela local a la que asisten sus hijos cierra y usted ahora enfrenta graves problemas para que sus hijos puedan llegar a su nueva escuela, que queda más lejos. El Huracán María complica la situación debido a la falta de electricidad por largos meses, y debido a las carreteras impasables que dificultan el transporte y que permanecen sin reparación. Y como si eso fuera poco, imagínese que a la secretaria de Educación de Puerto Rico (Julia Keleher), que está a cargo de asegurar que los niños puedan asistir a la escuela, la arrestan las autoridades federales por malversación de fondos. Tal vez la acumulación de frustraciones llega al punto en que usted decide que ya basta. Cientos de miles de puertorriqueños experimentan lo mismo que usted en todas las esferas de la vida social. Y usted decide que ya no quiere sufrir más en silencio, y sale a la calle a protestar.

Las protestas recientes que impusieron la renuncia del gobernador Ricardo Roselló reflejan un malestar profundo en el seno de la población contra una administración corrupta. Pero son también una protesta contra la regresión histórica, es decir, contra la nueva faz del colonialismo en medio de una crisis económica que fue en gran medida “fabricada en los Estados Unidos.”