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Exigen la libertad de militares señalados en la matanza jesuitas

ARCHIVO - La foto de julio de 1989 muestra de izquierda a derecha a coroneles René Emilio Ponce, que era jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, el entonces ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el viceministro de Seguridad Inocente Orlando Montano, y el viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda. La cúpula castrense de la época fue señalada en un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de estar implicados en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles. El martes 02 de febrero un grupo de los señalados emitieron un comunicado en el dijeron ser víctimas de persecución política e informaron que presentaron un habeas corpus para evitar su eventual captura y extradición a España, entre llo Larios y Zepeda. (La Prensa Grafica via AP, File)


ARCHIVO - La foto de julio de 1989 muestra de izquierda a derecha a coroneles René Emilio Ponce, que era jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, el entonces ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el viceministro de Seguridad Inocente Orlando Montano, y el viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda. La cúpula castrense de la época fue señalada en un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de estar implicados en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles. El martes 02 de febrero un grupo de los señalados emitieron un comunicado en el dijeron ser víctimas de persecución política e informaron que presentaron un habeas corpus para evitar su eventual captura y extradición a España, entre llo Larios y Zepeda. (La Prensa Grafica via AP, File)

Familiares y amigos de un grupo de militares salvadoreños reclamados por la Audiencia Nacional Española para que respondan por la matanza de seis sacerdotes jesuitas, marcharon por las calles de la capital para exigir su inmediata libertad y demandaron a España que no se inmiscuyan en los asuntos internos de El Salvador.

España ha solicitado la extradición de 17 militares retirados por el posible involucramiento en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, de los cuales cinco eran españoles. Los ex oficiales integraban en la época la cúpula castrense que, según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, ordenó la ejecución de los religiosos en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).

El abogado Carlos Mauricio Guzmán Segovia, hijo de uno de los coroneles prófugos, que formó parte de la comitiva que llegó hasta el portón principal de la sede diplomática dijo que entregaron una carta con una protesta por “la actuación atentatoria” del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España “al pretender arrogarse una competencia de justicia universal”.

“Le estamos pidiendo al gobierno de España respeto a la soberanía de nuestro país, exigiendo que se respeten nuestras instituciones, nuestra Constitución y solicitando que se transmita a su gobierno y a su pueblo esta misiva”, agregó.

La mayoría de los militares no han sido sometidos a juicio en El Salvador debido a que el presidente derechista Alfredo Cristiani emitió un decreto de amnistía después de que salió el informe de la Comisión de la Verdad en 1993.

Sin embargo, algunos han sido sometidos a juicio civiles en Estados Unidos, donde fueron denunciados por familiares de víctimas de la guerra y obligados a pagar indemnizaciones. Posteriormente fueron deportados.

Velasco giró las órdenes internacionales de localización y captura con fines de extradición para los 17 militares salvadoreños retirados e involucrados en el asesinato.

La policía capturó el 5 de febrero al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez. Otros 12 militares. En su mayoría generales y coroneles, están prófugos.

De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país, mientras que el coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y según decisión de la jueza federal Kimberly Swank, será extraditado a España, en lo que se supone un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los cargos militares salvadoreños por la muerte de los religiosos.

Guzmán Segovia urgió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que resuelva de inmediato los recursos de exhibición personal y la Corte en Pleno que ratifique una resolución de 2012 en la negó la extradición. “Nosotros consideramos que este caso ya está resuelto”.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas . Sus dos colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados.

El coronel Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero fueron beneficiados en 1993 por la amnistía.


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