Tribunal pide a la Fiscalía acusar a expresidente Funes por el presunto delito de enriquecimiento ilícito

Un tribunal civil envió una notificación a la Fiscalía General de la República para que en un plazo de 20 días presente la acusación formal contra el expresidente Mauricio Funes y su hijo Diego Roberto Funes Cañas, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó el pasado 9 de febrero al tribunal de lo civil que iniciara el juicio contra el exmandatario que gobernó el país de 2009 a 2014, que se congelaran sus cuentas bancarias y que se permitiera la transferencia a terceros de ocho vehículos automotores de su propiedad y otros a nombre de su hijo Diego Roberto Funes Cañas.

El tribunal --la Cámara Segunda de lo Civil--- también liberó oficio al Registro Público de automotores a fin de que en un plazo de 10 días hábiles informe si realizó la anotación preventiva de los vehículos propiedad de padre e hijo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

También pidió a cuatro bancos que informen si, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, ya fueron congeladas las cuentas bancarias del exmandatario.

Después de conocer el informe de la Sección de Probidad, la Corte Suprema de Justicia en pleno declaró que “existen indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, en relación con las declaraciones patrimoniales”.

Los 15 magistrados de la Corte Suprema conocieron el informe de la Sección de Probidad en el que se determinó que el exmandatario no había logrado justificar gastos por más de 728.000 dólares. Nueve de los 15 magistrados confirmaron la decisión de enjuiciar a Funes.

En la resolución, la Corte Suprema señaló que según el resultado de la investigación, comparando sus ingresos y deudas, Funes “no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su período de gestión. Sin embargo los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014 en sus cuentas bancarias suman un total de 150.323,31 dólares, los cuales no se justifican con los ingresos reportados por el ministerio de Hacienda”.

El informe la Corte dice que “se desconoce, en total, el origen de 194.924,00 dólares utilizados para pagar tanto deudas declaradas como no declaradas”.