Ombudsman salvadoreña: violencia policial justifica revisar medidas seguridad 

Las “medidas extraordinarias” de seguridad implementadas en El Salvador desde el pasado mes de abril deben ser revisadas a causa de los altos índices de brutalidad policial, aseguró hoy la procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero.

“Es necesario que se revise la aplicación de las medidas extraordinarias. Se debe hacer un alto en el camino y hacer revisiones” porque “he encontrado uso excesivo de la fuerza” por los cuerpos de seguridad y ejecuciones extrajudiciales, dijo a la prensa Caballero, quien asumió el cargo en septiembre.

Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), solo desde el 22 de septiembre anterior los cuerpos de Seguridad han sido denunciados en al menos 100 ocasiones por violaciones a derechos humanos.

Estas se suman a las miles de denuncias que este ente ha procesado contra la Policía y el Ejército en años anteriores.

Un informe del antecesor de Caballero, David Morales (2013-2016), da cuenta de que entre junio de 2014 y mayo de 2015 la Policía, el Ejército y otras instituciones que reprimen el delito recibieron el 91,78 % de 2.202 denuncias.

La Policía ratificó el título de la “institución que más ha sido señalada como presunta violadora de derechos humanos” entre junio de 2015 y mayo de 2016, cuando se registraron 1.883 denuncias por distintos motivos.

La titular de la PDDH aseguró que otras de las razones por las que las medidas deben ser revisadas es por la “situación alarmante” de asesinatos de policías y militares.

“Se deben adoptar medidas de seguridad” para proteger a los agentes policiales y militares de los ataques de las pandillas y ver “qué es lo que está fallando, que la inteligencia de la Policía funcione realmente”, sostuvo.

En lo que va de 2016, al menos 64 uniformados, de los que 44 eran policías y 20 militares, han sido asesinados principalmente cuando se encontraban de licencia.

Solo en noviembre han sido ultimados 11 miembros de los cuerpos de seguridad; el último falleció hoy mismo en la localidad de Quezaltepeque (noroeste), donde un grupo de encapuchados lo atacó con armas de guerra cuando viajaba junto con su hijo en el servicio de transporte público.

Este recrudecimiento del asesinato de uniformados, que solo en noviembre suma al menos 11 crímenes, llevó a la procuradora Caballero a proponer este lunes dos iniciativas para proteger a policías y militares, y asistir a las familias de los caídos.

El Salvador registró hasta el pasado octubre una disminución de más de 1.000 asesinatos en comparación con el mismo lapso del 2015, pero la baja se ha visto empañada por esta ola de asesinatos de agentes.

Entre enero y octubre anteriores, esta nación centroamericana contabilizó 4.585 asesinatos, un 18,4 % menos que los 5.622 de ese periodo de 2015.