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Exministro salvadoreño detenido mientras decide si apela deportación

Carlos Vides Casanova (izquierda) y José Guillermo García, generales retirados de El Salvador, al salir de una corte federal en Florida.
(David Spencer / Los Angeles Times)

MIAMI.- El exministro de Defensa de El Salvador Carlos Eugenio Vides Casanova, acusado de participar en abusos a los derechos humanos en su país, pasa sus días encerrado en un centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos mientras decide si apela o no una orden de deportación.

Vides Casanova fue detenido por las autoridades el 25 de marzo, días después que el máximo tribunal de inmigración del país ratificó el fallo de deportación de un juez de menor instancia en 2012.

“No se ha decidido si se presentará una apelación”, expresó en un breve mensaje por correo electrónico Diego Handel, abogado del militar residente en Estados Unidos desde 1989.

Las autoridades de inmigración no han informado donde permanece detenido el general retirado, ni han ofrecido detalles sobre su caso.

Los días corren y parecen contados para Vides Casanova, quien ya recibió un rotundo no de la Corte Federal de Apelaciones del 11er Circuito a su primer pedido de parar temporalmente la deportación.

El 10 de abril se vence el plazo legal que tiene para una segunda presentación que puede hacer ante la misma corte federal: una apelación de la orden de deportación del máximo tribunal de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es un organismo administrativo, independiente del poder judicial.

Pero aunque el general de 77 años aún tiene la opción de pedirle a la Corte Federal de Apelaciones, con sede en Atlanta, que revise la orden final de deportación, podría ser repatriado de todas maneras antes de que se venza el plazo legal de 30 días que tiene para hacerlo.

“El Departamento de Seguridad Interna tiene la autoridad para detener a un inmigrante que corre el riesgo de escapar o que tiene una orden de deportación administrativa”, explicó Rebecca Sharpless, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami.

“Incluso si el inmigrante busca que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos revise la orden de deportación (del tribunal de inmigración), el Departamento de Seguridad Interna puede proceder con la deportación, a menos que el inmigrante haya recibido una orden de suspensión temporal de su deportación de la corte o del departamento (de seguridad interna)”, expresó la experta.

Como parte de sus políticas, la policía de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE por su nombre en inglés, informa sobre las deportaciones una vez que se han concretado, cuando el inmigrante ha llegado a su país. No ofrece fecha ni otros detalles antes de que eso suceda.

“Vides Casanova puede apelar la decisión (del tribunal de inmigración) ante la Corte de Circuito”, expresó Tamara Spicer, portavoz de ICE, en un mensaje de correo electrónico. Explicó que mientras eso suceda, la orden del tribunal de inmigración es considerada como una “orden final de deportación”.

El fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración señaló que las evidencias muestran que a través de su “responsabilidad de comando” como director de la Guardia Nacional de El Salvador y ministro de Defensa, Vides Casanova “participó en la comisión de actos de tortura en particular y matanzas extrajudiciales de civiles” en su país.

El militar “sabía de estos abusos durante o después de los hechos, y por medio de su interferencia personal con las investigaciones y su inacción, no permitió que los perpetradores fueran responsabilizados por sus actos”, consideró el tribunal.

Cuando Vides Casanova apeló ante la Junta la decisión del juez de inmigración de deportarlo en 2012, alegó que su repatriación sería injusta porque las tácticas de las fuerzas militares salvadoreñas fueron apoyadas tácticamente por la Casa Blanca en los años 80. El gobierno estadounidense lo condecoró en dos oportunidades por liderar la lucha contra los rebeldes izquierdistas en su país.

Más de 75.000 personas murieron y 12.000 desaparecieron en la guerra civil de El Salvador, entre 1980 y 1992.

En la nación centroamericana existe una ley de amnistía que ha impedido que los acusados de violaciones de derechos humanos enfrenten la justicia.


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