Víctimas de masacre de El Mozote piden reapertura del caso

Víctimas de la masacre El Mozote, una de las más grandes matanzas perpetrada por militares salvadoreños, con más de 1.000 víctimas, pidieron el viernes la reapertura de la investigación penal del hecho ocurrido en 1981.

La petición fue formulada a través de la Oficina de Tutela Legal Doctora María Julia Hernández, en compañía del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.

Solicitaron al Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, del departamento Morazán, la reapertura de la investigación penal luego que la Corte Suprema de Justicia derogara la ley de amnistía general de 1993 que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueran investigados.

La resolución de la Corte Suprema abre la posibilidad de que se inicien procesos penales contra los altos mandos de las fuerzas armadas que participaron en el conflicto armado y contra miembros de la ex comandancia del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el poder.

“Dentro del proceso penal ya se cuenta con los suficientes elementos de convicción para establecer razonablemente la existencia de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y, con ello, para el procesamiento de los autores materiales e intelectuales, coautores y cómplices de los ocurrido con las masacres de El Mozote”, declaró a los periodistas Ovidio Mauricio, en representación de Tutela Legal.

Mauricio pidió a las autoridades judiciales ordenar la inmediata realización de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 en El Mozote, a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos.

Un informe de la Comisión de la Verdad De Naciones Unidas divulgado en 1983 luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil, responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de una ley de amnistía decretada por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) horas antes de divulgarse el documento de la ONU.

Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.

Soldados del batallón Atlacatl también fueron señalados por la comisión de la Verdad del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.